El acceso a los servicios financieros, una carrera de obstáculos para los mayores en la España rural

• Así lo denuncia el Defensor del Pueblo en un informe que ha registrado este jueves en las Cortes Generales
• En él propone que el efectivo o la existencia de cajeros sean declarados servicios económicos de interés general

El Defensor del Pueblo plantea 32 recomendaciones contra la exclusión bancaria

Casi 3.500 quejas recibidas en la última década por el Defensor del Pueblo reflejan la carrera de obstáculos que es realizar algunas operaciones cotidianas financieras, especialmente para algunos colectivos como los mayores.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha elaborado un informe en el que plantea varias recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas y un paquete de propuestas de mejoras a las patronales bancarias con el fin de erradicar esta exclusión.

Un análisis y recomendaciones a las que se ha llegado tras realizar un diagnóstico desde distintos enfoques y examinar la operatividad de la atención bancaria y el acceso a efectivo, el servicio proporcionado a las personas con necesidades especiales, las cuentas de pago básicas y la situación de la formación financiera y para la adaptación de los cambios tecnológicos de la población.

Los mayores, las personas con mayor riesgo de exclusión

El Defensor ha determinado que los sectores de la población con mayor riesgo de exclusión financiera son las personas mayores por las barreras que afrontan para cobrar su pensión en cheque o en metálico, las comisiones asociadas al mantenimiento de sus cuentas, la eliminación de los pagos por caja en oficinas, la desaparición de las libretas de ahorro, las dificultades para ser atendidos presencialmente y la reducción de servicios en algunas entidades.

Le siguen las personas extranjeras por las dificultades para abrir y mantener cuentas bancarias; los habitantes del mundo rural y la España vacía debido al imparable cierre de sucursales bancarias.

Pero también las personas con discapacidad se ven obligadas a enfrentar estos escollos, principalmente por los obstáculos arquitectónicos en las sucursales y otros problemas vinculados a la accesibilidad universal. Y, por último, se encuentran los colectivos vulnerables afectados por la brecha digital.

Mejorar la protección de los clientes, fundamental

Para la institución también es necesario mejorar la protección de los clientes bancarios. Actualmente, las posibilidades de obtener una resolución favorable que resulte de obligado cumplimiento para las entidades son muy limitadas y se limitan únicamente a los casos en los que las propias entidades cuentan con un defensor del cliente. Por ello, el Defensor recomienda reforzar al Banco de España por medio de disposiciones legislativas para que adquiera mayor autoridad en defensa de los usuarios de servicios financieros

Además de esta sugerencia, el informe hace otras 31 recomendaciones dirigidas a varios organismos públicos, el Banco de España, la CNMC y a Correos, con el fin de evitar las barreras a la hora de acceder a los servicios financieros básicos.

La institución propone también que se declaren servicios económicos de interés general determinados servicios bancarios como la apertura de cuentas corrientes, la realización de movimientos bancarios y la retirada de efectivo. 

También insiste en la importancia de realizar un "riguroso análisis de impacto y de la proposición de alternativas" antes de cerrar sucursales o cajeros en la España rural, para impedir la paulatina desaparición de oficinas bancarias en núcleos rurales y en la España menos poblada.

Asimismo, recomienda crear un grupo de trabajo con Correos para ver la viabilidad de que este organismo público preste servicios adicionales por cuenta de las entidades bancarias, y la posibilidad de reproducir ese modelo de agencia con otras entidades con características y niveles de implantación territorial similares.