El Gobierno aplaude el informe de la ONU sobre las leyes de concordia y el PP pide a los relatores "que lean los textos"
- El Ejecutivo emplazará a Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León a corregir sus leyes de concordia
- Feijóo asegura que no hay que dar por aprobadas leyes que no lo están y Vox habla de "estafa publicitaria"
El Gobierno de España ha celebrado este viernes el informe de Naciones Unidas en el que insta al Ejecutivo a que tome las "medidas necesarias" en relación con las "leyes de la concordia" impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla-León y la Comunidad Valenciana para garantizar "la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos".
Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a instado a los autores del documento a que lean "los textos" y no dé "por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado y Vox califica el informe de "burda estafa publicitaria" y duda de la interés real de los tres relatores que firman el informe.
Según ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el informe -que no expresa la opinión de la ONU, sino de los expertos que lo elaboran para Naciones Unidas- es "demoledor, contundente y unánime" y da la razón al Gobierno al señalar que estas leyes "van en contra de los convenios internacionales y de los derechos humanos".
Torres también ha avanzado que emplazará al Gobierno de Aragón a una negociación bilateral, previa a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, con el fin de que corrija su Ley de Concordia, ya que considera que vulnera los derechos humanos e invisibiliza a las víctimas de la dictadura franquista.
El ministro ha asegurado que el Ejecutivo actuará de la misma manera con la Comunidad Valenciana y Castilla y León, si transforman en leyes sus hasta ahora proposiciones de ley en la materia, ya que la ONU también considera, entre otras cuestiones, que estas iniciativas equiparan el franquismo con los períodos democráticos de las repúblicas españolas.
En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha felicitado este viernes de que la ONU respalde que "las leyes de blanqueamiento de la dictadura" impulsadas por PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana son "indignas en una democracia como España".
"Que vergüenza PP y Vox. La ONU les dice que sus leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España. Memoria es democracia", ha afirmado el ministro en un mensaje en la red social X.
También el PSOE ha calificado de "vergüenza" las denominadas leyes de concordia y ha exigido a PP y Vox su retirada inmediata, acusándoles de "arrastrar la imagen internacional de España por el fango", según han indicado fuentes de Ferraz a TVE.
Los socialistas exigen al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "se posicione de forma clara" sobre este asunto y diga si está "con las víctimas o con las leyes de la vergüenza". "No hay lugar para el blanqueamiento del franquismo en España. No hay sitio para los nostálgicos de la dictadura", advierten las fuentes, que instan a los demócratas movilizarse para que España "se convierta de nuevo en el dique de contención contra los ultras".
El PP insta a los relatores a "leer" el contenido de las leyes
Por su parte, los dirigentes del PP coinciden en señalar que los relatores dan por aprobadas leyes que aún no han sido aprobadas y les instan a leer el contenido de las mismas.
Así lo ha señalado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha aconsejado a los autores que "lo mejor" que pueden hacer "es leer los textos; segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado; y tercero, decir muy claramente que para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica", ha dicho durante un acto en Figueres en el que ha anunciado que Dolors Montserrat será la cabeza de lista del PP en las elecciones europeas
El líder 'popular' ha concluido que su formación no va a olvidar "a la dictadura ni a la banda terrorista; lamentablemente el Gobierno tiene un compromiso con Bildu y no puede hablar de grupo terrorista. Nosotros sí".
También la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha referido a este asunto y ha indicado que lo que hay que "rectificar" es el "revisionismo" de la ley de memoria aprobada por el PSOE con el apoyo de Bildu.
En una entrevista a Antena 3 Gamarra ha indicado que "posiblemente" quienes hayan emitido el informe "desconocen" el contenido de las leyes de la concordia pactadas por PP y Vox y que tampoco saben que la Ley de Memoria Democrática "que ha impuesto Bildu" con los socialistas describe al periodo de la Transición como "no democrático".
"Tenemos muy claro que la Transición es uno de nuestros mejores periodos en nuestra historia", ha añadido la dirigente 'popular', adelantando que rectificarán allí donde gobiernen "aquellas leyes" impulsadas por el PSOE "de la mano de aquellos que no condenan el terrorismo" y que nieguen "lo mejor de nuestra democracia".
Malestar en las comunidades señaladas
Las tres comunidades señaladas por el informe también han mostrado su disconformidad por el sentido del mismo. Así, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha arremetido contra los "errores de bulto" y los "bulos" del texto ya que, según ha afirmado, en Aragón no se ha aprobado una ley de concordia sino que se ha derogado la ley de memoria democrática.
Azcón ha lamentado enterarse por los medios de comunicación de ese informe y ha incidido en que debería "ser más serio" y en que, posiblemente, la falta de comunicación con el Gobierno de Aragón "es la que ha hecho que cometa errores de bulto", influenciados "exclusivamente" por la información que les ha trasladado el Gobierno de España, porque lo que dice ese escrito es "lisa y llanamente mentira". Además, ha señalado que los autores del documento no han contado "con todas las opiniones".
Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado desconocer el informe -que ha atribuido a una posible filtración- y entiende que "en ningún caso es sobre la ley valenciana". Mazón ha recordado que, desde que accedió al Gobierno valenciano, "se han iniciado 422 exhumaciones provocadas por la violencia de la dictadura franquista" y ha defendido que la proposición de ley de Concordia valenciana, actualmente en tramitación en Les Corts, "consolida y blinda los derechos de todas las víctimas" de dicha dictadura e "incorpora nuevos derechos" a otras víctimas de violencia política que "también tienen derechos".
Asimismo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que en esta comunidad es una "prioridad política" el "tratar siempre bien a las víctimas, a todas las víctimas, sin distinción". "Esa es nuestra principal preocupación", ha proclamado Mañueco, quien ha asegurado desconocer el contenido del informe de la ONU, aunque ha señalado que el documento se leerá con "detenimiento" para ver quién lo ha pedido y se analizará qué es lo que el PP está dispuesto a hacer.
Vox: "Una burda estafa publicitaria"
Para Vox, el informe es "una burda estafa publicitaria", según han señalado a TVE fuentes de la formación que preside Santiago Abascal, que especifica que el autor del mismo no es la ONU sin "tres relatores" que han elaborado el documento "a petición del gobierno de Sánchez", probablemente "porque les interese llevarse bien con Moncloa después de ver cómo se enriquece todo el entorno del presidente, incluidos compañeros socialistas con contratos de pandemia".
Las fuentes de Vox consideran "una pena" que los relatores "no hayan mostrado su interés por las invasiones migratorias, por el aumento de los delitos sexuales en España, por los índices de pobreza cada vez más altos, por los constantes ataques de este Gobierno a la separación de poderes y al Estado de Derecho o por los homenajes a etarras de los socios de Sánchez".
"Tampoco han dicho nada cada vez que asociaciones financiadas por el Gobierno han enterrado de vuelta cadáveres exhumados sólo porque no les gustaba el bando en que habían luchado en la Guerra Civil", añaden las fuentes, que aseguran que Vox "no va a ceder ni un milímetro en la defensa de la memoria de todas las víctimas de violencia, en la protección de la concordia y la unidad entre españoles, y en preservar la libertad que tanto han atacado las leyes de memoria del consenso progre".
Por su parte, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha restado valor al informe de los relatores y se ha preguntado: "¿Quiénes son estos señores? ¿Con quién guardan afinidad, quién los ha nombrado?".
Sobre la posibilidad de incluir en la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley de Concordia una condena expresa sobre la dictadura franquista, García-Gallardo ha afirmado que su partido no va a hacer "cosas absurdas" como "juzgar la historia desde las leyes".