El Gobierno retira 'in extremis' la ley del suelo ante la falta de apoyo

• Estaba previsto que el Congreso votara este jueves la modificación de la ley del Suelo
• Sumar, Podemos, ERC y Junts se habían mostrado en contra de la norma

El Gobierno retira el proyecto de Ley del Suelo

El Gobierno ha solicitado este jueves la retirada del orden del día del Pleno del Congreso del proyecto de modificación de la Ley del Suelo, que estaba previsto votarse este mismo jueves, ante la falta de apoyos, ya que Sumar, Podemos, EH Bildu, ERC y Junts se habían mostrado en contra. Así, el PSOE dependía del PP para que el proyecto no fuera devuelto al Gobierno.

La petición de retirada ha llegado a la Mesa del Congreso poco después de las 8.00 horas, una hora antes de la hora prevista para el debate. La decisión tiene lugar dos días después de que la Cámara Baja tumbara la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo, que tuvo el voto en contra de PP y Vox pero también de los socios de Gobierno como Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV. Con ello, el Ejecutivo evita otra derrota parlamentaria en la misma semana.

Según fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se ha decidido pedir su retirada para garantizar su tramitación para que esta norma "no se vea afectada por la situación electoral", ya que este mismo jueves por la noche arranca la campaña para los comicios europeos del 9 de junio.

Una norma "demandada por los Ayuntamientos"

Estas mismas fuentes han señalado que se trataba de una "norma demandada por los Ayuntamientos, en una carta firmada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por las Comunidades Autónomas, en la Declaración Xacobeo 21-22, y por todo el sector". Y han subrayado que se había tramitado con la "máxima celeridad para dar respuesta a la necesidad de la promoción y ampliación del parque público de vivienda en España".

"No he escuchado ni una sola voz de ningún alcalde de ningún partido que le haya puesto una pega. Ha sido un buen texto, trabajado, dialogado. Es una ley que solventan un problema de seguridad jurídica. Nos permite que las actuaciones se adecuen a los nuevos tiempos", ha defendido la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Pilar Rodríguez, en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Congreso. 

Asimismo Rodríguez se ha mostrado confiada en que se pueda trabajar la norma con los grupos "cuando pase el furor electoral".

En Las Mañanas de RNE, el ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, ha explicado que el Ejecutivo estaba "en la voluntad de sacarlo adelante", porque "es importante", ya que la vivienda es "el quinto pilar del estado de bienestar". "Parece que lo lógico era retirar ese proyecto de ley y conseguir la mayoría suficiente para su aprobación", ha sostenido.

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial: "Era lógico retirar la ley del suelo" - Escuchar ahora

Críticas al PP por "querer poner la zancadilla al Gobierno"

Asimismo, Rodríguez ha lanzado críticas al PP a quien ha acusado de "querer poner la zancadilla" al Ejecutivo. "Lamento que el PP, que sabe que es una buena ley, que es necesaria, haya dejado a un lado el interés general para aprovechar y querer poner la zancadilla al Gobierno", ha subrayado.

Según la ministra, el PP se iba a abstener en esta ley, pero este miércoles "la posición no era la misma". "Para sacar adelante la norma, contamos con el PP, y cada vez tiene menos vertiente institucional", ha criticado. Rodríguez ha atribuido al "nerviosismo electoral" la falta de apoyo del PP a una reforma promovida por ayuntamientos y comunidades en los que gobierna, y respaldada unánimemente por el sector inmobiliario.

Además, a su juicio, "los intereses electorales han quedado por encima de todo". "El PP no ha querido aclarar su posición porque quería jugar electoralmente con la vivienda, pero nosotros no vamos a embarrar", ha añadido.

Preguntada por la falta de apoyo de los socios parlamentarios, Rodríguez ha asegurado que ha habido negociación. No obstante, ha argumentado que "una parte de los socios no tienen la implicación municipal" que tienen el PP y el PSOE en los territorios.

La ministra ha insistido en que ha puesto a disposición de los grupos parlamentarios el texto de su proyecto de ley para que, cuando pasen las elecciones europeas, sirva de base para negociar una reforma "necesaria" que demandan alcaldes de "todos los colores".

El Gobierno, abierto a mejorar el texto con enmiendas

El Gobierno, que estaba abierto a mejorar el texto en el plazo de enmiendas, quería con esta reforma dar seguridad jurídica a los planes urbanísticos, evitando su anulación total por defectos de forma que son subsanables, a diferencia de lo que ocurre actualmente. 

También buscaba frenar la proliferación de todos aquellos, entre ellos despachos de abogados, que se han especializado en recurrir los planes de ordenación desde la extorsión y la amenaza si no consiguen lo que quieren, sostienen fuentes del Ministerio de Vivienda.

El departamento que dirige Isabel Rodríguez señala que en estos años se han anulado más de 100 planes (no todos por defectos subsanables), entre ellos de Madrid; Gijón; Ibiza; Las Palmas; Santander; Toledo; Zamora; Ourense; Vigo; etc.

Además, muchos se han quedado anticuados al no haber podido ser modificados. Una situación que desde hace años ha provocado una gran inseguridad jurídica que ha hecho que muchos ayuntamientos no se atrevan a impulsar nuevos planes o tengan que trabajar con algunos muy antiguos alejados de las necesidades actuales.

La reforma de la Ley del Suelo, que el Gobierno reactivó a finales de marzo tras haber decaído en la anterior legislatura, es una demanda reiterada de ayuntamientos, comunidades autónomas, sector promotor y hasta de la doctrina jurídica.

En abril de 2022, la Xunta de Galicia, que entonces presidía el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, promovió un manifiesto demandando una reforma de la ley dada la inseguridad jurídica y el incremento de los casos de nulidad por defectos formales. 

Al mismo se sumaron otras como Madrid; País Vasco; Andalucía; Asturias; Cantabria; Murcia; Aragón; Navarra; Extremadura; Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha solicitado en un manifiesto una reforma urgente en este sentido.

Claves de la reforma 

La reforma diferencia entre la nulidad del plan general cuando hay defectos sustanciales, en cuyo caso se puede impugnar y anular entero de pleno derecho, y cuando hay nulidades parciales que no afectan a elementos sustanciales y en cuyo caso se abre un plazo de subsanación de 1 año (prorrogable seis meses más) evitando que se tumbe entero.

Para recurrir las decisiones está el recurso directo, el recurso indirecto; los actos individualizados; la acción pública en materia urbanística para personas físicas y jurídicas, organizaciones sociales o entidades o la acción popular en materia medioambiental, que no se ha modificado. 

En el caso de viviendas promovidas por la Administración o sus entidades en suelos públicos, cuando haya un silencio de la administración (generalmente 6 meses) se entenderá como positivo para que sigan adelante. No se descarta ampliarlo a más supuestos para el impulso de viviendas públicas o de colaboración público-privada en suelos de titularidad pública.

Está previsto un régimen transitorio en la ley, entre otros, para los planes recurridos sobre los que recaiga una sentencia después de la entrada en vigor de la reforma y contengan defectos subsanables. Además, se quiere evitar la nulidad en cascada de las disposiciones y actos.