El Senado debate y vota la ley de amnistía

• Está previsto que el PP haga valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta y devuelva la ley al Congreso
• Por el momento, la fecha de la aprobación definitiva podría ser entre finales de mayo y mediados de junio
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La ley de amnistía da este martes su último paso en el Senado. Tras dos meses de tramitación, está previsto que el PP haga valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta y apruebe el veto a la proposición legislativa, que a partir de ese momento quedará a la espera de su aprobación definitiva en el Congreso y en un contexto marcado por el debate postelectoral en Cataluña, que podría influir en los tiempos.

En concreto, los senadores votarán el dictamen de la Comisión Constitucional —que se basa en el informe de los letrados sobre la norma— que denuncia su inconstitucionalidad. Según los servicios jurídicos, la norma "entra en conflicto con la arquitectura jurídica" de la Unión Europea y "vulnera principios, valores y derechos fundamentales de la Constitución".

Los ‘populares’ han dilatado al máximo la tramitación de la medida de gracia. Para ello se han ayudado, entre otras cosas, de la reforma del reglamento del Senado, que le otorgó a la Mesa la potestad de decidir si aplica o no el procedimiento de urgencia —tal y como se tramitó en el Congreso— y que permitió que la ley fuera cursada por el ordinario. 

Así, desde que fuera remitida por el Congreso el pasado 14 de marzo, la ley se ha visto sometida no solo al análisis de los letrados, sino también a broncos debates en el pleno y en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

¿Y ahora qué? De vuelta al Congreso

Ahora, con el más que probable veto del pleno del Senado, el dictamen no tendrá motivo para continuar, por lo que la Cámara Alta dará por concluido el debate sobre el proyecto y lo devolverá al Congreso. Esto no significa, no obstante, que la ley vaya a ser tumbada. 

El Congreso podrá levantar el veto mediante una mayoría absoluta o, si no se obtuviera, por mayoría simple en segunda votación. Dado que el Gobierno ya logró el pasado mes de marzo recabar 178 votos con el apoyo de sus socios de investidura, está previsto que la ley pueda ser aprobada definitivamente.

Una vez ratificada, la Presidencia del Congreso remitirá el texto al presidente del Gobierno a efectos de que sea sancionado y promulgado por el rey. El proceso se dará por terminado con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras la cual la ley entrará en vigor y, después, serán los jueces que hayan juzgado cada caso vinculado al 'procés' los que apliquen la ley uno a uno.

¿Cuáles son los plazos?

Por el momento, el calendario de la ley de amnistía y su aprobación final parece barajarse entre finales de mayo y mediados de junio, aunque sigue abierto y pendiente de las elecciones en Cataluña del pasado 12 de mayo, ya que las negociaciones para formar Gobierno y el anuncio de que Carles Puigdemont se presentará a la investidura podrían influir en el cronograma. El procedimiento coincidirá, además, con las elecciones europeas y el inicio de su campaña electoral.

Fuentes parlamentarias han indicado a EFE que la amnistía seguirá el trámite habitual de una ley y descartan la convocatoria de un pleno extraordinario para su debate final. Así, por ejemplo, la ley podría entrar en el orden que marque la Junta de Portavoces del 21 de mayo para la sesión plenaria de la semana siguiente, pudiendo celebrarse la votación en el pleno del jueves 30. Otra opción, sin embargo, podría ser el 13 de junio.

Con todo, el Reglamento del Congreso establece un plazo máximo de dos meses, siendo en este caso el límite el 14 de julio.

El conflicto de competencias, pendiente de respuesta

Mientras tanto, el Congreso también tiene pendiente dar respuesta al escrito de reconsideración remitido por la Mesa del Senado sobre el conflicto de atribuciones entre las cámaras parlamentarias.

El Senado aprobó en abril este choque institucional inédito, impulsado por el PP. En él se solicitaba formalmente que la Cámara presidida por Francina Armengol retirara la proposición de ley de amnistía al entender que era una "reforma encubierta" de la Constitución. 

Este planteamiento fue remitido al Congreso de los Diputados, que respondió que no iba a retirar la proposición de ley de amnistía. Sin embargo, el Senado pidió que sea el pleno y no la Mesa el encargado de decidir sobre el requerimiento para retirar la propuesta legislativa.

En este contexto, el PP tiene ahora la potestad de elevar este conflicto de competencias al Tribunal Constitucional, aunque todo parece indicar que acudirá a este órgano cuando la ley de amnistía sea aprobada definitivamente.