La Fiscalía de la CPI pide la detención de Netanyahu y los líderes de Hamás por posibles crímenes de guerra en Gaza
- Karim Jan ha anunciado las órdenes en redes sociales
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El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Jan, ha solicitado este lunes al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Nentanyahu; su ministro de Defensa, Yoav Gallant; y los líderes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri e Ismail Haniyeh, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el sur de Israel y en Gaza desde el 7 de octubre.
Ahora corresponderá la Sección Preliminar de la Corte decidir si acceden a la petición de la Fiscalía y ordenan el arresto de los acusados. Concretamente, serán tres magistradas las que deban decidir: Iulia Motoc, Socorro Flores y Reine Alapini-Gansou. La decisión no tiene plazo, y podría tardar meses en llegar.
El propio fiscal, junto con dos de los miembros de su equipo, ha anunciado su petición en redes sociales, un hecho poco habitual porque normalmente las órdenes de arresto se anuncian cuando ya han sido autorizadas por la Sección Preliminar.
En 2015, Palestina se adhirió al Estatuto de Roma, aceptando la jurisdicción de la CPI sobre hechos cometidos dentro de los territorios ocupados (Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza). Israel, sin embargo, no reconoce a la CPI. La Corte, con sede en La Haya, no persigue a Estados, gobiernos o partidos políticos, sino a individuos, a los que puede perseguir.
El comunicado de Jan llega cuando la guerra en Gaza supera ya los siete meses y ha causado ya más de 35.400 muertos y 79.476 heridos, además de bolsas de hambre en el norte y centro de la Franja. El 7 de octubre, Hamás y otras milicias palestinas atacaron el sur de Israel, en una acción que costó la vida a 1.200 personas, y secuestró a 240 civiles de los que aproximadamente un centenar continúan desaparecidos o retenidos en Gaza.
Cargos contra Netanyahu y Gallant: de la hambruna a los ataques contra civiles
La acusación de la Fiscalía considera a Netanyahu y Gallant "responsables" de cargos que incluyen: el uso del hambre en civiles como método de guerra; causar "grandes sufrimientos" al cuerpo o la salud, o el trato cruel como crimen de guerra; el homicidio voluntario y el asesinato como crimen guerra; ataques intencionados contra población civil; el exterminio, incluyendo las muertes causadas por la hambruna causada por la acción de las fuerzas israelíes; la persecución y "otros actos inhumanos".
La Fiscalía entiende que esos presuntos crímenes se han cometido "en el contexto de un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina, y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás (...) que se desarrolla en paralelo".
La Corte estima que Israel "ha privado intencionada y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de materiales indispensables para la supervivencia humana".
"Esto se produjo mediante la imposición de un asedio total sobre Gaza que implicó cerrar completamente los tres puntos fronterizos, Ráfah, Kerem Shalom y Erez, a partir del 8 de octubre de 2023 durante períodos prolongados y luego restringir arbitrariamente la transferencia de suministros esenciales, incluidos alimentos y medicinas", explica el comunicado.
El "asedio" también incluye el corte del suministro de agua y electricidad desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta hoy, junto con ataques contra civiles que hacían cola para obtener ayuda humanitaria; la "obstrucción de la entrega de ayuda por parte de agencias humanitarias"; y "ataques y asesinatos de trabajadores humanitarios", que obligaron a muchas agencias a cesar o limitar sus operaciones en Gaza.
El objetivo de estas prácticas es triple: eliminar a Hamás; asegurar el retorno de los secuestrados; pero también castigar colectivamente a la población civil de la Franja, que es "percibida como una amenaza" por Israel.
El escrito de Jan reconoce que Israel, como todos los Estados, tienen derecho a defender a su población, pero eso "no le absuelve de su obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario".
Hamás: asesinatos, secuestros y violencia sexual
Respecto a Hamás, la Fiscalía de la CPI ordena la detención de Yahya Sinwar, jefe del movimiento en Gaza; Mohammed Diab Ibrahim al Masri, alias Deif, comandante en jefe de las milicias armadas, las Brigadas Al Qassam; y de Ismail Haniyeh, jefe del Comité político de Hamás. Los dos primeros están en paradero desconocido mientras Haniyeh reside en Catar.
Los cargos de los que les acusa son exterminio; asesinato; toma de rehenes; violaciones y otros actos de violencia sexual; tortura; actos inhumanos; tratamiento cruel y violaciones de la dignidad personal.
La Fiscalía sostiene que los crímenes contra la humanidad de los que se acusa a los dirigentes palestinos forman parte de un "ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Israel" por parte de Hamás y otros grupos armados, de forma organizada. "Algunos de estos crímenes, en nuestra opinión, continúan hasta el día de hoy", añade la Fiscalía.
Los tres acusados "planearon e instigaron la comisión de crímenes el 7 de octubre de 2023", según el escrito, y a través de sus propias acciones, incluidas visitas personales a rehenes poco después de su secuestro, "reconocieron su responsabilidad".
En ambos casos, Hamás e Israel, se imputa a los acusados como "co-perpetradores" y como superiores. Las pruebas recopiladas por la Corte y en las que se basa la acusación incluyen entrevistas con supervivientes y testigos; vídeos, fotografías y audios verificados; imágenes de satélite y declaraciones de los propios acusados.
"Voluntad de aplicar la ley por igual"
"Seamos claros hoy en una cuestión central: si no demostramos nuestra voluntad de aplicar la ley por igual, si se considera que se aplica de forma selectiva, estaremos creando las condiciones para su derrumbe", advierte Jan en su escrito. "Estaremos debilitando los lazos que quedan y que nos mantienen unidos, las conexiones estabilizadoras entre todas las comunidades e individuos, la red de seguridad a la que recurren todas las víctimas en tiempos de sufrimiento. Este es el verdadero riesgo al que nos enfrentamos en este momento".
"Ahora más que nunca, debemos demostrar colectivamente que el derecho internacional humanitario, la base fundamental de la conducta humana durante los conflictos, se aplica a todas las personas y se aplica por igual en todas las situaciones", concluye.
Hay que recordar que la Fiscalía de CPI tiene en vigor una orden de detención internacional contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por presuntos crímenes de guerra por el secuestro o desplazamiento de niños ucranianos en territorios ocupados por Rusia en ese país.