Seguridad Social recula y permitirá recuperar las prácticas no cotizadas pagando menos

• Se tomará como base de cotización del convenio especial la mínima correspondiente al año de realización de la actividad
• Los científicos criticaron que tendrían que pagar hasta 17.000 euros por normalizar esta situación

Imagen de archivo de un científico en su laboratorio GETTY IMAGES

La Seguridad Social permitirá recuperar las prácticas no cotizadas aplicando la base de cotización del año en el que se realizaron, y no la actual, lo que supondrá una reducción en el importe a abonar respecto a lo inicialmente fijado, que eran unos 290 euros por cada mes recuperado.

Lo ha adelantado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en tanto que el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, lo ha trasladado a patronal y sindicatos durante la reunión de diálogo social por la tarde.

“Sería enriquecedor abordar juntos los cambios en el texto“

La adecuación de la base de cotización al año de realización de la actividad supondrá, por ejemplo, que la cuota de 1997 sea de 101 euros por mes recuperado, según fuentes del Ministerio de Inclusión.

También se amplía el periodo de 'rescate'

Además, se amplía la posibilidad de fraccionamiento de pago hasta un máximo de cinco años, de forma que si se rescatan dos años pueden pagarse en cinco.

También se amplía el periodo de rescate para quienes, de acuerdo con la regulación de 2011, ya recuperaron dos años, con lo que podrán sumar otros cinco años íntegros.

Por último, se extiende a tres años y medio la ventana temporal abierta para la suscripción del convenio, con la propuesta de que se pueda suscribir el convenio con la Seguridad Social hasta el 31 de diciembre de 2027, para facilitar que los interesados puedan acceder a él.

El Ministerio ha propuesto la mejora de estos cuatro aspectos después de que la ministra de Inclusión, Elma Saiz, se reuniera la semana pasada con más de una decena de representantes de asociaciones científicas, el colectivo más afectado por esta norma.

"Después de una semana de reuniones, hemos decidido flexibilizar las condiciones", ha señalado la ministra respecto a la orden publicada el pasado 1 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que generó oposición sobre todo en la comunidad científica por el elevado coste que suponía para los trabajadores recuperar los años de prácticas no cotizados.

El Ministerio ha recordado, asimismo, que las cuotas del convenio especial son gasto deducible en el IRPF.

Inclusión considera que la posibilidad de regularizar hasta cinco años "es una oportunidad y un procedimiento excepcional" para que antiguos estudiantes e investigadores más senior puedan añadir años de cotización para poder acceder a una pensión o mejorar su importe. 

Es excepcional porque permite recuperar un derecho que no existía cuando hicieron estas prácticas y que ahora está vigente, ya que desde enero las prácticas formativas no remuneradas cotizan, con más de 600.000 becarios incluidos ya en el sistema.  

Desde CC.OO. consideran la propuesta "no suficiente"

Por su parte, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, Carlos Bravo, ha hecho una primera valoración positiva de la propuesta del Ministerio. "Efectivamente el Gobierno ha modificado la posición y se ha aproximado, no de manera suficiente, pero se ha aproximado a las condiciones de la regulación que estaban en vigor en el año 2011", ha matizado. 

No obstante, ha lamentado que una medida como la de la nueva cotización de personas con becas y con prácticas, que, a su juicio, "está teniendo un resultado espectacular" en los primeros meses del año, "esté siendo nublada por la desgraciada forma en que se ha aprobado esta orden ministerial". 

Aunque el sindicato considera que la ampliación del plazo "podría quedar abierto más tiempo", cree que la ampliación del plazo a tres años y medio "es una medida positiva". 

"La posibilidad de fraccionamiento es una posibilidad muy desigual, dependiendo de las formas. De hecho, algunos de los convenios especiales no podrían ejercitar ningún fraccionamiento, y en otros quizá podría ser hasta superior que en las ocasiones anteriores. Por tanto, esa es una medida que no parece que haya estado bien perfilada todavía", ha señalado Bravo. 

En este punto, ha avisado de que el Gobierno "ha precipitado" una reunión este lunes cuando "estaba prevista para dentro de una semana". "Tienen prisa por cerrar este asunto y nosotros tenemos mucho interés en que se cierre bien y, por tanto, vamos a analizar la propuesta que ha llegado poco rato antes de la propia reunión y, por tanto, vamos a analizar los cuatro elementos", ha dicho. 

CCOO cree que la modificación de esta norma debe resolverse antes del 1 de junio porque "hay una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado que entra en vigor ese día y, por tanto, a partir de ese día, si no se corrige, cualquier persona que reuniera las condiciones podría suscribir un convenio especial". 

“Vamos a trabajarlo, vamos a estudiarlo, ya le hemos anticipado una primera reacción al Gobierno“

"Vamos a trabajarlo, vamos a estudiarlo, ya le hemos anticipado una primera reacción al Gobierno en los términos que hemos planteado, en los próximos días se lo haremos llegar. Queremos ver el texto articulado completo de la orden ministerial y ese será el trabajo de estos próximos días que debemos abordar y ver si es posible llegar a un punto de acuerdo final", ha recalcado Bravo. 

¿Qué criticaba la comunidad científica?

El pasado 30 de abril, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aprobó la Orden Ministerial que permitía a los antiguos becarios recuperar la cotización de un máximo de cinco años a partir del 1 de junio. “Hoy avanzamos en derechos, corregimos desigualdades y damos respuesta a una demanda de muchos colectivos”, escribía en la red social X Saiz.

Pero la norma venía con letra pequeña: los ahora jefes de investigación deberían pagar la cuota que hubiera asumido como trabajador, pero también lo correspondiente a su empleador. Además, el pago se calcularía con las bases de cotización actuales, no las del año en que se realizó la actividad.

Ante el conocimiento de estas condiciones, varias asociaciones científicas criticaron la decisión del Ejecutivo. En concreto, advirtieron que el nuevo convenio especial suponía "una gran carga económica inasumible para una gran parte de la comunidad científica". "Nos parece totalmente injusto y, además, hay personas, científicos y científicas que no lo pueden asumir", explicó en su momento la presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), Marisol Soengas a RNE.

Proceso de escucha

Ante la avalancha de críticas, Saiz anunció una semana después una reunión con los científicos para escuchar sus reivindicaciones y llegar a un acuerdo. "Somos conscientes [de la crítica] y vamos a escuchar esas reivindicaciones", aseguró la ministra.

Así, Seguridad Social abrió un proceso de escucha, que duró toda la semana pasada. El martes 14 de mayo, se reunieron con la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), quienes aseguraron que la ministra había asumido el "compromiso personal" de revisar la norma. Tres días más tarde, también le trasladaron a más representantes de la comunidad científica (ASEICA, ANIH, SEBBM, CGCOB y ABID) esta intención.

La comunidad científica reclama al Gobierno que anule la normativa sobre la cotización retroactiva de becarios

"Desde el Ministerio se han escuchado las observaciones de este colectivo y se ha manifestado, al igual que se ha hecho estos últimos días, el compromiso de llevar este asunto a la mesa del diálogo social, que se reúne el próximo lunes, para su revisión", indicó entonces Seguridad Social.