Vivir en España de forma irregular: "Nadie se va de su tierra para vivir en otra sin razones"
- Más de medio millón de migrantes esperan a ser regularizados tras la toma en consideración de ILP en el Congreso
- Las personas en situación irregular que viven en España se enfrentan diariamente a la precariedad laboral
Más de medio millón de personas extranjeras viven en España de forma irregular. Lo hacen en una situación que los condena a la clandestinidad y a la incapacidad de acceder a un contrato de trabajo o de alquiler. En algunos lugares, ni la sanidad y educación públicas están garantizadas.
En abril, tras una campaña en la que se recogieron 611.821 firmas, el Pleno del Congreso aprobó, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 migrantes.
“Es el mayor número de firmas de la democracia”, explica Jorge Serrano, portavoz de (M+J), partido impulsor de esta ILP. La califica como “una de las iniciativas más transversales porque puso de acuerdo a las dos Españas y a las 100.000 Españas”.
Aun así, esta no es la primera regularización extraordinaria que se plantea. Entre 1986 y 2005 se regularizó la situación de casi un millón de personas que vivían con un status de ilegalidad.
Vivir en clandestinidad
Luis (nombre ficticio) es un joven venezolano que vive en Albaida (Valencia) desde el pasado noviembre. Llegó de forma legal, con un permiso vacacional de tres meses. Durante un tiempo vivió en casa de una amiga, mientras buscaba trabajo, pero su situación lo sentenció rápidamente a la irregularidad.
“Conseguí trabajo en el mes de enero, pero no pude firmar un contrato. Empecé a dar clases en dos escuelas y a cobrar en negro. Después pasé por varias inmobiliarias buscando habitación, pero nadie me aceptaba porque no podía presentar una nómina”, cuenta. Ese mismo mes enfermó y, como no tenía un contrato de trabajo, no podía acceder a la seguridad social, ni a una baja laboral: “Me pasé un mes enfermo con fiebre y no podía ir al médico. Durante esas cuatro semanas solo salía de la cama para trabajar. Tampoco podía tomar antibióticos porque no podía conseguir una receta”.
El de Luis no es un caso único. La falta de permisos de residencia dificulta el día a día de estas personas: hombres y mujeres adultos, ancianos y también “niños que han nacido incluso aquí, pero siguen en esta situación porque sus padres están fuera de la regularidad administrativa”, explica Victoria Columba, una de las portavoces de Regularización Ya, organización impulsora de la ILP.
Hasta conseguir papeles
Augustin Ndour es senegalés y consiguió su permiso de residencia con la regularización extraordinaria del año 2001. Fue algo que, dice, le cambió la vida. Llegó a España, y hasta que consiguió obtener papeles, tuvo que vivir a espaldas de la legalidad.
Antes, cada vez que salía de casa, lo hacía “sin tener la certeza de si iba a volver o no, porque en cualquier esquina un policía te puede parar, pedirte la documentación y, si no la llevas, meterte en un CIE, y luego, devolverte a tu país con lo puesto. Ese era un miedo que persistía después de haber recorrido, durante cinco años, desiertos, mares, océanos, aguantando palizas, robos, violaciones… para llegar hasta aquí”, cuenta a RTVE.es.
Lauren, también vino desde Senegal. Es amigo de Ndour y también llegó a España con la esperanza de poder empezar a trabajar. Sin embargo, tuvo que esperar más de cinco años para poder regularizarse. “Al no tener papeles, uno intenta ganarse la vida como sea. En aquella época lo que había era vender en las calles. Yo nunca había vendido nada en mi vida y me daba mucha vergüenza. Fue muy complicado enfrentarse a eso, pero tenía que llevar comida a casa”, recuerda.
Los dos amigos pasaron de estar vendiendo en la calle a poder acceder a trabajos dignos. Antes, lo único que podían hacer era “trabajar en negro y dejar que te exploten. Tienes acuerdos, porque no son contratos, que haces con tu empleador, en los que no tienes ni vacaciones, ni pagas, ni ningún derecho. Te pueden echar en cualquier momento sin nada a cambio. Los derechos son para los trabajadores normales y nosotros no éramos eso”, denuncia Ndour.
Economía sumergida
“Si esa gente no estuviera trabajando, tendríamos las calles con medio millón de personas mendigando. No cabría la gente en las prisiones, si para poder vivir estuvieran matando, robando, traficando o delinquiendo. Esto significa que toda esa gente está trabajando en negro. Si se regulariza, se podrían aflorar de la economía sumergida todos esos impuestos, con los que ganaríamos todos. Lo que no se queda el trabajador irregularizado, no se lo queda la seguridad social, solo enriquece al patrón”, expone Guillermo Morales, Director General de la consultoría especializada en extranjería, Legalteam.
Él lo sabe de primera mano. Morales es cubano y cuándo llegó a España se “acostaba con señores y señoras por dinero y dormía en la calle. Siempre pensé que mi historia era muy dura, sin embargo, cada día en el despacho, cuando escucho las historias de esas mujeres africanas que para tener que llegar a Europa caminaron años enteros a través de desiertos, que han sido violadas en reiteradas ocasiones, que han perdido a sus hijos en estas travesías, que se meten en una patera arriesgando su vida con la esperanza de un futuro mejor… es cuando me doy cuenta de que mi historia no es nada”.
Cuestión de dignidad
Quienes defienden esta ILP la definen como "una cuestión de dignidad y de derechos humanos". “La gente tiene que tener claro que nadie se va de su tierra para vivir en otra que no es la suya, para estar sin papeles, para morirse en el mar o para pasar hambre. Cuando veo a la gente sin papeles, a mí se me parte el alma, porque yo pasé por ahí y sé lo que es”, cuenta Lauren.
Ndour fue la primera firma de esta iniciativa legislativa popular para regularizar personas y sabe bien lo que significa vivir en la clandestinidad, con el miedo atado al cuerpo. También conoce muy bien, el cambio radical en la vida de una persona, que supone conseguir entrar en la regularidad administrativa.