Puigdemont, Junqueras, Mas, Forcadell... Los rostros conocidos de la amnistía y su papel en el ‘procès’

• RTVE.es hace un repaso al papel de los principales implicados en el 'procès' que se podrán beneficiar de la amnistía
• Previsiblemente serán tres expresidentes catalanes, una expresidenta del Parlament y el líder y la secretaria general de ERC

Carles Puigdemont, Quim Torra, Artur Mas, Oriol Junqueras, Marta Rovira y Carme Forcadell

La amnistía a los implicados en el 'procés' es ya una realidad. La ley se ha aprobado definitivamente este jueves en el Congreso tras medio año de recorrido parlamentario desde que el PSOE la registrara en solitario y ese ha sido el último paso antes de que entre en vigor una vez se publique en el BOE. Y aunque la norma no lleva nombres y apellidos, hay rostros de sobra conocidos a los que se les aplicará la medida de gracia: desde los expresidentes catalanes Carles Puigdemont, Artur Mas, y Quim Torra, hasta la expresidenta del 'Parlament' Carme Forcadell pasando por el líder de ERC, Oriol Junqueras o la exsecretaria general este partido Marta Rovira.

Independientemente de que estos líderes del 'procés' estén en la actualidad huidos y pendientes de juicio o hayan sido condenados o indultados, la entrada en vigor de la ley implicará que se les suprime toda "responsabilidad penal, administrativa o contable". Eso sí, todavía se desconoce cuándo será de aplicación esta norma, ya que depende de varios factores como el Tribunal Supremo, que tiene dos meses para hacerlo, o de que algún juez eleve una cuestión prejudicial a la justicia europea.

Carles Puigdemont, el 'president' del 1-O

Puigdemont es el rostro principal del 'procés' y la persona clave en esta amnistía. Tanto es así, que el Gobierno tuvo que sudar para contar con el apoyo de Junts en el Congreso y acabó aceptando sus cambios en la ley para blindar al expresidente catalán (también pactó con otros socios parlamentarios como ERC). Y es que Puigdemont, que huyó para eludir a la Justicia en 2017, tiene varias causas pendientes.

La primera es la del referéndum del 1-O en el Tribunal Supremo, donde está acusado de desobediencia y malversación agravada (ya no de sedición por la reforma del Código Penal del Gobierno, que suprimió este delito). Su papel fue clave: impulsó desde el Govern la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017, declaró nueve días más tarde de forma unilateral la independencia, aunque la dejó en suspenso, y acabó cesado por el Gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo del PSOE, en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El líder de Junts huyó de España el 30 de octubre de 2017 a Bruselas. El juez Pablo Llarena mantiene contra él órdenes de detención nacional e internacional que se han topado en varias ocasiones con la justicia europea. De hecho, el también eurodiputado (que no repite para las elecciones del 9 de junio) fue detenido en marzo de 2018 en Alemania y en septiembre de 2021 en Italia, pero quedó en libertad en ambas ocasiones. Ahora, el TS está pendiente del TJUE para reactivar la euroorden a Bélgica, aunque de entrar en vigor la amnistía ésta podría quedar en suspenso.

Pero la causa en el Supremo no es la única. El 'expresident' también está siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la causa de Tsunami Democràtic, en la que analiza como posibles delitos de terrorismo los disturbios y acciones promovidos por esta plataforma tras la sentencia del 'procés' en 2019, entre ellos el bloqueo de infraestructuras críticas como el aeropuerto de El Prat. Además, el juez que instruye el 'caso Voloh' (la trama rusa del 'procés') considera que el expresidente de la Generalitat y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de Cataluña.

Aparte de las causas penales, Puigdemont es también uno de los 35 encausados en el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés', por la que piden 5,4 millones al total de los responsables (1,9 en concreto a Puigdemont). El juicio por esta causa terminó el pasado mes de noviembre y está pendiente de sentencia.

Pese a todas estas causas, el expresidente catalán se presentó como candidato a las elecciones en Cataluña del pasado 12 de mayo, que ganó el PSC, y mantiene su intención de regresar a España para acudir a una sesión de investidura. Aún no hay fecha para la misma y está por ver si la amnistía ya se aplica para entonces o si no ya que, en caso contrario, podría ser detenido.

Artur Mas y su papel en la consulta soberanista del 9N

La amnistía también abarca los hechos ocurridos a favor de la independencia de Cataluña entre noviembre de 2011 y noviembre de 2023 y eso toca de lleno la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, por la que el expresidente catalán Artur Mas fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año y un mes de inhabilitación, pena que ya ha cumplido.

El 'expresident' también fue condenado por el Tribunal de Cuentas, junto tres exconsellers (Francesc Homs, Irene Rigau, Joana Ortega, que también podrían ser amnistiados) y otras seis personas, a pagar los costes al erario público que supuso dicha consulta: 4,9 millones de euros.

Más allá de esa condena, Mas tiene otra causa abierta en el Tribunal de Cuentas, la misma que Puigdemont, por los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017. En su caso se le reclama un total de 2,8 millones.

Quim Torra, inhabilitado por los lazos amarillos en 2019

Quim Torra ha sido el primer presidente de la Generalitat de Cataluña inhabilitado durante el ejercicio de su cargo. El 'expresident' fue condenado por desobediencia en dos ocasiones. La primera, en diciembre de 2019, cuando el TSJC le sentenció a año y medio de inhabilitación por su "recalcitrante y reiterada actitud desobediente" a la Junta Electoral en la campaña de las elecciones generales del 28A, cuando se negó a retirar de la Generalitat unos lazos amarillos a favor de los presos del 'procés'. Torra rechazó la sentencia, se negó a dimitir y no abandonó la Generalitat hasta que el Parlament ejecutó el 27 de enero de 2020 la orden de retirarle el acta de diputado. La sentencia fue confirmada por el Supremo posteriormente.

Además, en mayo de 2022, un juez de Barcelona también condenó a Torra a 15 meses de inhabilitación por desobediencia al TSJC al no acatar la sentencia.

Oriol Junqueras y el resto de condenados del 'procés'

Otra cara más que visible de la amnistía será la del líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que fue condenado en 2019 a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación en la sentencia del 'procès' del Tribunal Supremo. Junto a él, fueron también condenados los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Joaquim Forn; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los entonces presidentes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. También los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santiago Vila, que fueron condenados solo por malversación (no llegaron a pisar la cárcel).

Los nueve condenados por sedición fueron indultados de la pena de cárcel en 2021 tras cumplir dos años en prisión, pero mantienen sus respectivas penas de inhabilitación (con condenas que van desde los nueve años con la prohibición de ejercer como cargo público hasta los 13, en el caso de Junqueras).

Así, por ejemplo, a diferencia de Puigdemont, que todavía no ha sido juzgado en España dada su huida, Junqueras no podía presentarse a las elecciones catalanas de mayo. Unas elecciones en las que su partido sufrió un importante desplome, pasando de 33 a 20 escaños, por el que Junqueras anunció que dimitirá de su cargo tras las elecciones europeas del 9 de junio. Con todo, aspira a reeditar la confianza de la militancia para seguir siendo líder de la formación en el Congreso del partido en noviembre.

Marta Rovira, investigada por terrorismo en la causa Tsunami

La ley de amnistía también será previsiblemente de aplicación para Marta Rovira, la secretaria general de ERC aunque por poco tiempo (se mantendrá solo hasta el Congreso del partido en noviembre tras los malos resultados en Cataluña). Está procesada por desobediencia en el Tribunal Supremo por su participación en el referéndum de independencia del 1-O, pero huyó a Suiza en marzo de 2018 alegando que no disponía de "garantías judiciales suficientes" en España y permanece allí prófuga desde entonces.

No es la única causa que tiene pendiente, puesto que está en el foco del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por la causa 'Tsunami Democràtic' e investigada, al igual que Puigdemont, por terrorismo. La Guardia Civil, de hecho, sitúa a Rovira en el centro de aquellas operaciones, mientras que el juez ve en Puigdemont un claro "rol de liderazgo".

Carme Forcadell, la presidenta del Parlament que aprobó las 'leyes de desconexión'

Aunque ya ha sido mencionada anteriormente como una de las condenadas e indultadas del 'procès', Carme Forcadell (ERC) merece un apartado específico por el papel que desempeñó en el referéndum de independencia de 2017 y en el proceso independentista. Ella venía de ser la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) entre 2012 y 2015, una organización soberanista que jugó un papel clave en el 'procés'. Y tras las elecciones catalanas de 2016, se convirtió en la presidenta del Parlament.

Desde esta posición, Forcadell jugó un papel fundamental para aprobar lo que se denominó como las 'leyes de desconexión': la llamada 'ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana', la 'ley del régimen jurídico catalán' y la 'ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña'. Estas tres leyes se aprobaron en la Cámara catalana los días 6 y 7 de septiembre de 2017 en un intento de dar legalidad a todo el proceso independentista.

Aquello se hizo con nocturnidad y desoyendo las advertencias de los letrados del Parlament, introduciendo dichas normas en el orden del día en el último momento para tratar de sortear al Tribunal Constitucional (que igualmente acabó suspendiendo las leyes). Y aquellos plenos partieron al Parlament por la mitad, con la ausencia de Ciudadanos, el PSC y el PPC, que se negaron a participar de los mismos.

Tras dos años de prisión preventiva, Forcadell fue condenada por el Supremo en octubre de 2019 a 11 años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo público por el delito de sedición.

Otros huidos del ‘procés’: Ponsatí, Comín y Puig

Hay otros rostros conocidos que esperan beneficiarse de la amnistía. Entre ellos, los exconsellers huidos Toni Comín y Lluis Puig, procesados por el Supremo por desobediencia y malversación, y Clara Ponsatí, procesada también por desobediencia y una de las encausadas en el Tribunal de Cuentas.

Aunque Ponsatí permanecía huida, el año pasado regresó en dos ocasiones a España pese a la orden de busca y captura contra ella, y fue detenida y puesta en libertad tras negarse a declarar ante el juez. En su caso, el delito de desobediencia grave por el que está procesada solo implica pena de inhabilitación.

También podría entrar dentro de la amnistía la exconsellera Meritxell Serret, que huyó en un primer momento de España pero acabó regresando y presentándose ante el Supremo en marzo de 2021. Fue condenada en abril de 2023 por el TSJC a un año de inhabilitación por desobediencia en el referéndum del 1-O.

Otro de los exconsellers que se podría beneficiar de la amnistía es el de Interior Miquel Buch, condenado a cuatro años de cárcel y 20 de inhabilitación por simular la contratación del sargento de los Mossos Lluís Escolá como asesor de su departamento, cuando a lo que realmente se dedicó fue a realizar labores de escolta para Puigdemont cuando huyó a Bélgica.

Por último, la amnistía podría beneficiar igualmente a aquellos que están pendientes de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los preparativos del 1-O, entre los que están la consellera catalana de Cultura Natàlia Garriga, el presidente de ERC en el Parlament, Josep María Jové, y el exsecretario de Hacienda del Govern Lluís Salvadó. Para estos dos últimos, la Fiscalía pide seis años y tres meses y siete años de cárcel, respectivamente, por malversación agravada, prevaricación y desobediencia al considerarles los 'arquitectos' del referéndum. Para Garriga pide un año de inhabilitación por desobediencia grave. El juicio está previsto para empezar en octubre.