La seguridad en México, el gran reto sin resolver que se resiste a sus dirigentes
- La criminalidad es una de las mayores preocupaciones de la población mexicana en las elecciones
- Las medidas del Gobierno no han solucionado el problema de la inseguridad en el país
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Un total de 2.251 candidatos se presentan a las elecciones federales del domingo en México; más de 4.000, un 177%, se han retirado ante las presiones —cuando no directamente su asesinato— por parte del narcotráfico. La violencia y la inseguridad ciudadana son los temas de mayor relevancia en unos comicios marcados por la impunidad del crimen organizado.
Los dos factores son las principales preocupaciones de los votantes mexicanos. Así lo acredita la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en la que el 61% de la población considera su ciudad como “no segura”, con cifras que superan el 80% en regiones con presencia de cárteles como Colima o Tapachula. De media, México es el cuarto país de Latinoamérica con mayor tasa de homicidios, con un total de 23,3 por cada 100.000 habitantes.
"Actualmente hay organizaciones criminales que operan a nivel local y que intervienen en la vida política y social en la que los mexicanos cohabitan diariamente, y que contrasta con la visión de Estado que tiene la Presidencia y que no contempla estos niveles de complejidad", advierte la investigadora de historia de la violencia y criminalidad en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, Marisol Ochoa.
Una de las principales promesas del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando asumió el cargo en 2018, fue desmilitarizar las fuerzas de seguridad y reducir sus enfrentamientos con las bandas criminales bajo la denominada política de “abrazos, no balazos”.
"Dicha política terminó en fracaso, porque no solo fue mal vista por la población donde operaban los criminales, sino que no dejaron de actuar violentamente a pesar del carácter conciliador gubernamental", señala el profesor de Relaciones Internacionales de Seguridad de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Raúl Benítez-Manaut.
Por lo pronto, el Gobierno no ha eliminado la presencia militar de la protección civil mexicana, tan solo ha transformado sus funciones a través de la denominada Guardia Nacional. La inseguridad sigue siendo un reto sin resolver y el problema irá más allá de la próxima legislatura.
Las lagunas del Plan Nacional de Paz y Seguridad
Los primeros meses de gobierno de AMLO estuvieron dominados por un debate sobre seguridad que evidenció la incapacidad del Ejecutivo para dar una solución a corto-medio plazo.
El presidente centró su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 en ocho puntos con el objetivo de paliar el fracaso de las estrategias anteriores. A pesar de ello, carecía de claridad sobre la forma en que se concebían estas políticas y su alcance.
El plan asumía que buena parte de la crisis de inseguridad mexicana estaba vinculada con la desigualdad y la falta de oportunidades, lo que constituía un cambio en el discurso respecto a las administraciones anteriores.
Sin embargo, este también presentaba líneas de continuidad, como el uso del Ejército para luchar contra el crimen. De hecho, AMLO recortó el presupuesto a las fuerzas del orden y eliminó la Policía Federal. En su lugar, creó la Guardia Nacional, una unidad bajo control militar, lo cual mantenía el protagonismo de las Fuerzas Armadas en la seguridad mexicana.
"En toda América Latina flota el tema de la mano dura con ejemplos como Bukele, quien llegó a encarcelar al 1% de la población de El Salvador, pero en México no es posible porque equivaldría a más de un millón de presos, y no hay cárceles que aguanten eso", sostiene Benítez-Manaut. "En el caso mexicano, su versión consiste en usar al Ejército como sustituto de la policía para confrontar a las organizaciones criminales", explica.
Por otro lado, AMLO propuso con su Estrategia Nacional de Seguridad Pública cambios en las políticas de regulación de las drogas. Con ellas cargaba contra el modelo prohibicionista, al que tildó de “ineficaz desde el punto de vista de salud pública” y que “criminaliza a los consumidores”.
En cualquier caso, las medidas no llegaron a concretarse y, por el contrario, en los años siguientes aumentó la persecución y estigmatización del consumo de estupefacientes. "Estados Unidos ha estado presionando a México para que tenga acciones eficaces porque las dos grandes organizaciones criminales de México, el cártel de Sinaloa y de Jalisco, se dedican al tráfico de fentanilo, que causó la muerte de 106.000 estadounidenses en 2023", apunta Benítez-Manaut.
El águila contra la serpiente; en el escudo mexicano, la rapaz devorando al reptil representa la victoria del Sol sobre los enemigos ADRIÁN ROMERO
La gloria vacía de la Guardia Nacional
Si hay una medida que ha sido considerada la estrella del Gobierno de López Obrador, esta es sin duda la creación de la Guardia Nacional.
Antes de que AMLO transformase la Policía Federal, el cuerpo estaba en un estado lamentable. El anterior Gobierno de Peña Nieto apenas contaba con 37.000 efectivos, con un estimado promedio en 2017 de 0,8 policías por cada 1.000 habitantes.
La Presidencia mexicana creó la Guardia Nacional como una fuerza de paz que congregaría diferentes contingentes de las Fuerzas Armadas, incluidas las Guardias Presidenciales, Policía Naval y Militar, así como 50.000 nuevos soldados. Un esfuerzo conjunto que buscaba afianzar un organismo de tipo policial, aunque a través de elementos castrenses.
"La Guardia Nacional es una corporación de carácter civil que parece, opera y mantiene una formación militar o, al menos, intenta ser una versión más suavizada, pero sin lograr dicho objetivo", observa el investigador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, Carlos Luis Merino Ayala.
Como resultado, los efectivos carecen "de la capacitación e instrumentos necesarios para desarrollar tareas de orden público y en apego a los protocolos respecto al uso de la fuerza, ya que poseen el mismo tipo de armamento que las fuerzas armadas mexicanas, lo que en muchas ocasiones sobrepasa las necesidades para la realización de tareas de seguridad pública y dificulta el empleo diferenciado y proporcional de la autoridad", advierte Ayala.
El experto recuerda que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, la Guardia Naciona tiene un número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos mayor al del Ejército y Marina, ya sea por uso desproporcionado de la fuerza o por desconocimiento u omisión de los reglamentos para su empleo adecuado.
Municipios asimétricos y desigualdad policial
La legislación mexicana procede de la Constitución de 1917 y no se han modificado sus términos fundamentales desde entonces, por lo que la organización territorial del país es una de tipo federal con tres niveles de gobierno. La seguridad pública corresponde al municipal.
Según Raúl Benítez-Manaut, "en México hay más de 2.000 municipios, y de ellos seis tienen el tamaño de un país con tres o cuatro millones de habitantes, frente a otros que solo tienen unas decenas de miles, con cuerpos policiales muy poco profesionalizados".
En consecuencia, y "si entramos a cómo están operando las economías ilegales, en efecto atienden a territorialidades que les permitan sacar provecho de las debilidades institucionales y vulnerabilidades existentes para ser corrompidas, cooptadas o intimidadas", apunta Ochoa.
Por otro lado, "no hay datos sobre distribución territorial de las fuerzas federales y esos vacíos de información dejan ver muchas veces que no hay una claridad más allá de lo que marcan los estándares internacionales de cuántos policías tienen que haber por ciudad", critica Ochoa.
"Entretanto, hay más elementos policiales en estados donde no hay tanta violencia, con números a veces exorbitantes para abordar problemas que no lo ameritan", indica.
La aprobación de este organismo ha representado a su vez un compromiso político cargado de ambigüedades, si bien finalmente fue aprobada en el hemiciclo. Para la oposición, la medida ofrecía una ruta hacia la creación de una institución policial de "naturaleza civil" y, por consiguiente, a la desmilitarización. Por eso han vetado a lo largo de estos años los intentos del partido oficialista de poner a la institución bajo pleno control militar.
El presidente no devolvió al Ejército a los cuarteles y, en cambio, lo ha convertido en parte de su repertorio gubernamental. De hecho, la institución que cuenta con un gran apoyo entre la población, a pesar de su historial de corrupción y colaboracionismo con cárteles de droga.
Sheinbaum y la herencia de AMLO en materia de seguridad
Si se cumplen las encuestas, Claudia Sheinbaum, protegida de López Obrador, será la próxima presidenta de México y la seguridad será una de las herencias sobre las que tendrá que actuar.
La aspirante ha reconocido los altos niveles de violencia que muchos mexicanos aún afrontan, incluso cuando las estadísticas del Gobierno pretenden reflejar un descenso en el número de homicidios que contrasta con el asesinato de al menos 15.082 personas en el país solo durante los primeros seis meses de 2023.
A pesar de ello, la mayoría de políticas de Sheinbaum son continuistas. "Haga lo que haga, lo principal es fortalecer a la policía, pero también no dejar al Ejército fuera del esquema porque es el que hace la inteligencia estratégica contra las grandes organizaciones criminales; y debe fomentar la cooperación internacional con Estados Unidos para que funcione", comenta Benítez-Manaut.
Si resulta electa, Sheinbaum tendrá que "convencer y demostrar que existe un camino para que la Guardia Nacional sea realmente una institución que permita retirar a los militares de las calles", asegura Ayala.
"La criminalidad está gestionando la vida local y política, por lo que la cuestión no solo puede quedarse en el horizonte electoral, sino que deben entenderlo los que tomen los relevos", reseña Ochoa.
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