La pena de muerte marca su nivel más alto en ocho años con 1.153 ejecuciones en el mundo
- El informe de Amnistía Internacional revela que se llevaron a cabo 1.153 ejecuciones
- Solo Irán y Arabia Saudí concentran el 89% de las ejecuciones totales en el mundo
El informe de Amnistía Internacional sobre el número de ejecuciones por pena de muerte en 2023 revela un dato desolador, con un aumento significativo de las condenas de esta clase en hasta 16 países: se realizaron un total de 1.153, un 31% más con respecto a 2022 (883). Según la ONG, se trata del número más alto registrado desde 2015, con países como China entre sus principales ejecutores.
Solo Irán y Arabia Saudí suman hasta el 89% total de las ejecuciones llevadas a cabo en el mundo, un 15% y un 74% respectivamente, y dirigidas contra activistas, disidentes y minorías. También destacan casos como Somalia, donde las condenas se duplicaron por seis en menos de un año, y Yemen, donde aumentaron de cuatro a 12 ejecutados en ese mismo período.
De las registradas en Irán, al menos 545 fueron realizadas por delitos que no deberían conllevar la pena de muerte según el derecho internacional, como posesión de drogas, robo y espionaje. Además, la ONG denuncia que en muchos casos se realizaron de forma sumaria y sin derecho a juicio.
Democracias como Estados Unidos tampoco se libran de esta clasificación. El año 2023 fue el más mortífero desde 2019 en cuanto a ejecuciones en el país norteamericano, con cuatro Estados que monopolizaron las penas de muerte hasta sumar un total de 24 los ejecutados.
Sin embargo, este dato contrasta con un descenso en el número de países que practicaron la pena de muerte en el mundo, seis menos con respecto a 2022 y el número más bajo entre los registros de Amnistía Internacional. Actualmente, 144 países han abolido la pena de muerte.
Secretismo en países autoritarios
El número de ejecuciones contabilizadas por pena de muerte no se corresponde con el total real ante el secretismo de ciertos Estados, que maquillan o directamente ocultan los datos. Amnistía Internacional advierte que miles de personas han sido ejecutadas en China. De forma similar, la organización no pudo presentar cifras sobre Corea del Norte y Vietnam, países que operan al mismo nivel que el gigante asiático.
Los informes oficiales limitados obtenidos de estos tres Estados muestran un dato preocupante al indicar que la disidencia será castigada en cualquier caso con la muerte, lo que forma parte del arsenal estatal para mantener el control sobre su población. Entre los métodos que estos países contemplan se encuentra la inyección letal y el fusilamiento.
En China se usaron las informaciones publicadas en los medios de comunicación estatales para revelar cómo delitos como el narcotráfico o el soborno serían castigados con dureza y desembocarían en la ejecución, mientras Corea del Norte promulgó una ley que prevé la pena de muerte como castigo para quienes no usen la lengua nativa coreana.
Continúan los avances pese a los retrocesos
A pesar de este incremento, solo una cuarta parte de los países totales en el mundo mantiene la pena de muerte en la actualidad, de los que 16 llevaron a cabo ejecuciones en 2023. No se realizaron en Bielorrusia, Japón, Birmania y Sudán del Sur, países que sí aplicaron condenas a muerte en 2022.
El informe señala cómo la retórica a favor de la pena de muerte ocupó un lugar central en algunos países, después de crímenes de alto perfil o antes de elecciones, a pesar de la falta de pruebas de que este castigo tenga un efecto disuasorio único.
Uno de los casos se encuentra en la Asamblea Nacional de Corea del Sur, que en septiembre de 2023 adoptó enmiendas para incluir la pena de muerte por el asesinato o abandono de recién nacidos.
Las impugnaciones a la pena de muerte se han ido acumulando en varios países a lo largo de los años y han dado resultados en este último. En Asia, Pakistán derogó la pena de muerte para delitos de drogas, y Malasia abolió la pena de muerte preceptiva. Las autoridades de Sri Lanka confirmaron que el presidente no tenía la intención de firmar órdenes de ejecución, lo que ha disminuido la preocupación de que se reanudaran las ejecuciones.
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Transcripción completa
a pesar de que Bielorrusia sí que lo mantiene como castigo.
La voz de Rocky Myers llega desde lo más profundo
del corredor de la muerte donde lleva ya 30 años.
Fue acusado en 1991 d e asesinar a una mujer en Alabama.
La única prueba:
tenía un transistor que pertenecía a la víctima.
Él asegura que se lo encontró en la calle.
Es la primera irregularidad, la falta de evidencias,
de una larga lista:
el único testigo que lo situó en la escena del crimen
reconoció que había mentido,
no se ha tenido en cuenta su discapacidad psíquica
y es negro y pobre.
"Hay muy poca gente en el corredor de la muerte
que haya podido pagar a su propio abogado".
El jurado, compuesto por 11 blancos y una negra,
apostó por la cadena perpetua.
El juez lo sentenció a muerte.
Su primer abogado, un ex miembro del Ku Klux Klan,
lo abandonó, y por eso, no pudo apelar.
Ahora otro equipo trata de salvarlo
y lucha por abolir la pena de muerte.
En Estados Unidos el año pasado hubo 24 ejecuciones,
seis más que el anterior.
La cifra a nivel global también ha aumentado.
"Casi el 40% de todas las ejecuciones judiciales
están relacionados con los delitos de drogas,
lo que además castiga especialmente a las minorías étnicas,
personas racializadas y personas en situación de pobreza".
Rocky puede ser ejecutado cualquier día.
Su única opción es el indulto.
"En Alabama solo ha sido concedido una vez,
y fue a una mujer blanca", dice su abogada.
La estadística no juega a favor,
lo obvio, sí:
la pena de muerte es incompatible con el derecho a la vida.
Siguen tramitándose proyectos de ley para abolirla en África, con avances en Kenia, Liberia y Zimbabue. En Ghana, el Parlamento votó a favor de dos proyectos de ley que eliminaban la pena de muerte de la legislación vigente, aunque, al concluir 2023, no se habían convertido aún en ley.
Asimismo, Amnistía Internacional registró conmutaciones o indultos de penas de muerte en 27 Estados, así como nueve exoneraciones de presos condenados a muerte en tres países: Kenia, EE.UU. y Zimbabue.
La lucha contra la pena de muerte ha sido uno de los caballos de batalla de Amnistía Internacional desde hace décadas, así como de varias ONG y organizaciones internacionales que buscan su abolición total en el mundo.
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