El Defensor del Pueblo acepta 129 nuevos testimonios válidos de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

• Ha registrado un total de 223 nuevas solicitudes de testimonios de víctimas de abusos en 7 meses
• La Justicia, las listas de espera sanitarias y el Ingreso Mínimo Vital son algunos de los temas que más quejas han provocado

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el Congreso de los Diputados EFE/ Mariscal

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha aceptado 129 nuevos testimonios válidos de víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia desde la presentación del informe el pasado mes de octubre. Se registraron 223 solicitudes en total en ese periodo.

Gabilondo ha presentado este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados los informes anuales que recogen las principales líneas de actuación de la institución en 2022 y 2023, pues disolución de las Cortes Generales en mayo de 2023 imposibilitó la tramitación parlamentaria del primero.

Según ha manifestado Gabilondo,  en 2022 y 2023 el Defensor del Pueblo atendió a 74.962 personas, tramitó 67.055 expedientes, emprendió 538 actuaciones de oficio y dirigió 4.864 resoluciones a las diferentes administraciones. Además, “el 70% de las resoluciones que se emitieron" desde la institución fueron aceptadas por las administraciones.

Los asuntos principales en esos dos años estuvieron especialmente vinculados a los derechos sociales y a los servicios públicos, lo que explica “una ligera prevalencia de actuaciones ante las administraciones autonómicas"

Quejas sobre el Ingreso Mínimo Vital y las listas de espera sanitarias

Así, Gabilondo ha resaltado el seguimiento realizado en torno a las ayudas y rentas autonómicas o municipales, el sinhogarismo o el Ingreso Mínimo Vital sobre el que se han recibido "alrededor de 1.000 quejas" solo en 2023, especialmente por retrasos para la resolución de las solicitudes o las reclamaciones o por la rigidez en el modo de acreditar el cumplimiento de los requisitos.

En su opinión, es necesario trabajar “para consolidar un verdadero sistema estatal de garantía de ingresos, que tenga en cuenta el conjunto de prestaciones asistenciales. Un sistema estable y cohesionado, que articule la acción de todas las administraciones públicas en este deber social".

El Defensor del Pueblo también ha dedicado parte de su intervención en torno a uno de los asuntos que más preocupación ciudadana genera: la gestión de la Sanidad y los servicios sanitarios.

Gabilondo ha explicado que los problemas de acceso a la Atención Primaria son diferentes en función del territorio, pero que existe un elemento común en todos ellos, “la dificultad de los servicios públicos de salud para incorporar y retener a profesionales sanitarios de Atención Primaria y a pediatras”.

Por ello, ha instado a destinar “mayor inversión y medidas que permitan la efectiva reposición de las plazas vacantes”. También ha resaltado la necesidad de reducir las listas de espera sanitarias, “cuyas quejas en 2023 más que duplicaron las recibidas en 2021”, ha remarcado.

La Justicia, el ámbito con más quejas ciudadanas

“La Justicia como servicio público fue el ámbito que más quejas ciudadanas suscitó en 2023”, ha afirmado Ángel Gabilondo, quien ha recordado que la institución ha formulado recomendaciones para que se creen nuevos juzgados y se refuerce el personal.

Por lo que se refiere a los asuntos migratorios, el Defensor ha señalado que dos de los principales retos se encuentran en la necesidad de revisar el sistema de protección internacional para paliar a las dificultades de acceso y la demora en la tramitación de las solicitudes, y en la gestión de la acogida de aquellas personas que, por diversos motivos, no pueden ser expulsadas o devueltas a su país de origen.

En materia de educación, Ángel Gabilondo ha insistido en que hay que tender a la universalidad y la gratuidad del primer ciclo de educación infantil. La institución, además, inició en 2023 actuaciones de oficio sobre la adaptación de los centros docentes a las temperaturas extremas, asunto sobre el que la planificación de las medidas es, ha dicho, “insuficiente”.

Las dificultades en el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes y los colectivos vulnerables, es otro de los temas que provocan numerosas quejas. Se está siguiendo con atención la gestión del Bono Alquiler Joven, de cuya gestión en algunas comunidades autónomas ha señalado que “no es la apropiada y muchos beneficiarios varios meses de su solicitud aún no habían recibido el bono”. 

Asimismo, se ha referido a los adolescentes afectados por la saturación de los servicios de salud mental y ha llamado la atención sobre las declaraciones de desamparo de menores si conllevan la retirada de la tutela. Además, ha insistido en la necesidad de que se incrementen los medios para el acogimiento familiar de los menores tutelados frente a su permanencia en instituciones.  

Avances en los programas de salud mental y discapacidad

Junto a los informes anuales correspondientes a 2022 y 2023, el Defensor del Pueblo también ha presentado los del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes (MNP). En estos dos ejercicios, el MNP realizó un total de 113 actas de visitas a lugares de privación de libertad, que dieron lugar a 1.513 resoluciones.

Gabilondo ha afirmado que las administraciones aceptaron, de forma mayoritaria, las sugerencias y recomendaciones realizadas tanto en el seno del programa transversal sobre salud mental como del programa transversal sobre discapacidad, implementados por el MNP.

Además, se han constatado algunos avances en lo relativo a las contenciones mecánicas y se ha producido una disminución en la aplicación de inmovilización con correas. Hay mejoras también en lo que respecta a la atención a las mujeres embarazadas y a las mujeres con problemas de salud mental en lugares de privación de libertad.