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Cuatro años del Ingreso Mínimo Vital: solo llega al 12% de la población vulnerable

  • Entre las comunidades hay grandes diferencias: en Euskadi cubre al 24,5% y en Baleares al 5,9%
  • En abril el Ingreso Mínimo Vital fue percibido por dos millones de personas

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Cuatro años del IMV: solo llega al 12% de la población en situación de pobreza
Personas andando en la Plaza de la Puerta de Sol, Madrid

Cuatro años después de la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) la prestación solo llega al 12,2% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, según ha advertido la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Además, esta entidad ha reprochado al Gobierno que no haya establecido "ninguna coordinación" con los servicios municipales para incrementar su cobertura.

Asimismo, la asociación ha denunciado las diferencias territoriales existentes entre comunidades, ya que en Euskadi cubre al 24,5% de la población vulnerable y en Baleares reciben esta prestación el 5,9% de la ciudadanía. Los gerentes de Servicios Sociales han acusado al ejecutivo de "no cumplir con el objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 850.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país".

Mientras tanto, la persistencia de las "colas del hambre" deberían, según la organización, "avergonzar a los gobernantes" a los que acusa de "impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, como calificaron el Ingreso Mínimo Vital". 

IMV, una ayuda a dos millones de personas

Según datos recopilados por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en abril, 589.948 familias fueron beneficiarias del IMV, con un total de 1.771.480 personas. El colectivo ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital engloba tanto la renta básica de subsistencia, para familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia que permite completar las rentas inferiores a tres veces la renta garantizada. 

Siguiendo esta línea, la asociación ha destacado que las familias que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera "renta garantizada" son 392.902 hogares (1.006.763 personas), es decir, el 2,1% de la población española. Del mismo modo, ha recordado que la previsión inicial, cuando el IMV se implantó en 2020, era llegar a 850.000 familias que se encuentran en situación de pobreza severa (17% de la población española, 2,3 millones de personas). 

"La realidad es que solo se ha alcanzado el 46,2% de cobertura de la pobreza severa", ha explicado el colectivo. Y, han añadido, que si se toma como referencia el riesgo de pobreza, actualmente en España hay 8.260.000 personas en esa situación, dado que están por debajo del 60% de la mediana de ingresos. En consecuencia, el IMV "solo" llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza.  

Situación en cada Comunidad Autónoma

A nivel territorial, la asociación ha insistido en las "grandes diferencias" en esta implantación entre Comunidades Autónomas. El IMV llega a más del 20% de la población bajo el umbral de pobreza en País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5%) y Melilla (22,6%), pero en otras comunidades no llega al 10%: Castilla La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%). 

Más próximas a la media nacional del 12,2%, se encuentran comunidades como Navarra (17,7%), Asturias (16,5%), La Rioja (15,8%), Andalucía (14,4%), Aragón (13,6%), Madrid (13,07%), Extremadura (13,4%), Cantabria (12,2%), Castilla y León (12,17%), Comunidad Valenciana (11,01%), Galicia (10,9%).

Ante estos datos, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ven "necesario un impulso aún mayor para incorporar el IMV en la gestión a los servicios sociales de atención primaria". Además, consideran que "los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía, independientemente del municipio en el que reside y de su situación personal y social". 

Sin embargo, se ha lamentado la organización que "el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no ha establecido ninguna coordinación que, sin ninguna duda, hubiera ayudado a la implantación del IMV, mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias". En su opinión, "el laberinto burocrático diseñado para acceder al IMV ha hecho, en la mayor crisis social de la historia, que miles de personas en situación de vulnerabilidad, pasen meses de su vida sufriendo momentos de gran precariedad".