La Fiscalía Europea reclama la investigación de todo el caso Koldo

• Al comprobar que uno de los contratos investigados se financió con fondos europeos, han acordado asumir toda la causa 

El exasesor de José Luis Ábalos Koldo García, tras quedar en libertad con medidas cautelares

La Fiscalía Europea ha reclamado este jueves la competencia del conocido como caso Koldo, en el que la Audiencia Nacional ha investigado hasta ahora la adjudicación de una serie de contratos de mascarillas a una empresa en plena pandemia y en la que uno de los principales imputados es Koldo García, exasesor del exministro de Transportes socialista, José Luis Ábalos.  

Tras solicitar información al juez al comprobar que uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea ha acordado asumir toda la causa y "así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo", según informa en un comunicado.

No se publicarán más detalles de la investigación por ahora

La Fiscalía ha precisado que esta actualización excepcional se produce "después del altísimo interés público suscitado por esta investigación". Además, añade que "no se harán públicos más detalles en esta etapa". 

El presunto caso de corrupción a través de contratos firmados durante la pandemia para la compra de mascarillas conocido como "caso Koldo" afecta a partidas de dos fondos europeos que movilizaron en total 17,8 millones de euros, según han trasladado las autoridades españolas a la Comisión Europea.

El pasado marzo, un portavoz confirmó que se trata, en concreto, de 14,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de otros 3,1 millones que forman parte del Fondo europeo de Solidaridad. 

Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea es responsable de investigar, procesar y juzgar los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE.

Siempre que exista una sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando el presupuesto de la UE, ya sea en lo que respecta a los ingresos o a los gastos, las autoridades nacionales, así como todas las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE, tienen la obligación legal de informarlo a la Fiscalía Europea sin demora.

¿Qué ocurre ahora?

Fuentes jurídicas informaron a EFE en Madrid de que ahora el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pedirá un informe a la Fiscalía Anticorrupción, encargada de la investigación con él hasta ahora. 

Tras recibir ese informe, que no es vinculante, si Anticorrupción se opone a la pretensión de la Fiscalía Europea, el magistrado puede plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que es el que decidirá quién se queda el caso, como dicta la norma que regula en España la Fiscalía Europea.

El reglamento de la Fiscalía Europea establece que cuando esta ejerza su derecho de avocación sobre una causa, "las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito", precisaron otras fuentes.

Si finalmente la EPPO se queda con la investigación, el juzgado de la Audiencia Nacional que la dirigía hasta ahora la dejará completamente en sus manos, ya que, a diferencia del modelo español —en el que las investigaciones las dirige un juez—, en el europeo la asume totalmente la Fiscalía.