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La compleja viabilidad del Estado palestino

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14 horas - ¿Es posible un Estado palestino con la actual ocupación israelí?

Tiene mucho de desiderátum pero, a día de hoy, es poco realista pensar en la viabilidad de un Estado palestino. La falta de continuidad territorial, la ocupación, la posición crítica de Jerusalén, con un enorme peso simbólico para las tres religiones, y la propia debilidad de la Autoridad Palestina hacen que esta vía sea, más que el registro de una realidad, un mensaje a Israel. "Se acabó la impunidad. La guerra en la Franja de Gaza y los crímenes que se están perpetrando en el terreno, tanto de lesa humanidad como de guerra, tienen un coste y no se puede dar un trato privilegiado a un país que vulnera, sistemáticamente, el derecho internacional humanitario" asegura el profesor Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid.

El reconocimiento del Estado Palestino nos retrotrae a las fronteras del 67. Hablamos de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, tres territorios que no tienen la continuidad territorial que le podemos presuponer a un Estado. Por eso ya se había barajado, con anterioridad, esa propuesta que recogía el presidente Sánchez de un corredor (tanto en superficie como subterráneo) que permita la conexión entre la zona más próxima al Jordán y la anexa al Mediterráneo.

Pero es que, además, dentro de esos territorios palestinos viven entre 700.000 y 800.000 judíos. Algunos en asentamientos autorizados por Israel, -que no legales, porque todos son ilegales según el derecho internacional- y otros, sencillamente, por una política de hechos consumados de los colonos, a la que Tel Aviv raramente responde. "Esas políticas son contrarias al derecho internacional y, por lo tanto, una condición sine qua non para que se establezca el Estado Palestino, es que se desmantelen todas esas colonias construidas ilegalmente, ante la pasividad absoluta de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea", explica el profesor Alvarez Ossorio..

A eso hay que añadir que más de la mitad de esos territorios de los que hablamos están bajo administración civil y militar israelí. E, incluso, en los que están bajo el paraguas de la Autoridad Palestina, Israel se reserva derechos en materia de seguridad. Esto supone, por ejemplo, el establecimiento de checkpoints que obligan a los palestinos a contar con una autorización específica de paso -recordemos, por ejemplo, cómo esos permisos se redujeron en Semana Santa o en Ramadán- o cómo el Ejército de Israel (IDF) puede cerrar los accesos a ciudades como Jenín, impidiendo la entrada y salida de los residentes.

En tercer lugar, sin Estado, los palestinos no tienen pasaporte propio. Cuando cuentan con un permiso de salida de la Autoridad Palestina será, también, a la postre, Israel quien tenga la última palabra. Siempre, para viajar hacia Jordania, sin que puedan, por lo general, volar desde Ben Gurion.

La cuestión de la capitalidad y el Gobierno

Respecto a la espinosa cuestión de la capitalidad, va más allá de un reconocimiento administrativo, por la enorme pátina religiosa, para judaísmo y para islam. Pero también para el cristianismo. Por eso se pensó, para Jerusalén, un estatus especial que no se ha cumplido. La realidad es que en 1980, Israel se anexionó Jerusalén Este y, desde entonces, la considera su capital "eterna e indivisible". Fue esa decisión la que llevó, de hecho, a que muchos países instalaran sus embajadas en Tel Aviv.

Pero para los palestinos es allí, en Jerusalén Este, donde debería estar su capital, en la parte árabe, donde viven unas 300.000 personas que, en la práctica, están también bajo el control administrativo de Israel.

Y si no tiene continuidad territorial, el Estado Palestino tampoco tiene un Gobierno único: Hamas en Gaza y la Autoridad Palestina, en Cisjordania, donde sufre una debilidad que no ha hecho sino ir a más. A eso ha contribuido, primero, la propia división entre las facciones palestinas y, segundo, la erosión a la que la ha sometido el gobierno de Israel.

Tel Aviv se encarga, por ejemplo, de la recaudación de impuestos procedentes de las exportaciones palestinas y acelerar o ralentizar o, directamente, bloquear esos ingresos es una forma de ejercer presión sobre la ANP. Y este es un aspecto en el que la consultora y asesora de estrategia Lianne Pollak-David cree que el reconocimiento puede empeorar las cosas, dando argumentos al gobierno de Netanyahu. "El Gobierno es extremista y no es un reflejo de la población israelí", explica quien fuera miembro del Consejo de Seguridad Nacional. "Y esto ayudará a ese Gobierno que podrá decir 'mira lo que el mundo nos está haciendo, el mundo está contra nosotros, tenemos que luchar contra esto'".

Lo que tendría que haber hecho la comunidad internacional, a su juicio, para que la población israelí entendiera y asumiera lo que significa esta decisión, es "situar, primero y ante todo, el acuerdo para la vuelta de los rehenes como el asunto previo a cualquier otro paso".

El reconocimiento de los dos Estados vendría, de alguna manera, a respaldar a la Autoridad Palestina frente a Hamás, que no deja de ser considerado un grupo terrorista por la mayoría de la comunidad internacional y cuya presencia en el Gaza del día después ya ha sido descartada. "Fortalece a los sectores más moderados y debilita a los más radicales", asegura Álvarez Ossorio, "por el rechazo y la condena clara de los comportamientos y los ataques de Hamás".

Pero eso no oculta el hecho de que el presidente Abás tenga un problema muy importante de falta de apoyo en los territorios. "Con la situación humanitaria empeorando en Gaza, el apoyo a Hamás decae en Cisjordania y en la Franja, a la vez que el apoyo a la lucha armada disminuye, también, en ambos escenarios -concluía la encuesta del mes de abril del 'Palestinian Center for policy and survey research'. No obstante, permanece, sin cambios, un amplio apoyo popular a la ofensiva del 7 de octubre y "la posición de la Autoridad Palestina y sus dirigentes sigue siendo extremadamente débil". Habrá que ver en qué dirección avanza el programa de reformas que se le exigen.