España se suma a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza ante el Tribunal Internacional de Justicia

• El ministro Albares no se manifiesta sobre si hay genocidio: "Eso deberá decidirlo el tribunal"
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España se suma a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza

España se va a sumar al proceso abierto en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) por la acusación de genocidio contra Israel iniciada por Sudáfrica. Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una comparecencia urgente en la sede del Ministerio.

España lo hace para que "la paz regrese a Gaza y Oriente Medio y es imprescindible que todos apoyemos al Tribunal, que se respeten sus medidas cautelares", ha dicho Albares. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado por su parte que "es urgente que todos apoyemos al tribunal para detener cualquier operación militar" y protegerlo como "el máximo órgano de justicia". "No les quepa duda que España se va a mantener en el lado correcto de la historia", ha sentenciado Sánchez.

tras la destrucción masiva de sus viviendas.

España está comprometida,

con la paz y la prosperidad,

reiteramos nuestra condena,

a los atentados de Hamas,

del 7 de octubre,

exigimos la liberación de los rehenes,

y la ayuda humanitaria,

y la llamada al alto el fuego.

Y ante el incumplimiento del gobierno de Netanyahu,

de la petición del tribunal de justicia para detener la guerra,

en apoyo al respeto al derecho internacional,

es urgente,

que todos y todas apoyemos al tribunal,

para que se cumplan las medidas cautelares,

para detener cualquier operación militar,

y que fortalezca amos,

apoyando el papel del tribunal,

de un sistema internacional basado en reglas.

España,

Sánchez considera "urgente" apoyar al Tribunal Internacional para "detener" las operaciones militares en Gaza

Sudáfrica presentó su denuncia por violación de la Convención contra el Genocidio ante el TIJ, el máximo órgano judicial de la ONU, por la operación militar israelí en la Franja de Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre. El 26 de enero, la Corte consideró que la denuncia era plausible, adoptó medidas cautelares y ordenó a Israel hacer "todo lo posible" para evitar actos que pudieran constituir genocidio. Sin embargo, la decisión final puede tardar años.

El 24 de mayo, la Corte emitió otra resolución en la que ordenaba a Israel el "cese inmediato" de su ofensiva en Ráfah ante el "riesgo de genocidio".

México, Colombia, Nicaragua, Libia, y la propia Palestina se han personado en la causa, mientras que Chile ha anunciado que también va a unirse. España será el primer país europeo en hacerlo aunque Albares ha adelantado que Irlanda y Bélgica también han manifestado su intención de intervenir en el proceso.

Albares justifica la decisión por la violación de las medidas cautelares

Albares ha justificado la decisión española de sumarse al proceso precisamente en el incumplimiento de estas medidas cautelares, que son de obligado cumplimiento para todos los Estados que forman parte de la ONU.

"Es una guerra a gran escala que no distingue entre objetivos civiles y militares" y donde "el riesgo de escalada" es cada vez mayor, ha dicho el ministro. "Las medidas cautelares del Tribunal Internacional de Justicia se orillan y están muy lejos de cumplirse". Albares se ha referido concretamente a la continuación de los ataques en Ráfah, a los obstáculos a la ayuda humanitaria y la destrucción de infraestructuras civiles. 

Este mismo jueves, un bombardeo israelí contra una escuela de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, ha causado decenas de muertos.

El objetivo de España, ha asegurado Albares, es "poner fin a la guerra y avanzar en la solución de dos Estados".

La medida no significa que España reconozca un genocidio

El ministro ha subrayado que el hecho de que España se sume al proceso no significa el reconocimiento de que la masacre en Gaza constituya un genocidio.

"La intervención de un Estado en el procedimiento ha quedado abierta por parte del Tribunal Internacional de Justica, y eso hace España. Hay medidas cautelares que son obligatorias para todas las partes. España no se pronuncia sobre el delito en sí, eso es labor del Tribunal, nosotros intervenimos en la demanda apoyando al tribunal en la interpretación de las medidas cautelares y ayudarle a aplicarlo", ha añadido.

"Sobre el delito en sí, poco importa mi opinión personal, un ministro de Exteriores no está para dar opiniones personales, la opinión institucional de España es esta demanda - ha dicho el ministro - Esto no es un concurso o una carrera, es un esfuerzo de apoyar al multilateralismo, a las Naciones Unidas en su labor, y una parte fundamental es su máximo órgano jurisdiccional". La intención de España es "ayudar al tribunal", ha añadido.

También desde el Gobierno, la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que "hoy España es un poco mejor". "Me siento orgullosa de formar parte del gobierno de España, acabamos de personarnos en la demanda de Sudáfrica". Díaz ha pedido la ruptura de relaciones con Israel y el embargo de armas.

Además del Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional (TIP), también con sede en La Haya, también tiene abierto un proceso de investigación por la actuación de Israel en los territorios ocupados palestinos. El fiscal jefe de la Corte ha presentado una solicitud de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra los líderes de Hamás, todos ellos acusados de crímenes de guerra.

Desde el 7 de octubre, Israel ha matado a más de 36.654 palestinos y 83.309 han resultado heridos, según el Ministerio de Sanidad del enclave. Ese día, Hamás mató a 1.200 personas y secuestró a más de 240, de las que una gran parte fueron liberadas durante una tregua.

Este mismo jueves, España se ha sumado además a una declaración auspiciada por EE.UU. para pedir a Israel y Hamás que pacten la tregua propuesta por el presidente estadounidense, Joe Biden. La declaración está firmada también por los mandatarios de Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Dinamarca, Francia, Alemania, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Tailandia y Reino Unido.