Page inicia los trámites para que el Gobierno de Castilla-La Mancha recurra la ley de amnistía al Constitucional

• Así lo ha avanzado García-Page este viernes durante el acto institucional con motivo del día de la región
• El Gobierno de Castilla-La Mancha va a solicitar esta semana al Consejo Consultivo de la región un informe

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una imagen de archivo EFE/Manuel Bruque

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes, tras la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, que su Gobierno autonómico va a solicitar esta semana al Consejo Consultivo un informe para conocer las posibilidades de que esta región se defienda en el Tribunal Constitucional de lo que ha considerado "una agresión al concepto de igualdad".

Así lo ha avanzado García-Page durante el acto institucional con motivo del día de la región, que se ha celebrado en Toledo, donde ha destacado que esta solicitud se hace "con el deseo y la confianza de que el Consejo Consultivo" dé "vía libre" para "defendernos en el Tribunal Constitucional".

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a solicitar esta semana al Consejo Consultivo de la región un informe, preceptivo según la ley, para conocer las posibilidades de que esta comunidad se defienda en el Tribunal Constitucional de lo que ha considerado "una agresión al concepto de igualdad".

"Ese sería mi deseo y entiendo que tiene que ser el deseo de la inmensa mayoría", ha señalado García-Page, quien ha añadido que es "muy conocida" su opinión personal, y también política, sobre el proceso de la amnistía y que, más allá de las discusiones constitucionales, él tiene "una oposición de fondo".

"Mi discrepancia seguirá adelante"

Page ha dicho que "aunque discrepes, hay que aceptar lo que se diga" y "acatar lo incluido dentro de las organizaciones políticas"y ha apuntado que "unos se pelean por si ha sido perdón, otros por si es una victoria", pero "el perdón se da o no se da; no se hace a cambio de nada, y menos a cambio de un chantaje".

Por eso, ha asegurado que tiene "muy claro" que su "discrepancia" seguirá diga lo que diga el Constitucional: "Mi discrepancia es una discrepancia que seguirá adelante, independientemente de la acción de la Justicia".

También ha hecho hincapié en que como presidente, tiene la obligación y el encargo de "velar claramente por si cualquier norma" de otras autonomías o del propio Gobierno, del Congreso o del Senado, por si "cualquier disposición afecta a los intereses" de su región. "Y, particularmente, a nuestros intereses directos y a nuestras competencias", ha añadido. 

"Por si alguien puede tener alguna duda sobre si me importa más mi organización política o cualquier otro tipo de interés electoral -ha agregado-, yo he jurado defender los intereses de esta tierra y para mí ese juramento no es protocolario" y ha expresado su deseo de que "todo el mundo" pudiera "cumplir con lo que promete" porque esa es "la esencia de la convivencia y la convivencia es lo contrario de cualquier tipo de chantaje".