El Senado veta la ley de amnistía con los votos de PP y Vox y la devuelve al Congreso para su aprobación definitiva

• PP y Vox ven en la amnistía un "ataque a la democracia" y a la Constitución y un "pago" de Sánchez para aferrarse al poder
• El PSOE echa al PP en cara sus resultados en Cataluña al considerar que avalan la ley: "Se le ha caído el discurso"
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El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP) EFE

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado, como era previsible, para vetar la ley de amnistía, que deberá volver al Congreso para su aprobación definitiva. El contexto postelectoral en Cataluña podría influir en los tiempos en que la norma vuelva a debatirse en la Cámara Baja, donde ya no encontrará escollos y podrá ser convalidada por mayoría absoluta en primera votación o simple en una segunda. Las fechas que se barajan son entre finales de mayo y mediados de junio.

El veto del PP en el Senado ha salido con 149 votos a favor de los 'populares', Vox y UPN; y 113 en contra de los partidos del Gobierno y sus socios. Este era el último paso que la amnistía daba en la Cámara Alta tras más de dos meses en los que el Partido Popular ha dilatado al máximo el proceso, con una reforma exprés del reglamento para retrasar la tramitación de la norma y después de plantear un conflicto de atribuciones al Congreso para pedir que se retirara la proposición de ley. El Partido Popular ha retirado dicho conflicto de atribuciones este mismo martes tras la negativa del Congreso y no lo llevará al Tribunal Constitucional. Con todo, el veto del PP no tumba la norma, que vuelve a la Cámara Alta para su convalidación definitiva.

El PP reprocha al PSOE el "pago" de Sánchez para "aferrarse al poder"

Por parte del PP, ha defendido el veto a la amnistía la senadora Alicia García, que considera la norma un “inmenso fraude democrático” y “un acto de profunda corrupción política jamás visto en democracia”. “Hoy solo nos encontramos una cosa, la ambición de un presidente (Pedro Sánchez) que haría lo que fuera para seguir habitando en la Moncloa”.

A su juicio, la amnistía se aprueba “a costa de la ruptura del Estado de Derecho, la quiebra de la igualdad entre españoles y la ruptura de la convivencia”. Se trata, ha proseguido, de “una operación mercantil entre políticos para comprar votos desmantelando nuestra democracia”. Porque el “sillón” de Pedro Sánchez en la Moncloa como presidente del Gobierno, ha afirmado, “depende” de Carles Puigdemont y de ERC. “La claudicación ante el independentismo es la deuda que Sánchez ha contraído para aferrarse al poder”, ha asegurado, y ha advertido de que este es “un pago más” pero no el último, tras lo que ha preguntado al PSOE: "¿Para cuándo el referéndum de autodeterminación?".

La medida de gracia, considera, se ha gestado con base en “una mentira” porque los socialistas dijeron en el pasado que no tendría cabida en la Constitución y la rechazaron. Además, se ha negociado “a oscuras en una mansión de Waterloo” con un “prófugo de la justicia”, porque “lo que verdaderamente se negociaba era traer a (Carles) Puigdemont sin pasar por la justicia”. Así, considera la senadora del PP que la amnistía, al estar “adaptada a las causas judiciales con nombre y apellidos”, supone a efectos prácticos “poner al zorro cuidando de las gallinas”. 

Tras criticar el modo urgente en que se ha tramitado la norma en el Congreso, “saltándose los informes de los órganos consultivos” y yendo a su juicio en contra de la Comisión de Venecia, cree el PP que “esto es un ataque a la democracia” que “atenta contra la cohesión y la convivencia de todos los españoles”. Todo, para que el presidente “sobreviva de forma penosa y agónica” en el Gobierno, y ha zanjado: “No hay un bien común que justifique la amnistía. Solo la ambición desmedida de un presidente del Gobierno aferrado al poder”. Es, ha concluido, una “ley Frankenstein”, un “parche para contentar al independentismo insaciable”.

Vox ve en la amnistía "un premeditado propósito de infringir la Constitución"

Argumentos similares son los que ha empleado la senadora Paloma Gómez, de Vox, que ha denunciado que la amnistía “atenta contra el orden constitucional”, ya que la Carta Magna “excluye los indultos generales”. “La amnistía es una moneda de cambio de Sánchez y su partido para permanecer en el poder”, ha proseguido, y ha criticado que “asegurar la impunidad” del independentismo “a cambio de votos” es “inmoral”. Dicho esto, ha acusado al jefe del Ejecutivo de hacer política “alejada de toda ética” y de tener “una concepción corrupta” de la política y del bien común.

Cree además que existe un “premeditado propósito de infringir la Constitución” con una ley que, basada en “trampas jurídicas” y que da “impunidad” a “todos los hechos que se llevaron a cabo con el propósito de la destrucción de la nación española” en la búsqueda de la independencia de Cataluña. Con todo, ha concluido que la ley es “la clave de bóveda sobre la que se sostiene la investidura de Sánchez”: “Es la causa y efecto entre una amnistía a medida para los separatistas y una investidura a toda costa para Sánchez”. Y ha terminado: “No es admisible unirse a quienes no aman ni quieren a España y ni siquiera se sienten españoles”.

Solo Unión del Pueblo Navarro se ha sumado a PP y Vox contra la amnistía, mientras que el resto de portavoces, desde PNV a EH Bildu, Gero Bai o Más Madrid han apoyado una norma que apuesta por afrontar desde la política los conflictos políticos.

El PSOE saca pecho del 12M: "Al PP se le ha caído el discurso"

El senador del PSOE Antonio Magdaleno ha sacado pecho de “la contundente victoria” del PSC de Salvador Illa en las elecciones del pasado domingo en Cataluña para poner de manifiesto que “los catalanes apuestan por la convivencia y la reconciliación” y ha asegurado que ello demuestra que la mayor parte de Cataluña "ha pasado página del ‘procès’". Así, considera que, si alguien tiene capacidad de “unir y servir” en Cataluña y España, es el Partido Socialista.

“Los resultados en las elecciones catalanas ponen de manifiesto que España no se rompe, que Cataluña no se va y que al PP se le ha caído el discurso”, ha afirmado. A su juicio, el pasado domingo se constató “el fracaso” del Partido Popular en su “intento de desgastar al Gobierno” con la ley de amnistía y de “tratar de ocultar sus graves responsabilidades en la mayor crisis de convivencia y constitucional en Cataluña” durante el ‘procés’: “Hoy estamos aquí también por su culpa, porque no hicieron nada cuando tuvieron oportunidad”.

Y ha reprochado a los de Alberto Núñez Feijóo lo que considera “una gran pantomima política y mediática” y un “culebrón político” en el Senado con los que han hecho a los españoles “perder el tiempo”, deteriorando a su juicio la institución tras plantear un conflicto de atribuciones. Por último, ha defendido el uso de la política “para solucionar problemas políticos”: “Nosotros proponemos dejar atrás una etapa de conflicto y enfrentamiento y abrir un futuro de acuerdo y diálogo”.

Entre la bancada socialista, sin embargo, se ha producido la ausencia del secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, que ha rechazado estar presente para no tener que votar el veto. "No puedo votarla a favor porque incurriría en una insoportable deslealtad conmigo mismo, porque entraría en contradicción flagrante con mis convicciones éticas y políticas y porque estoy convencido de que no le prestaría ningún servicio ni a mi país ni a mi partido", razona en una carta que ha remitido al portavoz del partido en la Cámara Alta, Juan Espadas.

ERC y Junts avisan al PSOE de que la amnistía no es el fin y cargan contra el PP

ERC y Junts han coincidido en centrar sus críticas en el PP, pero además han avisado al PSOE que la amnistía no es el fin de sus reivindicaciones. "Queda mucho por hacer (...)Vamos a por el referéndum de autodeterminación", ha avisado la senadora republicana Sara Bailac, que además ha reprochado a los ‘populares su “filibusterismo parlamentario” y sus “juegos de trilero” en el Senado: “Hoy no pueden frenar la ley de amnistía ni pueden dilatarla más. La ley se aprobará pese a su veto infructuoso”, ha espetado a los 'populares'. “Podrán celebrar su gesto inútil, pero todo el mundo sabe que su gran hazaña no va a servir de nada”, ha zanjado. También ha hecho una leve referencia a las elecciones catalanas del domingo, atribuyendo el desplome de ERC a la negociación con el Gobierno central. “ERC hoy abre camino y quienes van por delante se llevan algún rasguño”, ha sentenciado, aunque ha celebrado que, pese a todo, la amnistía se acabará aprobando definitivamente.

Por su parte, Josep Lluís Cleries (Junts) ha avisado también a los socialistas de que no pretendan "bajar la persiana" una vez que entre en vigor la amnistía, y se ha dirigido así a ellos: "Quiero dejar muy claro que lo único que dejamos atrás es la represión y la injusticia, lo demás sigue presente". Por otra parte, ha reprochado con ironía al PP su “sensibilidad sobre el Estado de Derecho” y sobre la “constitucionalidad”, tras lo que le ha preguntado: “¿La creación de una policía patriótica es constitucional? ¿Es Estado de Derecho? ¿La utilización de las cloacas del Estado, que apestan, es constitucional?”.

Aprobación estimada en el Congreso entre finales de mayo y mediados de junio

Por ahora, se desconoce cuándo volverá la amnistía al Congreso para su aprobación definitiva, aunque se estima que será entre finales de mayo y mediados de junio. La fecha sigue pendiente de las elecciones en Cataluña del pasado 12 de mayo, ya que las negociaciones para formar un Govern y el anuncio de que Carles Puigdemont se presentará a la investidura podrían influir en el cronograma. El procedimiento coincidirá, además, con las elecciones europeas y el inicio de su campaña electoral.

Fuentes parlamentarias han indicado a EFE que la amnistía seguirá el trámite habitual de una ley y descartan la convocatoria de un pleno extraordinario para su debate final. Así, por ejemplo, la ley podría entrar en el orden que marque la Junta de Portavoces del 21 de mayo para la sesión plenaria de la semana siguiente, pudiendo celebrarse la votación en el pleno del jueves 30. Otra opción, sin embargo, podría ser el 13 de junio.

Con todo, el Reglamento del Congreso establece un plazo máximo de dos meses, siendo en este caso el límite el 14 de julio.