El Gobierno de Aragón recurrirá la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional

• El Consejo Consultivo de Aragón reconoce el derecho del Gobierno comunitario de interponer el recurso de inconstitucionalidad
• Los portavoces del Ejecutivo autonómico declaran que la norma es un "claro ataque contra la Constitución" española

Los vicepresidentes del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco y Mar Vaquero. Fabián Simón / Europa Press

La vicepresidenta segunda de Aragón, Mar Vaquero, ha anunciado este martes que el Gobierno de Aragón ha acordado recurrir la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional (TC). El recurso de inconstitucionalidad responde al dictamen "claro y contundente" del Consejo Consultivo de Aragón que reconoce la legitimidad de las Cortes de Aragón y del Gobierno autonómico de presentarlo.

El documento, que debe interponerse antes de que pasen tres meses desde la aprobación de la norma, se encuentra "muy avanzado", según Vaquero. La portavoz del Ejecutivo aragonés integrado por el Partido Popular (PP) y Vox también ha expresado su confianza en que otras comunidades autónomas "que integran el pluralismo de nuestra nación" hagan lo mismo para defender "la democracia, el Estado de derecho y la igualdad de todos los españoles", una intención que, ha dicho, ya han manifestado otros presidentes regionales.

La dirigente popular ha afirmado que el Gobierno autonómico "no va a aceptar ningún intento para romper el país" ni el trato de favor a unos delincuentes por el mercadeo de unos votos en el Congreso de los Diputados".   "Nunca antes se había puesto tan en peligro nuestro Estado de derecho", ha declarado, haciendo referencia a la ley de amnistía, a la que ha calificado de "un claro ataque a la Constitución" que "vulnera el estado de derecho y la democracia".

"Aragón va a ser un escudo político y perseguirá por todos los cauces legales cualquier menoscabo, perjuicios y ataques que se produzcan contra esta Comunidad", ha subrayado Vaquero, destacando la pertenencia de Cataluña a la Corona de Aragón, las "relaciones comerciales intensas" y la convivencia entre los habitantes de ambas regiones como "razones históricas", económicas y sociales para oponerse al "proceso de independencia puesto en marcha por Cataluña y avalado por el Gobierno de España".

"Al menos" 372 beneficiados

El vicepresidente primero, Alejandro Nolasco , que ha acompañado a Vaquero como representante de Vox, insistió en que Aragón tiene "todas las razones fundadas" para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra una norma que, en sus palabras, suscita una situación de "arbitrariedad" en la igualdad del "trato hacia la Justicia" de los españoles al eximir a quienes cometieron "ciertos hechos en un periodo de tiempo concreto" que afectan al Estado español.

En este sentido, expone que la amnistía beneficiará "al menos" a 372 personas vinculadas con la "consulta inconstitucional" independentista, tratando "de borrar las consecuencias jurídicas derivadas de las actuaciones contrarias a la configuración constitucional del Estado", entre las que incluye las condenas y juicios de los Comités de Defensa de la República (CDR), los miembros de Tsunami Democrático y dirigentes de los partidos Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ECR).

Por ello, califica el dictamen encargado al Consejo Consultivo para evaluar la constitucionalidad de la ley de amnistía como "demoledor" por su consideración de la misma como "un ataque" contra la Constitución que además "vulnera" la separación de poderes con el objetivo de que el Ejecutivo nacional obtuviera los votos de los independentistas para la investidura. La ley se trata, ha opinado el dirigente de Vox, de un "traje a medida" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También ha destacado la conclusión del informe, que reconoce que el fin declarado de la amnistía de restaurar la normalidad institucional es "incongruente" al haber sido la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permitió la intervención del Gobierno central en Cataluña lo que devolvió la estabilidad en la comunidad autónoma. La ley "solo responde al interés particular de los partidos independentistas y sus líderes", ha dicho.