Pagar hasta 17.000 euros para cotizar antiguas prácticas: la inasumible vía de los científicos para cobrar la jubilación

• Tras escuchar sus reivindicaciones, la ministra Elma Saiz ha trasladado este viernes al colectivo su intención de revisar la Orden
• La jubilación de muchos científicos que ahora son jefes de investigación depende de cotizar sus antiguas prácticas

Imagen de archivo de un laboratorio científico GETTY IMAGES

Desde 2021, Rebeca Blanco Rotea trabaja como investigadora para la Universidade do Minho en Braga, Portugal. Como ella misma dice, forma parte de la “diáspora científica”. La arqueóloga, de 50 años, tiene que pagar dos viviendas y viaja todas las semanas desde Portugal para ver a su familia. Por eso, no se puede permitir los cerca de 17.000 euros que tendría que abonar a la Seguridad Social a partir del 1 de junio si quisiera cotizar cinco de los más diez años que estuvo de prácticas —o "trabajo encubierto", como las define ella—.

María Monsalve es científica titular del CSIC, en el estudio de enfermedades metabólicas. Ella realizó ocho años de becaria a tiempo completo y tendría que pagar la misma cantidad que Rebeca si quiere contabilizar esos años para la jubilación. Si no cotiza las prácticas, no se jubila “ni de casualidad”: “Si me pretendo retirar con 65, tendría solo 33 años cotizados”, explica. Pero está “tan enfadada” con la situación, que no sabe si solicitará la cotización retroactiva de las prácticas si las condiciones se mantienen.

Rebeca y María no son casos aislados, y así lo han manifestado diversas asociaciones científicas y sindicatos desde que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció que los antiguos becarios podrían recuperar hasta cinco años de cotización. La medida venía con letra pequeña: serán ellos y ellas quienes deben pagar sus cuotas y las correspondientes al empleador, un total que puede llegar a 290 euros por mes “recuperado”.

La comunidad científica reclama al Gobierno que anule la normativa sobre la cotización retroactiva de becarios

“Hoy avanzamos en derechos, corregimos desigualdades y damos respuesta a una demanda de muchos colectivos”, escribía en X (Twitter) Saiz tras firmar la Orden Ministerial. No le falta razón, como explica la presidenta de la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer (ASAIC), Marisol Soengas, “la comunidad científica lleva peleando desde la Ley de la Ciencia de 2011”. Entonces, el gobierno de Zapatero permitió recuperar hasta un máximo de dos años y los investigadores criticaron y demandaron que se ampliara ese límite. 

Tras las críticas de asociaciones como la de Marisol, desde Seguridad Social se han mostrado abiertos a mantener un proceso de escucha y hacer modificaciones en las condiciones. Este martes, el Ministerio se ha reunido con la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). Según esta asociación, la ministra Elma Saiz ha asumido el "compromiso personal" de revisar la norma. Este viernes, también le ha traslado a otras asociaciones esta intención.

"Desde el Ministerio se han escuchado las observaciones de este colectivo y se ha manifestado, al igual que se ha hecho estos últimos días, el compromiso de llevar este asunto a la mesa del diálogo social, que se reúne el próximo lunes, para su revisión", ha indicado Inclusión. Marisol critica que este "proceso de escucha" no se diera antes.

“Trabajo encubierto” 

“Nosotros ya estábamos trabajando y estábamos contribuyendo en los laboratorios donde hacíamos toda la investigación”, afirma Marisol Soengas. Por eso, a Rebeca le parece “lamentable” que la ministra “esté hablando de prácticas”, porque, según ella, era “trabajo encubierto”. 

Rebeca comenzó como becaria en 1997, dentro del grupo de investigación de arqueología de paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), rama a la que ha seguido ligada desde entonces. Estuvo encadenando estos periodos de prácticas hasta finales de 2007, en los que llegó incluso a dirigir proyectos que “fueron importantes para desenvolver la metodología que se utiliza en este ámbito”.

“Estábamos haciendo trabajo a un costo muy barato porque no se pagaba ni seguridad social”, denuncia. Su primera beca fue de 20.000 pesetas al mes, 120 euros en la actualidad. Una ayuda por un trabajo a tiempo parcial, que, de ser a jornada completa, ascendería a 240 euros. Por eso, se pregunta: “¿Tengo que pagar 290 euros al mes para regularizar esa beca?”.

“La cantidad que se nos pide es un despropósito, nos piden 290 euros al mes, teniendo en cuenta que nosotros teníamos una beca que, en cifras actuales, no serían ni 600 euros”, se queja también María. Cree que el colectivo más afectado son los investigadores, porque “como mínimo” todos han tenido una beca predoctoral. Estas ayudas tenían una duración de cuatro años, por lo que cualquier científico doctorado debería abonar al menos 13.920 euros para que se le reconozca este periodo. 

Asimismo, como explica Marisol, el Ministerio de Elma Saiz pretende cotizar las prácticas con las bases de este año, mayores que las de entonces. “Hay una corrección del 23% de descuento, pero, aun así, sigue siendo muy superior a lo que teníamos que haber cubierto en su momento”, añade la presidenta de ASAIC. 

Mara Peterssen y Marisol Soengas, presidenta de ASEICA, analizan la situación de la investigación del cáncer en España.

Funciones de trabajadoras, pero sin los mismos derechos

Marisol explica a RTVE.es que todas las personas que en este momento son jefes y jefas de investigación, “también en la industria”, empezaron con este tipo de becas y prácticas. Al no cotizar, no tenían derecho a estar de baja por enfermedad o por maternidad, ni tampoco derecho a paro, pero, como explica, “no había otra manera de empezar”. Además, señala que eran programas muy competitivos y ser beneficiado se consideraba incluso “algo superpositivo”. “Éramos los mejores expedientes”, recalca. 

Esta pérdida de derecho, que se alarga hasta la actualidad debido a que muchos tendrán que alargar su carrera para conseguir una jubilación completa, tenía su efecto dentro de las instituciones. Por ejemplo, la Universidad de Santiago de Compostela contaba con un servicio de guardería del que becarios como Rebeca no se podían beneficiar al no estar considerados como trabajadores. 

“Después de haber sufrido esa situación, encima, tenemos que pagar un dinero que no tendríamos que haber pagado desde el primer momento”, recalca María. Ella hizo sus prácticas durante los años 90 y, ya entonces, eran conscientes de estar viviendo una situación injusta: “Nos quejábamos tanto y éramos ya un colectivo con un volumen considerable que hizo que se cambiara la legislación y la generación siguiente de becarios ya eran todos contratados”.

“Yo tenía muy buen expediente y, por eso, pude tener esa beca. Hay gente, conocemos muchos casos, que empezaban la tesis y ni siquiera cobraban”, recuerda Marisol. En estos casos, estos investigadores “no tienen escapatoria”, en palabras de la microbióloga, ya que no tienen forma de contabilizar como trabajados aquellos años.

Pagar al Estado lo que las instituciones no hicieron

En el caso de este tipo de becas y periodos de prácticas, la gran mayoría eran destinadas a puestos dependientes del Ministerio de Ciencia y Educación e instituciones públicas, como las universidades. “Ahora que se nos pida que cubramos la parte también del Estado y la nuestra, no nos parece que sea justo”, argumenta Marisol.

Por eso, esperan que “haya una rebaja sustancial” y no tener que pagar si el empleador era el Estado. En esta línea, Rebeca cree que se debería proponer una “solución lógica” en la que haya una “regularización compartida entre las instituciones que se beneficiaron del trabajo de los investigadores”.

“Realmente se nos deberían computar esos años trabajados como tales”, dice María, en calidad de portavoz de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). Aun así, “entienden” que pueden contribuir, “pero en una medida más o menos justa”. Desde SEBBM apuntan a que deberían ser las empresas que les tuvieron como becarios, quienes paguen ese porcentaje.

El sistema de ciencia, un problema sistémico en España

“Partimos de una comunidad científica un poco maltratada”, dice Marisol a RTVE.es. Ella se dio cuenta de las deficiencias del sistema de ciencia español cuando se fue a Estados Unidos en 1997. Allí, vio que su beca, comparada con la de sus compañeros de Alemania o Países Bajos, era menor. “Hay un punto en el que te planteas volver o no. Y yo decidí que no”, explica. 

Volvió en 2007, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Entonces, ya estaba más establecida en su rama de investigación. Por eso, según su experiencia, “en España cuando empiezas, que es cuando eres más productivo o innovador, te tienes que limitar porque no tienes más opciones y pierdes competitividad con otros compañeros del entorno”.

El reconocimiento de la experiencia en el extranjero es un trámite complicado. Por eso, debido a su etapa en Estados Unidos y a los periodos de prácticas, tan solo cuenta con 16 años cotizados a sus 56 años. Rebeca se puede encontrar con una situación similar, ya que comenzó a cotizar en España en 2007, pero en 2021, con 49 años, se tuvo que marchar a trabajar a Portugal en busca de la estabilidad que no se le ofrecía en España.

Inseguridad e inestabilidad laboral, precariedad, falta de competitividad con economías europeas, sentirte continuamente evaluado o poca inversión son algunas de las debilidades de la ciencia en España, según la experiencia de estas tres científicas y sus asociaciones. Por eso, Marisol considera el sistema de ciencia como una carrera de vallas y, esta última, “es tan injusta que no hemos saltado”.