Las caras menos conocidas que se beneficiarán de la amnistía: desde funcionarios y alcaldes a policías y activistas

• El Gobierno prevé que la ley se aplique a casi 400 personas, 90 de ellos policías, aunque el independentismo cree que serán más
• La ley abarca los posibles actos ilícitos en favor de la independencia desde noviembre de 2011 hasta noviembre de 2023

Una persona deposita su voto durante referéndm ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña EFE

La ley de amnistía tiene centenares de rostros, la mayoría mucho menos reconocidos que los de los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas o el líder de ERC, Oriol Junqueras. Se trata de funcionarios, alcaldes, policías o activistas que, de alguna u otra forma, participaron en el ‘procés’ independentista catalán y esperan poder beneficiarse de la medida de gracia y que se acaben los procesos judiciales en los que están inmersos o que se vean libres de las condenas que les fueron impuestas.

Este jueves ha sido un día clave para ellos, el día en que la amnistía se ha aprobado definitivamente en el Congreso tras medio año de recorrido parlamentario. Está por ver, eso sí, cuándo se podrá aplicar. El Tribunal Supremo tiene dos meses para hacerlo una vez entre en vigor, pero cualquier juez español podría paralizar el proceso elevando una cuestión prejudicial a Europa.

La estimación del Gobierno y del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, es que la norma acabe beneficiando a un total de 372 personas que tienen causas penales derivadas del ‘procés’. Junts, uno de los partidos clave en la elaboración del texto con los que pactó el Ejecutivo, estima que los beneficiados vayan a ser considerablemente más, unos 1.400.

La ley, según establece en su texto, exime de la "responsabilidad penal, administrativa o contable" por todos los hechos comprendidos en el marco del proceso independentista entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, lo que implica no solo el referéndum del 1 de octubre de 2017, sino hechos anteriores como la consulta soberanista de 2014 o protestas y disturbios derivados de la sentencia del 'procés' en 2019.

La amnistía "abarca no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum” sino otros posibles actos ilícitos como “los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables”. También incluye “la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables, así como todos los actos objeto de la presente ley que acreditan una tensión política, social e institucional”. Incluye los hechos impulsados desde las instituciones de la Generalitat, el apoyo de la sociedad civil, y el papel de los ayuntamientos. A continuación, un repaso de los beneficiados de la amnistía.

Alcaldes y concejales

Pasado el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, la Fiscalía ordenó investigar a 712 alcaldes catalanes por su “participación activa” en la organización de dicha consulta, más allá de una mera “adhesión política” al proceso. Apuntaba a delitos de desobediencia y también de prevaricación, en algunos casos. Sin embargo, la mayoría no llegaron a juicio, pocos acabaron siendo procesados y muchos menos condenados.

Sí que ha habido algunas condenas entre regidores de ayuntamientos, y no solo por lo ocurrido en 2017. Entre ellos, la exalcaldesa de Berga Montserrat Venturós, que se negó a retirar la bandera estelada de la fachada del consistorio en las elecciones autonómicas y generales de 2015 y acabó inhabilitada. Y por el referéndum del 1-O fueron condenados también a inhabilitación los entonces alcaldes de Agramunt y Sabadell, Bernat Solé y  Matíes Serracant, respectivamente, por el delito de desobediencia grave.

Otro ejemplo de posibles beneficiados en la amnistía son los exconcejales socialistas de Pineda de Mar Carme Aragonès y Jordi Masnou, que fueron condenados a un año de prisión e inhabilitación por coacciones a hoteles de la Costa Brava por acoger a policías nacionales que se desplazaron a Cataluña para impedir el referéndum.

Funcionarios públicos y profesores de colegios

El Tribunal de Cuentas mantiene una causa abierta contra 35 funcionarios públicos por el referéndum del 1-O, a quienes reclama un total de 4,5 millones de euros por los gastos derivados de la consulta. Aquí entran los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, o el exvicepresidente Oriol Junqueras. Pero además, destaca el secretario general de Diplocat entre 2013 y 2017, Albert Royo, a quien solicita en particular 3,6 millones de euros. Royo también tiene una causa abierta en el juzgado número 18 de Barcelona por la acción exterior del Diplocat y en la Audiencia de Barcelona por los gastos del viaje a Cataluña de ocho parlamentarios europeos como observadores del 9-N y por la producción de veinte vídeos para promocionar la consulta de 2014.

Otro caso es el que compete, por ejemplo, a los exdirectores de TV3 y Catalunya Radio Vicent Sanchis y Saül Gordillo, investigados por posible malversación de fondos y desobediencia por los anuncios que emitieron sobre el referéndum del 1-O.  

La amnistía también podría aplicarse a los directores de colegios y profesores que participaron del referéndum habilitando a sus centros educativos para que los catalanes fuesen a votar y que pusieron urnas en ellos.

Policías, guardias civiles y Mossos

Igualmente, la ley prevé dar cobertura a los agentes de las fuerzas del orden que están acusados por las cargas policiales del 1-O y que el Gobierno cifra en 90. 

También, a aquellos ‘mossos’ que mostraron permisividad con el referéndum del 1-O. Y dentro de este cuerpo, aunque por otro motivo, destaca el sargento Lluis Escolà, que sirvió de ‘escolta’ de Puigdemont durante su huida a Bélgica y que fue condenado a cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación.

Asimismo, podría beneficiarse Josep Lluís Alay, el empresario que acompañaba a Puigdemont cuando el ‘expresident’ fue detenido en Alemania y fue procesado por encubrimiento. Además, está siendo investigado en un Juzgado de Barcelona junto con el exconseller Xavier Vendrell por el caso 'Voloh' (la trama rusa del 'procés') por el presunto desvío de fondos públicos al independentismo. 

Activistas e implicados en las causas CDR y Tsunami Democràtic

La amnistía abarcará previsiblemente también a activistas que participaron y organizaron las protestas por las cargas policiales del 1 de octubre, o por la sentencia del 'procés' de 2019, entre otros. Esto incluirá también, previsiblemente, los actos de los autodenominados 'Comités de Defensa de la República' (CDR) y Tsunami Democràtic, encausados por planificar actos de sabotaje en repuesta a la sentencia del 'procés', entre ellos el bloqueo de infraestructuras críticas como el aeropuerto de El Prat, y por los disturbios en las manifestaciones contra la misma.

Precisamente, los CDR y Tsunami han supuesto un quebradero de cabeza para el Gobierno y sus socios a la hora de elaborar esta ley, ya que los implicados en esta causa (entre ellos el propio Puigdemont) están acusados de terrorismo, que queda excluido en la amnistía. Sin embargo, finalmente el Ejecutivo y Junts acordaron remitirse en la ley al concepto de terrorismo del derecho europeo y no al Código Penal español, con el fin de blindar ambas causas.

En concreto, quedan excluidos, según el texto de la norma, "los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario".