Bruselas lleva a España al TJUE por mantener trabas fiscales a la reestructuración de empresas

• La Comisión Europea ha considerado "insuficientes" los esfuerzos de las autoridades españoles
• Según el Ejecutivo comunitario, la legislación española crea "distorsión en el mercado interior" de la UE

Sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

La Comisión Europea ha decidido este jueves llevar a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no aplicar correctamente la Directiva de fusiones empresariales. Esta decisión del Ejecutivo europeo se debe a la falta de voluntad de las autoridades españolas de realizar los cambios correspondientes en su legislación.

"La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes y, en consecuencia, lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", ha señalado la Comisión en un comunicado. 

La Directiva europea sobre fusiones establece que el pago de impuestos sobre las ganancias de capital que resultan de una reorganización empresarial debe ser aplazado a una fase posterior de venta o disposición de los activos y acciones. Sin embargo, la normativa española prevé que, en los casos de división de una empresa, este aplazamiento solo se conceda si los accionistas de la compañía dividida reciben la misma proporción de acciones en todas y cada una de las empresas resultantes de la división. 

"Estas condiciones no son requeridas por la legislación de la Unión Europea y, por lo tanto, son una violación de la Directiva de fusiones", ha explicado este jueves el Ejecutivo comunitario, que había abierto un expediente a España por el mismo motivo a principios de 2019. En noviembre de ese mismo año presentó un dictamen con una serie de peticiones a las autoridades para ajustar la ley nacional a la normativa europea. 

Desde entonces, ha mantenido un diálogo con las autoridades nacionales en el que estas han defendido que la legislación española respeta la directiva comunitaria. Por eso, la Comisión ha considerado insuficientes los esfuerzos de España y ha elevado el caso a la Justicia europea, a la que podría solicitar que le imponga una multa por incumplimiento. 

Objetivo: eliminar los obstáculos fiscales

El objetivo de la Directiva sobre fusiones es eliminar los obstáculos fiscales a las reorganizaciones transfronterizas en las que participen empresas situadas en dos o más Estados miembros. Así, busca armonizar las normas fiscales relativas a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones entre sociedades en el mercado interior y en los Estados miembros de la UE.

Por eso, según la Comisión Europea, la aplicación inadecuada de estas normas crea una distorsión en el mercado interior, genera desigualdad entre las empresas que operan en el mismo y contribuye a la incertidumbre legal para las compañías.