El horror de las víctimas del genocidio maya en Guatemala: "Se llevaron a toda mi familia. Me quedé huérfano"

• RTVE.es habla con Silviano y Cleto, dos víctimas del genocidio, 40 años después
• Manuel Benedicto está acusado de ser el autor intelectual de las estrategias militares en el genocidio de 1.771 indígenas 

Mujeres mayas ixiles del norte de Guatemala en la Plaza de los Derechos Humanos EFE

Silviano tenía 14 años cuando el Ejército de Guatemala entró en su comunidad, quemó su casa, arrasó sus cultivos y mató a su familia. Sucedió el 5 de enero de 1982 y el 20 de febrero ya "era huérfano y los que sobrevivimos de la comunidad tuvimos que huir y escondernos en la montaña", relata a RTVE.es.

Su región, conocida como Área Ixil, fue considerada una "amenaza guerrillera" por el Gobierno y, bajo este pretexto, las fuerzas armadas llevaron a cabo 32 masacres diferentes. Según la ONU, los militares habrían cometido el 93% de los crímenes contra la población civil y el 7% restante, contra la guerrilla. Estas acciones formaron parte del genocidio maya que tuvo lugar entre 1981 y 1983.

Los sucesos tuvieron lugar durante los años del conflicto armado interno en Guatemala. Fue uno de los más sangrientos del continente, que duró 36 años y dejó al menos 240.000 personas asesinadas o desaparecidas.

Han tenido que pasar más de 40 años para que Silviano haya podido ver sentado en un banquillo a una de las mentes que lo artificiaron todo. Desde el pasado 5 de abril, el exgeneral guatemalteco Manuel Benedicto Lucas García, de 92 años, está siendo enjuiciado por su presunta participación en el genocidio de 1.771 indígenas, está acusado de ser autor intelectual de las estrategias militares de las masacres. Durante los años del conflicto armado interno, él fue el jefe del Estado Mayor del Ejército y también hermano del ya fallecido expresidente Fernando Romeo Lucas García.

Las víctimas

Ahora, unas 50 familias indígenas, conformadas por los supervivientes y familiares de los asesinados, presentan en este proceso penal sus testimonios. Hacen a diario un recorrido de seis horas hasta la capital para hacer declaración. Han tenido que esperar tanto porque "cuando sucedió todo había miedo, había terror, desplazamiento de las comunidades y no había confianza con las autoridades para poder procesar denuncias", sostiene el director ejecutivo de la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Nery Rodenas, que actúa como querellante en el caso.

Mujeres ixiles en una ceremonia, previo al inicio de una audiencia contra el exgeneral Lucas García

Uno de ellos es Cleto, quien cuenta a RTVE.es cómo vio con sus propios ojos "cómo se llevaron a mis familiares y los sacaron del pueblo. A día de hoy siguen desaparecidos". Él tenía 22 años y, como la mayoría de su comunidad, trabajaba cuidando la tierra. "Nos quemaron la casa y el maíz", denuncia. Ninguno de ellos vio "nunca a un guerrillero, ni siquiera un arma", aseguran ambos supervivientes.

Estas operaciones sobre los ixiles pretendían "exterminar a los elementos subversivos en el área", según el Gobierno, y para ello el Ejército empleó nuevas estrategias militares sobre el territorio. Los habitantes de los municipios atacados fueron leídos como "fuerzas enemigas" en las que estaban incluidas niños, mujeres embarazadas y ancianos.

"Las campañas de tierra arrasada estaban justificadas para que la guerrilla no tuviese forma de financiamiento y se sabe que a las fuerzas se les enseñaba a torturar. En cambio, no había orden de atacar de una manera tan salvaje a las mujeres embarazadas, pero hay muchos hechos sistemáticos. Es una evidencia circunstancial", explica Julieta Rostica, investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires.

Estas son las circunstancias que señalan al exmilitar por delitos de genocidio, de lesa humanidad, desaparición forzada y violencia sexual.

La Sierra de los Cuchumatanes, territorio de los pueblos que residen el departamento de Quiché

Huir­ a la montaña

Entre toda esta persecución, los que sobrevivieron se vieron en la obligación de huir a la montaña. "Nos protegimos en la santa montaña con mi otra familia", recuerda Silviano, quien tuvo que exiliarse "durante 15 años en Santa Clara", a 90 kilómetros de su Quiché natal.

Pero esto no frenó el intento de exterminio: "Muchos sobrevivieron en campamentos itinerantes escondidos, pero el Ejército seguía bombardeando la montaña cuando detectaba que estaban ahí", describe Rostica. No fue hasta el 2000, que, con la firma de los acuerdos de paz, pudieron volver a su comunidad.

¿Por qué ellos?

Los ixiles son un grupo cultural y étnico "que siguen con sus tradiciones porque el Estado ha llegado muy poco. Rechazan perder su cultura y su idioma. El gobierno los vinculó a los guerrilleros, pero la historia de Guatemala es una historia de racismo, y de ahí la justificación", explica la historiadora.

Pobladores queqchís llevan los restos de sus familiares después de una exhumación en 1997

Al racismo se le sumó el anticomunismo. La clase dominante culpó a las tradiciones indígenas y el analfabetismo, como "causas" de la subversión en los años de la guerra. Los informes de aquella época los categorizan como "ignorantes", "paganos", "animales", "lobos" o "idólatras". Pero la realidad era que se trataba una población difícil de someter y que, según explica la investigadora, "siempre resistieron al poder del Estado".

Además, el general, especializado en contrainteligencia, desplazó a las fuerzas armadas a esta región por su destacable interés petrolero, agrícola y comercial, cuyas tierras fueron disputadas en medio del conflicto armado.

Juicio por genocidio

Esta no es la primera vez que el pueblo de Guatemala lleva a juicio a uno de los artífices de la masacre. En 2013, el general Efraín Ríos Montt, quien dirigió una dictadura militar entre 1982 y 1983, fue sentenciado por genocidio del pueblo maya, por la continuidad de las políticas de contrainsurgencia que inició Lucas García un año atrás. Sin embargo, la condena de 80 años impuesta fue anulada pocos días después por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, por supuestos errores de forma. Montt murió en libertad, cinco años después, y en mitad de un nuevo procedimiento que pretendía enjuiciarlo.  

Por su parte, el militar Lucas García se encuentra actualmente cumpliendo una pena de 58 años de prisión porque en mayo de 2018, junto a otros cuatro altos militares, fue condenado por los delitos de falta a los deberes de la humanidad, violación agravada de una estudiante y la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, en octubre de 1981. 

Ahora, Lucas García asiste a la audiencia después de varios intentos fallidos en los recursos legales. Pero no lo hace en un cara a cara con las víctimas, sino que se resguarda tras una pantalla. El militar testifica, por motivos de salud, desde el Hospital Militar donde está recluido. Es un procedimiento que genera desconfianza entre los supervivientes porque "ni siquiera es capaz de venir y sentarse delante de nosotros. Fue una decepción ver que no estaba en persona", denuncia Cleto.

Fotografía del Tribunal de Mayor Riesgo A durante el juicio por genocidio contra Lucas Garcia

Aun así, "por mucho que estos juicios no se pudiesen completar, su desarrollo es muy importante para la memoria histórica. Hablamos de un hecho relevante a nivel mundial porque el propio pueblo juzga a alguien que está vivo", dice Julieta, quien asegura que, "aunque todo juicio por genocidio es difícil de llevar a cabo por la propia definición del término, Guatemala es un caso único".

Lo mismo sostiene el portavoz de la Asociación Justicia y Reconciliación, José Silvio Tay Cusanero, que forma parte del proceso penal, ya que "la justicia no está preparada. Los tribunales nunca han trabajado casos de lesa humanidad o genocidio en Guatemala, pero sí que hay derecho internacional, tratados y convenios".

Los supervivientes ven este juicio con escepticismo y tienen claro que nada les va a compensar el sufrimiento. "Si yo te contara una por una todas las cosas que viví, estaría días enteros sin parar de hablar", lamenta Silvino. Sin embargo, él mismo pide que "ojalá sentencien al responsable porque nunca respetaron nuestros derechos y esto significaría que por fin nos tienen en cuenta como seres humanos".