Imanol Arias admite el fraude fiscal y cierra un pacto con el fiscal, mientras que Ana Duato irá a juicio

• Imanol reconoce varios delitos contra Hacienda, acepta una condena de menos de dos años de cárcel y pagará una multa
• Este martes ha comenzado la vista oral del juicio, que puede alargarse hasta el mes de septiembre

Ana Duato e Imanol Arias en una imagen promocional de 'Cuéntame'

El actor Imanol Arias ha aceptado menos de dos años de cárcel -que no implica su entrada en prisión- tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía por el que reconoce haber defraudado a Hacienda 2,7 millones de euros de sus ganancias en la popular serie Cuéntamé como pasó. Mientas, Ana Duato ha renunciado a cualquier pacto e irá a juicio.

La defensa de Imanol ha llegado a un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción que se concretará en el juicio que ha arrancado este martes en la Audiencia Nacional y que, según informan fuentes jurídicas, consiste en una condena de menos de dos años de cárcel y el pago de una multa a cambio de reconocer varios delitos contra Hacienda.

El actor, que ha abonado ya toda la responsabilidad civil que le reclamaba el fiscal, se sienta en el banquillo de los acusados junto a su compañera de reparto en la citada ficción, Ana Duato, para quien la Fiscalía pide 32 años de prisión. 

Para Imanol Arias, el fiscal Tomás Herranz solicitaba en un principio 27 años, si bien esta reclamación se ha visto reducida en virtud del citado pacto, que aún debe concretarse en el juicio.

Por otro lado, al inicio de la sesión, el fiscal ha anunciado que retira la acusación contra la hermana del actor, Ana Isabel Arias Domínguez, para la que pedía 9 años y 6 meses de cárcel por varios delitos fiscales. 

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado siguen con sus acusaciones contra el productor de la serie Cuéntamé como pasó y marido de Duato --Miguel Ángel Bernardeu-- y la propia actriz, por presuntamente haber evadido impuestos a través de un despacho de abogados --Nummaria-- dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin. 

En concreto, Anticorrupción reclama para Duato 32 años de cárcel.

Por su parte, el abogado de Fernando Peña, propietario del despacho Nummaria --que está en el epicentro de la supuesta trama-- ha solicitado en esta primera sesión la nulidad de las actuaciones realizadas en el proceso alegando que se ha dado una infracción del derecho a la defensa dado que lo incautado en los despachos de abogados pasó directamente a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sin pasar por el juzgado y ninguna de las partes pudo acceder a esa documentación. 

"Se ha producido una violación del derecho a la defensa", ha señalado el abogado Antonio Camacho, que ha añadido que se ha violado la igualdad de armas en el proceso hurtando a las partes la documentación en las que se basa el informe sobre las cuotas defraudadas. 

Camacho ha pedido, además, la nulidad de todo el material incautado en el despacho por violación del derecho a la tutela judicial efectiva dado que se han dado irregularidades en la cadena de custodia. 

"La conclusión yo creo que es demoledora. Miles de archivos fueron alterados, borrados o modificados mientras se impedía a las partes, a todas las partes acceder a esa documentación", ha explicado, mencionando un informe que consta en la causa. 

"Con estos mimbres nos introducimos en un juicio que tiene los pies de barro", ha lamentado.

Según un calendario provisional elaborado por el tribunal, se espera que la vista oral se alargue hasta el mes de septiembre durante aproximadamente 24 sesiones. 

Fianzas solidarias de más de dos millones

Según la investigación del juez Moreno el despacho Nummaria creó una estructura de sociedades "cuya única finalidad era la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta les generó". 

El escrito de acusación del Ministerio Público se dirige también contra cuatro entidades como responsables civiles y coloca en el centro de la trama para evadir impuestos al propietario del despacho Fernando Peña. 

Según Anticorrupción, Peña, "con el fin de evitar que las actividades ilícitas que realizaba" bajo la cobertura de la asesoría fiscal fueran detectadas, creó un entramado de sociedades españolas a la par que controlaba múltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay o Luxemburgo. 

Esas sociedades --en número superior a 200-- eran empleadas "tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria, como para entregarlas a los clientes que deseaban emplearlas para la realización de las actividades ilícitas" investigadas en la causa. 

Esa opacidad era buscada tanto frente a la Hacienda Pública como frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentaban algún derecho de crédito contra los encausados. "Los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas", recuerda el Ministerio Público. 

Añade el escrito que las estructuras societarias creadas eran prácticamente idénticas para todos los clientes afectados del bufete Nummaria y la finalidad de las mismas en la mayor parte de los casos era evitar la tributación por el Impuesto de Sociedades o el IVA de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF.  

Fraude de seis y siete años

En concreto, para el actor Imanol Arias, Nummaria creó una estructura que le permitió ocultar al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó. De acuerdo con el escrito de Anticorrupción, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF ascenderían a 2,7 millones de euros. 

Por este motivo, al actor se le imputan en total seis delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos referidos al pago del IRPF de los años comprendidos entre 2010 y 2015, ambos inclusive. 

Por su parte, según el escrito de Fiscalía, la actriz Ana Duato defraudó la cantidad de 1,9 millones de euros a Hacienda, y se le imputan siete delitos fiscales relacionados también con el IRPF. En su caso en dos periodos: el de 2010-2012, y el comprendido entre 2014 y 2017. 

En cuanto al 'cerebro' del entramado, Fernando Peña, que habría defraudado 15,7 millones de euros, la Fiscalía le acusa de 68 delitos por los que se le piden 298 años y 9 meses de prisión. Entre esos delitos se haya el de organización criminal, el de estafa procesal, un delito de falsedad de documento mercantil, dos delitos de insolvencia y decenas contra la Hacienda Pública. 

Según Anticorrupción, para controlar el sistema que permitía a clientes como Arias y Duato defraudar el pago de impuestos, el responsable de Nummaria contó con su hijo Pedro Ángel Peña Bello y los jefes de departamento José Luis Álvarez García (fiscal), Pedro Mena Regodón (contable) y Francisco Javier Gómez Gutiérrez (jurídico), quienes, de acuerdo a lo instruido, "actúan coordinadamente bajo la jefatura de Fernando Peña y con reparto entre ellos de funciones, manteniendo su ilícita actividad de forma permanente al menos desde el año 2005". 

El sistema que utilizaban mantenía en muchos casos oculta la titularidad de las sociedades, lo que evitaba contingencias fiscales por IRPF, así como las asociadas al reparto de beneficios desde las sociedades a sus accionistas (dividendos y asimilados) o posibles ganancias de patrimonio no justificadas derivadas de la tenencia y/o aportaciones de capital vía ampliaciones o préstamos desde las personas físicas a las sociedades operativas, según explica el instructor. 

Para conseguirlo, evitaban que la facturación a clientes se hiciera desde las sociedades operativas, desplazando dicha facturación hacia sociedades sometidas al régimen de atribución o imputación de rentas, que finalmente consiguen simular la salida de España de las rentas sin tributación alguna en el país.