La Fiscalía Anticorrupción pide imputar a dos altos cargos de Transportes en el 'caso Koldo'

• También pide citar como investigado al que fue secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez
• El Ministerio Público asegura que "podrían haber ejercido ciertas presiones" para "la adjudicación"

El exasesor de José Luis Ábalos Koldo García, tras quedar en libertad con medidas cautelares

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' que cite como investigados al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, al director general de gestión de personas de ADIF, Michaux Miranda, y al que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. 

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita la declaración asegurando que del informe recientemente aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "se desprende que podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas". 

Todo ello, apunta el fiscal, "sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos, dando por hecho y sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación, que el adjudicatario final iba a ser Soluciones de Gestión", la principal empresa investigada en la causa.  

"En principio, sin perjuicio de ulteriores consideraciones, tal conducta podría ser encajable dentro de los contornos del delito de tráfico de influencias. Por lo tanto, a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra ellos situaciones materiales de indefensión, se considera procedente que se ha de proceder a su toma declaración en calidad de investigados", añade Anticorrupción. 

Cargos de puertos acuden como testigos

Además, la Fiscalía también pide al juez Ismael Moreno la declaración como testigos de la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera; Francisco Toledo Lobo, presidente de Puertos del Estado entre marzo de 2020 y diciembre de 2021; Aránzazu de Miguel Peña, jefa del área de contratación y gerencia de riesgos de Puertos del Estado; y María Belén Caballero Martínez, jefa de departamento de contratación adscrita a la Secretaría General de Puertos del Estado. 

Igualmente, pide llamar como testigos al director de Recursos Humanos del ente, Martín José Navarro Vicent; al jefe del área de RRHH, soporte y alta velocidad de ADIF, Jesús Ángel Díaz; al secretario del Consejo de Administración de ADIF, Guillermo Martínez de Simón; al actual director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y ex director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes Javier Sánchez Fuentefría, y al subdirector general de planificación y gestión de infraestructuras y medios para la seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, Daniel Belmar Prieto. 

En el citado informe de la UCO, y que la Fiscalía evoca en su escrito, los agentes hacen referencia a Sánchez Fuentefría, y a José Manuel Gómez, que continúa como subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible. 

La Guardia Civil destaca el "papel clave" de Sánchez Fuentefría en que la contratación de Soluciones de Gestión --la empresa que la presunta trama utilizaría para conseguir los contratos que ahora se investigan-- fuese "transmitida a sus entes dependientes de Puertos del Estado y ADIF". 

Respecto a los contratos con ADIF, señalan que Miranda "asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados" por la entidad y la contratación pudiera "llevarse a término".