Un informe de la ONU insta a España a preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia de PP y Vox

• El texto, firmado por tres relatores, da respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra estas leyes
• Alega que pueden "invisibilizar" las "graves" violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el franquismo

La ONU insta a España tomar medidas para preservar la memoria histórica

La ONU ha instado al Gobierno español a adoptar las "medidas necesarias" en relación con las "leyes de la concordia" impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla-León y la Comunidad Valenciana, alegando que pueden "invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista". 

Así lo han expresado tres relatores de Naciones Unidas en un informe en el que han dado respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas "leyes de concordia" que han sido tramitadas en tres de los territorios donde PP y Vox gobiernan en coalición. El pasado mes de abril, el Ejecutivo central elevó la cuestión a la ONU al considerar que estas normas son "contrarias" a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura. 

Hay que señalar que los informes de los relatores no expresan la postura de Naciones Unidas y que estos son expertos independientes que elaboran informes para la ONU.

En su escrito, Naciones Unidas recuerda que todos los poderes del Estado español -ya sea ejecutivo, legislativo o judicial-, así como todas las entidades nacionales, regionales o locales, "deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos", y que el incumplimiento de esas obligaciones compromete la responsabilidad de España.

Después de analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en dichas comunidades autónomas, los tres relatores han instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que adopte "todas las medidas necesarias" para garantizar "el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórico de "las graves violaciones de derechos humanos.

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"Límites al acceso a la verdad"

Según explican, estas leyes "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica" y pueden "acarrear límites al acceso a la verdad" sobre el destino o paradero de "las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos" y también pueden "invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen". 

También apuntan a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalan que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil "a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España", quitándole así el reconocimiento a "las centenas de miles" de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco. 

"Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación", esgrime el informe. 

El escrito concluye reclamado información de parte de los poderes y entidades públicos pertinentes sobre cómo las leyes de 'concordia' de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana son compatibles con las obligaciones del Estado español en materia de derechos humanos y de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de derechos humanos, así como del derecho a la verdad.

Los firmantes del documento son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz. 

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El Gobierno califica el informe de "contundente"

El Gobierno que preside Pedro Sánchez ha mostrado su satisfacción por el informe de la ONU, que califica de "contundente". Así lo ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha destacado la rapidez de Naciones Unidas tras la solicitud del Ejecutivo y ha afirmado que la comunicación es "demoledora" y "unánime" y que da la razón al Gobierno a la hora de determinar que las leyes autonómicas del PP y Vox "van en contra de los convenios internacionales y de los derechos humanos".

Torres ha avanzado que el Gobierno de España emplazará a Aragón a una negociación bilateral, previa a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, con el fin de que corrija su Ley de Concordia, ya que considera que vulnera los derechos humanos e invisiviliza a las víctimas de la dictadura franquista.

En una comparecencia pública, Torres ha avanzado que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez actuará de la misma manera con la Comunidad Valenciana y Castilla y León, si transforman en leyes sus hasta ahora proposiciones de ley en la materia.

De igual modo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha felicitado este viernes de que la ONU respalde que "las leyes de blanqueamiento de la dictadura" impulsadas por PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana son "indignas en una democracia como España".

"Que vergüenza PP y Vox. La ONU les dice que sus leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España. Memoria es democracia", ha afirmado el ministro en un mensaje en la red social X.

Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que lo "mejor es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado". "Y decir muy claramente que para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica", ha incidido el presidente de los 'populares'. 

El presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha criticado el informe de la ONU por sus "errores de bulto" y "bulos" al alegar que en este territorio no se ha aprobado una ley de concordia, sino un plan "en el que todo el mundo se vea reflejado". Para Azcón, lo que dice el escrito es "lisa y llanamente mentira" y ha lamentado que la ONU se haya dejado influir por la información que le ha trasladado el Gobierno central. 

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha compartido la queja de Azcón de que los relatores no hayan pedido opinión a los ejecutivos autonómicos. 

Más crítico ha sido su vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, quien se ha preguntado: "¿Quiénes son estos señores?". Por su parte, el síndic en Les Corts Valencianes, José María Llanos, de Vox, ha exhortado a la ONU a "dedicarse a lo suyo", que es "salvar vidas y evitar los conflictos en el mundo". "Desde 1948 pocas ha salvado y pocos conflictos ha evitado", ha agregado. 

Las asociaciones de la memoria celebran la decisión

También se ha pronunciado sobre esta cuestión la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha celebrado la noticia y ha destacado que el informe de los relatores "recuerda al Gobierno de España que las víctimas de desapariciones forzadas del franquismo no tienen derecho a la justicia ni han sido debidamente reparadas".

Para el presidente de la asociación, Emilio Silva, "las leyes de concordia son un intento por blanquear el franquismo y ensalzar la dictadura, lo que supone una agresión para las víctimas y por eso la mejor forma de combatir las leyes de falsa concordia es abrir las puertas de las juzgados para que cumplan sus deberes con violaciones de derechos humanos tan graves porque la justicia es la mejor política de memoria”, según ha señalado en un comunicado.

También el presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH) de la Comunitat Valenciana, Matías Alonso, ha celebrado el informe de la ONU y ha destacado que les "da la razón" en las alegaciones que presentarán a la proposición de ley que se tramita en Les Corts.