Control parental, test pediátrico y orden de alejamiento: claves de la ley de protección de los menores en internet

• Se acompañará de una Estrategia nacional para la protección de la infancia con medidas de mayor alcance temporal
• La ley establece la modificación del Código Penal para incluir una orden de alejamiento en los entornos digitales

La ley de protección de menores exigirá un control parental de fábrica en los móviles

Los dispositivos tecnológicos, como móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes deberán llevar de fábrica la función de control digital parental y se implantarán sistemas de verificación de la edad "efectivos y obligatorios" en internet, según el anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales, que el Gobierno ha aprobado este martes, con esta y otras medidas, a propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia.

La norma se ha aprobado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes para su tramitación parlamentaria en primera vuelta y se acompañará de una Estrategia Nacional para la protección de la infancia y la juventud en entornos digitales, que el Gobierno prevé aprobar en otoño, una vez entregue su informe el Comité de Expertos creado por el departamento de Sira Rego, cuyo diagnóstico inicial sobre el impacto de los entornos digitales en menores ha servido para la elaboración de esta norma.

Esto es lo que de momento se sabe sobre el anteproyecto de protección de menores en entornos digitales:

Se consagran los derechos de los menores

Por primera vez se consagran por ley los derechos de los menores de edad en entornos digitales. En concreto, el artículo 2 de la norma desarrolla estos derechos en cuatro apartados, sobre el derecho de los menores de edad a ser protegidos ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo, a recibir información suficiente sobre el uso de las tecnologías, en una forma y lenguaje apropiado según su edad, y sobre sus derechos y los riesgos asociados al entorno digital.

También en este artículo se recoge el derecho de los menores a la información, a la libertad de expresión, a ser escuchados y por último al acceso equitativo y efectivo a dispositivos, conexión y formación sobre el uso de herramientas digitales. Los poderes del sector público estarán obligados a hacer campañas de sensibilización dirigidas a las familias, sobre los derechos de los menores en el ámbito digital y los riesgos asociados. También se impulsarán espacios de encuentro donde los niños y niñas puedan desarrollar actividades lúdicas y de ocio saludable que no tenga que ver con entornos digitales.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recordado que la edad media para tener un móvil en España es de 11 años y lo que esta ley pretende es por un lado "garantizar su derecho a la intimidad, al honor y a la integridad" de los menores y "poner coto" a los riesgos que internet conlleva, como los contenidos inapropiados, el ciberacoso, problemas de adicción a las pantallas y a los dispositivos móviles. "Está en juego la salud y el bienestar de los niños y niñas y adolescentes y la tranquilidad de las familias", ha asegurado.

La directora de incidencia social y política de la ONG Save the Children, Catalina Perazzo, entrevistada en La Hora de La 1, cree que la ley tiene "todos los mimbres para ser una gran ley". En concreto, valora que se considere la red como espacio "indisoluble de la vida" de los menores y que hable tanto de "prevenir y proteger" de los riesgos, como de asegurar una "ciudadanía digital responsable", a través de la educación, y que los menores puedan "participar activamente en las decisiones". 

Control parental gratuito y accesible

El anteproyecto de la ley de protección del menor en entornos digitales establece que todos los dispositivos tecnológicos como móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes deberán contar de fábrica con un control parental gratuito y accesible que se podrá configurar una vez encendido.

La función de control digital parental podrá ser activada de manera clara (similar a la selección de idioma) por los padres o tutores, que podrán decidir qué aplicaciones, servicios y contenidos limitan a los menores.

Sobre el control parental, Perazzo ha dicho en TVE que se trata de una "herramienta más" y ha llamado a "aprovechar esta oportunidad para generar espacios en los que madres y padres puedan hablar con sus hijos e hijas de qué contenidos o plataformas no deben utilizar" porque el control parental no les va a acompañar toda la vida y es realmente "esa relación de confianza con su familia y esa conciencia" la que les va a formar como "ciudadanos digitales responsables".

Mecanismo de verificación de la edad

Bolaños ha anunciado que además del control digital parental que ya existe se implantarán sistemas de verificación de edad por defecto en los dispositivos, de manera que "se superen" los actuales que "no tienen ninguna eficacia porque se limitan a preguntar y con un simple sí se accede a contenido adulto". Estos sistemas, según ha asegurado el ministro, serán "eficaces, efectivos y obligatorios".

Además, se elevará de 14 a 16 años la edad para prestar consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal en su acceso a redes sociales, según ha avanzado Bolaños.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, anunció el pasado enero que esperaban la activación, antes del verano, de un proyecto piloto de verificación de edad en internet para proteger a los menores del consumo de pornografía, en el marco de su plan integral que iba a desembocar en esta ley de protección de menores.

Perazzo espera que sea "realmente efectivo ese ese control de la edad" porque es una de las cuestiones "más importantes y claves" a la hora de asegurar que no se accede a a a contenidos nocivos. 

Revisión pediátrica y centros especializados

La ley para la protección de los menores en entornos digitales, según fuentes del Gobierno, también incluye la realización de un test pediátrico para detectar posibles señales de un uso inadecuado de los dispositivos digitales y las pantallas.

Entre las medidas dirigidas a los sanitarios, la ley prevé medidas para fomentar la "detección precoz, la prevención, y la atención especializada a menores con patologías relacionadas con el uso de herramientas digitales", ya que estas "adicciones", según ha señalado Bolaños, son "cada vez más frecuentes".

Se crearán centros especializados relacionados con la salud mental para "afrontar estas patologías" y prevenir esas adicciones y también se formará en el ámbito sanitario sobre todos los trastornos adictivos que se están produciendo como consecuencia de las tecnologías de la información.

Etiquetado de contenidos digitales

También recoge la regulación del etiquetado de los productos digitales con advertencias sobre si el contenido es o no apto para menores de edad, con un lenguaje entendible y accesible también para personas con discapacidad, como niños con autismo.

De esta forma, según ha explicado Perazzo, la ley no deja toda la responsabilidad en la familia, porque hay también una parte de calificación de contenidos que ya se estaba haciendo. "La cuestión es ver las distintas calificaciones", ha dicho la responsable de Save the Children, que señala el hecho de que se tienen que "adaptar a las etapas evolutivas de la infancia y adolescencia".

Nuevos delitos y orden de alejamiento en internet

El anteproyecto de ley orgánica modifica el Código Penal e incluye nuevos delitos. Uno de los que se tipifica son las denominadas deepfakes, es decir la "ultrafalsificación", en relación con "aquellas difusiones que sin consentimiento ni autorización del afectado" en las que se generan imágenes o audios que pueden parecer reales y sin embargo están creados por tecnologías o inteligencia artificial, en las que se "simulan situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias para una persona". 

Se modificará el artículo 39 del Código Penal para regular como una posible sanción penal la orden de alejamiento en internet de los agresores condenados que se sumará a la sanción ya existente de alejamiento físico, de tal manera que no podrá contactar con la víctima a través de las redes sociales. En concreto, se añadirá un nuevo apartado para casos de bullying y violencia de género. También habrá inhabilitaciones especiales para desarrollar actividades en espacios virtuales.

También se tipifica como delito el grooming o engaño online a menores, es decir, falsificar la edad, el género o alguna característica para entablar contacto con un menor y acabar intentando delinquir y cometiendo un delito contra la libertad sexual de los menores. "Modificamos también nuestra legislación, básicamente en el Código Penal para dar respuesta a algunos delitos que se producen y sin embargo no tienen respuesta adecuada del siglo XXI a esos comportamientos delictivos", ha dicho Bolaños.

Otro nuevo delito que se tipifica es la difusión de material pornográfico a menores, "evitando algunas conductas" que en estos momentos permanecen impunes, ha matizado Bolaños.

Las medidas que se adoptan para los mayores de 14 años, según ha explicado Perazzo, van en función de las penas previstas en el Código Penal. En el caso de los menores de esa edad, "en principio no serían imputables", explica la experta de Save the Children, pero "eso no quiere decir que no se tengan que adoptar medidas", a través de servicios sociales y sistemas de protección, "haciendo un seguimiento y un plan individualizado de cómo se va a trabajar con esos niños y con sus familias". 

Plan de alfabetización digital

En el ámbito educativo, la norma que este martes lleva el Gobierno al Consejo de Ministros contempla que se incorporen en el itinerario curricular desde edades tempranas (educación primaria y secundaria) medidas educativas de ciudadanía digital y alfabetización mediática con contenido transversal (a través de distintas asignaturas, como la educación afectivo sexual) con conocimientos para fomentar la autonomía de los menores y herramientas para combatir, por ejemplo, los bulos.

Se fomentará la educación sobre privacidad y protección intelectual, sobre protección de datos y los riesgos que tiene asociados el uso de redes sociales, según ha explicado Bolaños.

Obligaciones para las empresas del sector tecnológico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió el 4 de marzo con las principales empresas tecnológicas que operan en España, ha recordado Bolaños, ante la necesidad de un "trabajo compartido" para "poner límites" a los riesgos en cuanto a los menores en los entornos digitales.

Por eso, la ley recoge que los fabricantes deberán asegurar que los dispositivos digitales cuenten con sistemas de control parental y etiquetado informativo sobre los riesgos.

Las plataformas de intercambio de videos estarán obligadas a tener un enlace directo al canal de denuncias y a los sistemas de control parental. "Que no sea una yincana buscar en la página web donde están los sistemas de control parental o los sistemas de denuncia", ha dicho Bolaños.

En los videojuegos y en otras plataformas digitales, se prohibirá el acceso de los menores a los loot boxes o cajas botín que son mecanismos de recompensa que "en ocasiones" cuestan dinero y también se reforzarán las obligaciones de los influencers, que deberán llevar a cabo medidas de protección a los menores en su actividad habitual.

También se ampliarán los casos en los que será posible autorizar judicialmente la interrupción de servicios online o incluso la retirada de datos.

"Queremos seguir trabajando en este gran acuerdo de país que el presidente del Gobierno presentó en enero, que ese gran acuerdo de país cuente con las empresas tecnológicas, es importante hacerlo y hay una segunda parte que vamos a liderar, el debate en la Unión Europea (UE), nos gustaría tener una regulación homogénea", ha asegurado Bolaños, al afirmar que se trata del primer instrumento legislativo de la UE en este ámbito.

Estrategia nacional para la protección de la infancia

La ley se acompaña de una Estrategia nacional para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales, que trasciende a la propia ley y contará con medidas de mayor alcance temporal en ámbitos como el educativo y el de la salud. La liderará el Ministerio de Juventud e Infancia y se apoyará en el informe del grupo de 50 expertas y expertos conformado recientemente por este departamento. 

Bolaños ha avanzado que esta estrategia se aprobará a la vuelta del verano, se revisará cada tres años y será una obligación del Gobierno ir actualizándola según los riesgos que se vayan conociendo. En el marco de esa estrategia se investigará, entre otras cosas, cuáles son los "efectos del consumo de pornografía en edades tempranas" y qué se debería hacer para "evitar los riesgos asociados a ese contenido adulto que pueden consumir los menores".

Diagnóstico del grupo de expertos

Fuentes del Gobierno han apuntado que el anteproyecto de ley va acompañado por un diagnóstico sobre el impacto de los entornos digitales en menores de edad realizado por el Ministerio de Juventud e Infancia, que contará con las primeras aportaciones del grupo de 50 expertos, que este comité presentará en el plenario el 20 de junio y de forma pública posteriormente, para la elaboración de la Estrategia, que tendrá medidas con un alcance temporal mayor. 

Ese informe diagnóstico recoge, según fuentes del Gobierno, que la edad media de tener el primer móvil es de 11 años, según el informe Impacto de la tecnología en la adolescencia. Relaciones, riesgos y oportunidades, elaborado en 2021 por Unicef. 

Según este mismo estudio, el 94,8% de los adolescentes dispone de un teléfono móvil con Internet y un 90,8% se conecta todos o casi todos los días. Casi el 49,6% de los adolescentes usa internet más de 5 horas al día los fines de semana y un 31,6% hace ese mismo uso entre semana. El 98,5% de adolescentes está registrado en alguna red social y hasta un 83,5% en tres o más. 

Por otro lado, los principales usos que hacen los jóvenes del entorno digital son para comunicarse (84,1%), buscar información (83,6%) y ocio digital (79,9%), según el estudio 'Consumir, crear, jugar. Panorámica del ocio digital de la juventud', elaborado por Fad Juventud. 

También se recoge la recomendación de la OMS en su Plan de Acción 2013-2030 de reorganizar los entornos que influyen en la salud mental.

La directora de incidencia social y política en Save the Children, Catalina Perazzo, ha advertido en La hora de la 1 de TVE que a la ley de protección de los menores en entornos digitales todavía le quedan al menos seis meses para que pueda entrar en vigor porque queda "toda la tramitación parlamentaria".