La ley de amnistía: ¿Cómo se va a aplicar?
- La aplicación de la ley de amnistía dependerá de los jueces competentes de casos relativos al 'procés'
- Tendrán dos meses para aplicar la ley de amnistía a cada caso que se ha de estudiar individualmente
El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves la ley de amnistía, que borra los delitos de los independentistas involucrados en el 'procés', seis meses después de que se iniciara su tramitación en las Cortes y tras un fuerte choque entre el Gobierno y los partidos de la oposición.
La norma ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y a partir de este momento, su aplicación definitiva quedará en manos de los jueces competentes de cada caso. ¿Pero cómo se va a aplicar? Te contamos las claves de la norma:
¿Cómo se aplicará la ley de amnistía?
La aplicación de la ley de amnistía no es automática, sino que sucede como con cualquier otra ley: es el juez competente de cada caso relativo al 'procés' el que tendrá que aplicar la norma a cada posible beneficiario. El "órgano judicial es el que tiene que ver en cada caso si es aplicable la ley de amnistía", explica a RTVE.es la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Mercedes García Arán.
Se calcula que más de 300 personas podrían beneficiarse de esta medida de gracia. Cada juez con procedimientos abiertos relacionados con el 'procès' tendrá que analizar y comprobar si la persona implicada cumple con los requisitos de la norma. Y para ello, según la ley de amnistía, los jueces tendrán un "plazo máximo de dos meses" para aplicarla "con carácter preferente y urgente".
Los jueces podrán aplicar la ley de amnistía de oficio o a petición de algunas de las partes, ya sea el interesado o la Fiscalía. Una vez estudiado el caso, los magistrados tendrán que proceder a dictar un auto de extinción de responsabilidad penal si la sentencia ya es firme, o bien, de sobreseimiento libre si la causa todavía se está instruyendo.
¿Qué sucede con medidas cautelares como la orden de busca y captura?
Según el artículo 4.1 de la ley de amnistía, cuando entre en vigor la norma, el órgano judicial que este conociendo la causa "acordará el inmediato alzamiento de cualesquiera medidas cautelares" que se hayan establecido, como puede ser el caso de las órdenes de busca y captura.
En este sentido, la catedrática García Arán explica que cuando entre en vigor la norma, "quedarán sin efecto" las órdenes de busca y captura que pesan sobre algunos implicados en el 'procés', como es el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y subraya que es algo que tendrá que ocurrir de "inmediato", como marca la ley.
Por su parte, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Manuel Cancio precisa que ese tipo de medidas cautelares no decaen de manera automática al entrar en vigor la ley, porque el juez debe dictar un auto para retirar dicha orden de busca y captura.
Misma opinión comparte el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona y senador por ERC Joan Queralt. "El juez de cada caso tendrá que dictar un auto para levantar la orden de busca y captura una vez entre en vigor la ley de amnistía", asegura.
¿Pueden frenar los jueces la aplicación de la ley de amnistía?
"No se puede suspender la entrada en vigor de la ley de amnistía, pero sí los efectos de la misma", asegura a RTVE.es el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Chozas. Es decir, podría quedar congelada la aplicación de la medida de gracia porque "los jueces tienen instrumentos para suspender lo efectos", reconoce Chozas.
Así, los jueces que tengan dudas sobre su encaje en la Carta Magna o en el Derecho de la Unión Europea, pueden presentar, en el primer caso, una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o, en el segundo, una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La presentación de una cuestión de inconstitucionalidad o prejudicial paralizaría la ejecución de la medida de gracia en el caso concreto para el que se hubiera presentado hasta que hubiera un pronunciamiento de las instancias competentes, por lo que podrían pasar años con la ley de amnistía congelada, en especial para las cabezas más visibles del 'procés' independentista, como puede ser Puigdemont.
En todo caso, el catedrático y senador Joan Queralt ha denunciado que desde el Consejo General del Poder Judicial se haya remitido un correo electrónico a los jueces con una guía sobre cómo hacer frente a la ley de amnistía. "Es bochornoso y criticable", sostiene, pues cree que con esta documentación se pretende "presionar" a los magistrados.
En definitiva, todos los juristas coinciden en que ahora se abre un "terreno inexplorado" y se desconoce a ciencia cierta qué va a pasar con la ley de amnistía y cómo se terminará aplicando, porque como pasa con cualquier norma, en última instancia, depende de la interpretación de los jueces.