El Gobierno advierte a Aragón que recurrirá al Constitucional si no revisa su ley de concordia

• El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha invitado al Gobierno de Aragón a una comisión bilateral
• Ha remitido cartas a los Gobiernos y los presidentes de las Cortes de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana

Trabajos de la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes en una fosa común de Colmenar Viejo. EFE/ Rodrigo Jiménez

El Gobierno ha invitado al Ejecutivo de Aragón a una comisión bilateral para abordar la denominada ley de concordia impulsada por el PP y Vox en esta comunidad autónoma, por la que se ha derogado la ley de memoria democrática, antes de recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que rechace revisar la norma aprobada por las Cortes aragonesas el pasado 15 de febrero. Aragón es la única de las comunidades gobernadas por PP y Vox donde ya se ha aprobado la "mal denominada" ley de concordia, y a su gobierno se ha dirigido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Torres también ha comunicado a los gobiernos de Castilla y León y Comunidad Valenciana, y a los presidentes de sus respectivos parlamentos autonómicos el informe de la ONU en el que tres relatores instaban a España a preservar la memoria histórica y avisan de que estas leyes pueden obstaculizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad e "invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista". 

"Si no fuera posible porque se negara el Gobierno de Aragón, seguiríamos los pasos con el Tribunal Constitucional y cualquier otra institución que preserve los derechos humanos", ha añadido.

Torres ha asegurado que están actuando siguiendo el "trámite ordinario", al convocar a Aragón a una comisión bilateral en aplicación del artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, y ha señalado que ahora hay un plazo de seis o siete días para que esta comunidad autónoma responda.

Si finalmente declina, como han avanzado en sus declaraciones públicas los responsables del Gobierno de Aragón, hay un plazo que finaliza en torno al 27 de mayo para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El PP "se ha ido alejando"

Al ser preguntado por los motivos de la derogación de la ley de Memoria Histórica, Torres ha dicho que lo que ha ocurrido es que ha "entrado en las instituciones la ultraderecha" y ha recordado como en 2007 se aprobó la primera ley, de Memoria Histórica, y como hasta entonces se habían aprobado "indemnizaciones para las víctimas de la dictadura, los vencidos, que siguen estando muchos de ellos en fosas, pozos y cunetas".

"En justicia, hay que exhumar a todas las víctimas, lo que pasa es que las víctimas del bando vencedor fueron ya exhumadas durante los años de la dictadura, pero no así los del bando vencido y, por lo tanto, había un camino que se inició con la Transición y los pasos posteriores para que los principales partidos que salían de esa transición caminaran de la mano en la recuperación de la democracia y poniendo los pilares de la convivencia", ha dicho el ministro.

Torres ha explicado esto antes de cargar contra el PP del que ha dicho que "se ha ido alejando y lo hemos visto incluso en la ley de 2022 de Memoria Democrática que no apoyó, votó en contra de aquello que en su momento, en los años 76, 77 y siguientes apoyó junto al PSOE y claramente está influyendo de manera decisiva la ultraderecha".

Después se ha dirigido a los responsables del PP que han dicho que "condenan la dictadura" y se ha preguntado en relación con las denominadas leyes de concordia impulsadas junto a Vox: "¿Pues si condenan la dictadura por qué la retiran?". Y ha criticado que los presidentes del PP de estas comunidades autónomas, donde cogobiernan con Vox, "desacrediten" a estos relatores de la ONU con sus críticas. 

Frente a esto, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha mostrado crítica con la ley de Memoria Democrática, de la que ha afirmado que fue "aprobada al dictado de EH Bildu".

"No admitimos que se diga que la Transición no fue algo tan positivo ni el mejor ejemplo de la sociedad española", ha apuntado en RNE la dirigente 'popular', que ha denunciado que eso lleva a señalar a gobiernos como el de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo o Felipe González como etapas en las que "no existió la democracia".

"El PP ha ido al Tribunal Constitucional porque no hay nada menos democrático que EH Bildu nos diga cómo ha sido nuestra historia", ha zanjado.

Aragón reitera que no va a sentarse a acercar posturas

Por otro lado, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha rechazado este martes, por "electoralista", una reunión bilateral con el gobierno central para tratar sobre la derogación de la ley de memoria democrática de la comunidad tras el informe de la ONU que denuncia que se invisibiliza a las víctimas del franquismo.

También ha rechazado la invitación a reunirse el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, de Vox, que ha reiterado este martes que no va a sentarse a acercar posturas con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática porque "la postura está clara" y "no hay nada que hablar".

Se trata, según ha afirmado de la derogación de una ley que era "liberticida y sectaria y que hablaba de buenos, de malos y de una visión de la historia que no es la real y que se usaba como herramienta de adoctrinamiento político", ha manifestado Nolasco en declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión de la Comisión de Coordinación del Camino de Santiago.

"No va a haber ningún tipo de bilateral o de reunión para hablar de este tema", ha afirmado el también líder de VOX en Teruel y que, aunque el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, deje la puerta "entreabierta o cerrada", él no va a acudir porque han aprobado la derogación "democráticamente y legítimamente" y "la postura sigue siendo firme".

Del mismo modo, ha subrayado que tiene "la conciencia tranquila" de cara a una hipotética resolución del Tribunal Constitucional (TC) porque la derogación de la norma es algo que "está bien".

Por su parte, la presidenta de las Cortes de la Comunidad Valenciana, Llanos Massó, también de Vox, ha acusado al ministro de Política Territorial de "chantajear" y vulnerar la autonomía del parlamento valenciano al remitirle una carta para instarle a que traslade a los grupos de la cámara el informe de tres relatores de la ONU sobre las leyes autonómicas de concordia. 

En rueda de prensa, Massó ha cargado contra la carta en la que el ministro le recuerda que toda acción legislativa "está sujeta al cumplimiento del derecho internacional", a raíz del informe de los relatores de la ONU. "Es inaudito que un ministro chantajee a la presidencia del legislativo autonómico insinuando que se está incumpliendo el derecho internacional", ha aseverado, y ha denunciado que el Gobierno hace "un uso partidista" de las administraciones.