Medio centenar de políticos y jueces acusan a la Fiscalía de Portugal de interferencia política
- Firman el manifiesto dos exministros de Educación, tres exjefes del Parlamento y un expresidente del Tribunal Constitucional
- António Costa ofrece su "plena disponibilidad" para declarar ante la Fiscalía "lo antes posible"
Medio centenar de personalidades de Portugal han firmado un manifiesto en el que denuncian la interferencia política de la Fiscalía en el caso judicial que llevó a la dimisión del ex primer ministro António Costa.
Casi seis meses después de la dimisión de Costa por ser objeto de sospechas de tráfico de influencias, los firmantes del documento exigen un mayor escrutinio sobre la Fiscalía, a la que denuncian por la ruptura del secreto judicial y los abusos con el uso de medidas restrictivas, así como una "injerencia indebida en el poder político" que llevó al país al "límite penoso" de la caída de dos mayorías parlamentarias. Se refieren también al Ejecutivo autónomo de Madeira, cuyo líder, Miguel Albuquerque, del conservador Partido Social Demócrata (PSD), dimitió a principios de este año después de ser imputado en casos de corrupción.
El manifiesto afirma que el "déficit de los mecanismos de evaluación interna existentes y la falta de mecanismos de escrutinio externo independiente del aparato judicial" agrava "el sentimiento de impunidad que la ineficacia del sistema ya transmite por sí solo". También señala la ausencia de "consecuencias internas" a pesar de la "gravedad de lo sucedido y la crítica pública generalizada".
Entre los firmantes figuran el expresidente del Tribunal Constitucional João Caupers, los exministros de Educación David Justino y Maria de Lurdes Rodrigues, y los exjefes del Parlamento Augusto Santos Silva y Eduardo Ferro Rodrigues, ambos socialistas, y João Bosco Mota Amaral, del PSD.
Costa pide declarar "lo antes posible"
Por su lado, Costa ha pedido a los fiscales que le permitan declarar "lo antes posible", ofreciendo su "plena disponibilidad para colaborar con la Justicia" para "aclarar cualquier duda" sobre las sospechas que siguen pesando sobre él.
"He dado instrucciones a mi abogado para que presente una solicitud al coordinador del Ministerio Público en el Tribunal Supremo de Justicia para que proceda a mi audiencia lo más rápido posible para aclarar las dudas que tengan sobre la sospecha, porque no hay nada peor que tener una sospecha y que no sea esclarecida", ha dicho.
El ex primer ministro ha argumentado que "quien sea objeto de sospecha pública debe preservar las instituciones". Es un reflejo de lo que declaró después de dejar su puesto, recalcando que “la dignidad del cargo es incompatible con la apertura de una investigación” y que se encontraba "tranquilo con el juicio de [su] conciencia".
Poco después de la dimisión de Costa, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disolvió el Parlamento y convocó elecciones anticipadas, en las cuales ganó el líder de la coalición de centro-derecha Alianza Democrática, Luís Montenegro.
Los jueces señalan los agujeros en la investigación
La investigación del caso 'Influencer', que derivó en noviembre en cinco detenciones y 42 registros, incluida la residencia oficial del primer ministro en São Bento, fue duramente criticada por el Tribunal de Relaçao de Lisboa, ante la que habían presentado recursos dos de los arrestados. Desde esta sala calificaron las sospechas sobre Costa de "meras especulaciones".
En la resolución emitida a mediados de abril, tilda el trabajo de los fiscales de "inepto" y señala que ni los interrogatorios de los detenidos ni las pruebas presentadas constituyen indicios suficientes para involucrar a Costa en las acusaciones de cohecho, prevaricación y corrupción, desprendidas de la investigación de la concesión de un contrato público para la construcción de un centro de datos de la empresa Start Campus en la localidad de Sines.
Los jueces subrayan en el documento que "el único hecho concreto protagonizado por el primer ministro fue la asistencia a un evento del proyecto el 23 de abril de 2021", y hacen mención especial de la amistad entre Costa y el jefe de gabinete del primer ministro, Vítor Escária, detenido en las susodichas operaciones. "De una relación de amistad con un miembro del Gobierno, además asumida de forma pública y reiterada por ambos protagonistas, ¿tiene que llegarse a la conclusión de que hubo tráfico de influencias, corrupción activa o pasiva o prevaricación?".
En cuanto a las escuchas telefónicas en las que supuestamente se mencionaba a Costa, "la sucesión de conclusiones y relaciones que el Ministerio Público extrae de ellas no son ni una cosa ni otra", según los jueces.
Adicionalmente, desde la Fiscalía habían admitido una "confusión" en la transcripción de las grabaciones, indicando que varios comentarios hablaban del ministro de Economía, António Costa Silva. Sin embargo, han asegurado que continuarán la operación para "investigar los hechos que son susceptibles de conducir a la comisión de delitos, determinando quienes y su responsabilidad".