El Salvador de Bukele cinco años después: la seguridad por encima de todos los derechos

• Desde 2022, está instaurado en el país un régimen de excepción que ha eliminado todas las garantías constitucionales
• La segunda legislatura de Nayib Bukele es anticonstitucional y mantiene un mensaje claro contra las pandillas

Fotografía de camisetas a la venta con la imagen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele EFE

Es 5 de febrero, una multitud ferviente coreaba al unísono "Bukele, Bukele" frente al Palacio Nacional. Desde el balcón, el presidente de El Salvador, acompañado de su mujer, celebraba su reelección como mandatario ante miles de personas. "El pueblo salvadoreño habló y dijo: 'queremos continuar el camino que llevamos'. Esta es la verdadera democracia, el poder del pueblo", presumía.  

Nayib Bukele, del partido Nuevas Ideas, ganó los comicios con el 82,66% de los votos. Tres meses después, el líder más popular de Latinoamérica se dispone a tomar posesión para un segundo mandato.

Lo hace sorteando la Constitución y obviando las incontables denuncias por la vulneración de su Gobierno a los derechos humanos, pero ha sido su defensa de la seguridad la que le ha valido el apoyo entre los salvadoreños.

Simpatizantes escuchan el discurso de la reelección de Nayib Bukele, desde el Palacio Nacional

"Veníamos de un régimen de terror tan grande, que ahora mismo la población continúa en la etapa de comprar el discurso de 'daños colaterales', que es como llaman a todos estos muertos y presos. Las pandillas eran organizaciones criminales, asesinas, violadoras y extorsionistas que acribillaron a este pueblo durante décadas. Nayib Bukele las desarticuló con sus medidas represivas y la gente, desesperada, ha abrazado esa solución", analiza el jefe de redacción del periódico El Faro, Óscar Martínez.

Un tema de seguridad

Los salvadoreños no logran olvidar aquel país agitado por la violencia y la fragmentación del territorio a mano de las pandillas. A lo largo de los años, el país más pequeño de Centroamérica lideró la clasificación como el lugar más peligroso y con la mayor tasa de homicidios del mundo. Y todo cambió con la llegada del régimen de excepción en marzo de 2022, cuando el Gobierno ordenó la suspensión de las garantías constitucionales e inició la “guerra contra las pandillas”. Un régimen que ha sido prorrogado hasta en 26 ocasiones, y que, como explica el periodista, "es cualquier cosa menos de excepción".

Desde la implantación de este mecanismo, El Salvador de Bukele ha continuado batiendo otros récords. Pese a que las cifras oficiales no incluyen muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, el porcentaje de asesinatos ha disminuido drásticamente debido al encarcelamiento masivo de los pandilleros y cualquier otra persona mínimamente sospechosa de serlo. 

Ahora todos ellos están entre rejas, según presume Bukele.El 4% de la población está detenida, se ha convertido en el país con la mayor tasa de privación de libertad del mundo. Para ello, el país cuenta con un sistema penitenciario no solo caracterizado por la sobrepoblación y la violencia, sino también por el acceso deficiente a servicios básicos, incluidos alimentos, agua potable y atención en salud, según las denuncias de varios organismos internacionales de derechos humanos. 

Organizaciones como Humans Rights Watch, han acusado en varias ocasiones al Gobierno de "arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos a los detenidos". 

Fuera de prisión, las calles siguen sin ser el paraíso que Bukele vende. El régimen de excepción se ha extendido por todos los ámbitos de la vida y, aparte de la seguridad, ningún otro derecho social está en su agenda política.

Pobreza estructural

Desde hace años, El Salvador se encuentra entre los cinco países más pobres de América Latina, según los datos del Fondo Monetario Internacional. 2024 no está siendo una excepción. 

“En la mayoría de los hogares, los hombres son los principales pilares económicos. Debido a la suspensión de libertad de muchos de ellos, los activos económicos de muchas familias han desaparecido”, explica la directora de investigaciones de la ONG, Cristosal Rina Montti. “Tenemos un país más pobre, porque las familias que ya eran pobres, ahora no tienen los ingresos que antes tenían”, lamenta.

El gasto diario ha subido por la inflación y el aumento del precio de bienes básicos como la cesta de la compra o la vivienda. A esto se le suma una brecha salarial del 71,4%, según datos del informe Global de Brecha de Género. Esto supone una traba enorme para las mujeres que quieren acceder a los trabajos que hasta mayo de 2022 ocupaban los hombres. 

Vendedoras ambulantes en San Salvador

Para ellas, la vida se ha complicado. “Es preocupante el acceso a la justicia. Ahora los tribunales han cerrado. Como el régimen de excepción solo está procesando a pandilleros, los casos de violencia de género quedan completamente alejados de los intereses institucionales”, dice Montti. También tienen una prohibición absoluta respecto al aborto y al matrimonio homosexual, ambas vetadas por ley.

Otros derechos universales como la sanidad y o la educación han sido igualmente desplazados a un segundo plano. Los centros de salud especializados han cerrado, hay desabastecimiento de medicinas, muchos colegios siguen cerrados desde la pandemia y los universitarios salvadoreños continúan sus clases de forma telemática. Todo fomentado por la creciente privatización. 

“A Bukele le importa mucho la imagen que da hacia fuera. Muestra un país que no existe, da una imagen de postal para fortalecer el turismo, pero este crecimiento económico aquí no se ve”, justifica la politóloga Karen Estrada. Bajo este rebranding de destino vacacional se esconden desalojos forzados para megaconstrucciones, especialmente en las zonas costeras, donde el precio del metro cuadrado no ha dejado de crecer. 

Con la nueva legislatura, “ha reducido a la mitad las comisiones de trabajo, y borrado por completo las relacionadas con el género y las mujeres. Está anulando las políticas sociales”, sostiene Estrada. 

Persecución a la libre información

Pero los periodistas no pueden contar nada de esto. Todo lo que llega lo hace a través de las redes sociales institucionales y las del presidente. Lo demás es perseguido. Martínez lo sabe de primera mano: “La persecución a la prensa ya no necesita un respaldo legal. Por ejemplo, cuando a periodistas de El Faro y la Revista Factum nos impidieron entrar a una conferencia de prensa en Casa Presidencial, no reformaron ninguna ley. Mandaron a un soldado a que nos pusieran fusil en la frente y no nos dejaran entrar”, recuerda.

Este hostigamiento del que habla el periodista lo respalda el último informe de Reporteros sin Fronteras. Los medios son víctimas de la violencia generalizada de Bukele, que ataca y amenaza a los periodistas no afines a su gobierno. El ejercicio periodístico está marcado por el acoso a medios críticos y la criminalización de la cobertura sobre seguridad pública y pandillas.

La reducción de la libertad de prensa está inevitablemente vinculada al secretismo del propio Gobierno. "El 63% de las informaciones gubernamentales han sido declaradas secretas. No conocemos nada de los juicios, no se puede saber de qué se les acusa, qué pruebas presentaron para defenderse, quién es el juez que los juzga, las autopsias de los cadáveres de las cárceles… Ni siquiera lo más caricaturesco como las supuestas ganancias del bitcoin. Imagino que quedará como información disponible el manejo de carreteras y cosas así”, ironiza el periodista. 

Una mujer prepara tortillas mientras militares patrullan en las calles de El Salvador

La información también es un arma en una sociedad cada vez más militarizada. "En los barrios ya no hay pandillas, pero sí agentes de seguridad del Estado patrullando todo el tiempo. La gente les sigue teniendo miedo", explica Montti. Tienen miedo también a hablar y ser escuchados, ya que "todos saben que el régimen de excepción se puede usar para callar opositores, porque no se necesitan pruebas para ir preso", advierte la politóloga.

Las calles de San Salvador se han llenado de policías y carros blindados. A las zonas más rurales del país también se han desplazado los cuerpos de seguridad formando cercos militares, especialmente en los territorios más estigmatizados y con luchas sociales activas.

¿Democracia o autocracia?

Algunos salvadoreños ya se preguntan qué es realmente la democracia. "Estamos ante una propaganda impecable, con un gobierno personalista de un personaje con un carisma mesiánico", analiza Estrada. Durante su primer mandato, Nayib Bukele ha erradicado la separación de poderes y vencido a todos sus rivales políticos. 

Lo mismo señalan instituciones como la Universidad de Gotemburgo (Suecia), que califica a El Salvador como uno de los principales países que más salud democrática ha perdido frente a tendencias cada vez más autocráticas. 

En este sentido, el periodista recuerda que Bukele “violó seis artículos constitucionales [para ganar las elecciones]. Hay algunos puntos tan explícitos como el 154 que dice que ninguna persona puede estar más de un día después de haber ejercido cinco años el cargo de presidente de la República. Cuando un presidente viola masivamente la Carta Magna de una república, todo lo demás que esté escrito en las leyes está pintado con tiza”.