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El Arzobispado de Burgos asegura "tutelar" y no "usurpar" las cuentas bancarias de las clarisas de Belorado

  • El comisario pontificio mantiene la actividad de las cuentas bancarias de las monjas y evita el desvío de fondos
  • Este lunes finaliza el plazo para que las religiosas entreguen las llaves del monasterio al arzobispado de Burgos

Por
Mario Iceta junto a la superiora provincial y la secretaria de la provincia de Aranzazu a la que pertenecen las clarisas de Belorado y Orduña.
El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, es el comisario pontificio nombrado por el Vaticano para administrar el monasterio de Belorado. EFE / SANTI OTERO

El Arzobispado de Burgos niega haber “usurpado” las cuentas a la comunidad de clarisas de Belorado (Burgos), en respuesta a la denuncia pública que esta comunidad religiosa compartía este fin de semana en sus redes sociales. Desde la jerarquía católica aseguran que se trata de una "tutela" porque "el dinero sigue ahí y lo que pidan se les dará". Al mismo tiempo aclaran que las monjas cismáticas tienen plazos de diez y quince días para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico y corroborar así, de manera independiente, su salida de la Iglesia Católica.

Dentro de las funciones que le corresponden al arzobispo, Mario Iceta, como comisario pontificio nombrado por la Santa Sede, se incluye la administración del monasterio. Desde el arzobispado dejan muy claro que no se ha dejado a este grupo de mujeres sin recursos, pues aún pueden solicitarlos a través de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu a la que sigue perteneciendo el monasterio de Belorado. Además de que se siguen pagando las domiciliaciones, nóminas y proveedores para que la vida diaria siga su curso. Con esta "tutela" el comisario pontificio evita que se puedan desviar fondos a particulares o a otras entidades que no sean de la Iglesia Católica.

En la comisión delegada que el jueves, 6 de junio, intentó visitar a las monjas rebeldes había una notario -única persona a la que recibieron las religiosas- que fue la encargada de hacerles llegar las comunicaciones y los requerimientos oficiales. El resto no pudo acceder al recinto porque las religiosas se atrincheraron y llamaron a la guardia civil.

Entre los documentos que la notaria hizo llegar a estas 15 mujeres se les notificaba que disponían de dos días hábiles para entregar una copia de las llaves del monasterio para que Iceta, como comisario pontificio, dispusiera de las mismas, si bien ello no supone que les hayan exigido que abandonen el convento.

Finaliza el plazo para entregar las llaves

El plazo finaliza este lunes. Desde el arzobispado recuerdan que el requerimiento pasa por la entrega de la copia de las llaves en la notaría pero que podrían hacerla llegar al Arzobispado por cualquier otro medio. En caso de no comparecer "se procederá a emitir el decreto correspondiente" con la decisión que adopte, en su caso, el tribunal tanto en la vía eclesiástica como de la justicia ordinaria.

Por su parte, la comunidad de mujeres lamenta en sus redes sociales la visita de un notario del Tribunal Eclesiástico, un notario civil y un apoderado del Comisario Pontificio designado por la Santa Sede para instruir y resolver el caso abierto desde principios de mayo con la renuncia y posterior adhesión a la Unión Pía de san Pablo Apóstol, un grupo sectario encabezado por un falso obispo excomulgado hace años.

Las monjas cismáticas denuncian en su Instagram que la comisión enviada por el arzobispado de Burgos fue hasta el monasterio "para exigir la entrega de las llaves y la documentación, incluyendo hasta las nóminas, así como para citarnos a declarar ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Burgos, para defendernos por un delito de cisma, con amenaza de excomunión en caso de no acudir al mismo". Algo que el Vaticano ha encomendado a Mario Iceta, arzobispo de Burgos, al nombrarle comisario pontificio.

El Vaticano nombra al arzobispo de Burgos Comisario Pontificio para resolver el cisma de Belorado
Transcripción completa

Tras 12 años, el máximo posible,

el mandato de la abadesa rebelde Sor Isabel terminaba hoy.

Ante la imposibilidad de elegir una sucesora, la Iglesia ha nombrado

al arzobispo de Burgos como sustituto provisional.

-Se remitió un burofax a sor Isabel, comunicándole la financiación

de su mandato con efectos inmediatos.

Se ha creado una comisión gestora que va a pedir al resto

de religiosas que aclaren si obedecen al Vaticano,

en caso contrario, se las excomulgará.

-La verdad es que es una cosa nueva.

Hoy, también se ha ordenado la salida del Monasterio

de Pablo de Rojas, el falso obispo al que siguen,

y de su número dos, Fran Ceacero.

Aquí les vemos en la misa del sábado.

Misa en latín y de espaldas,

como era antes del Concilio Vaticano II

del que reniegan.

Pero, ¿qué pasa si se resisten?

-Vamos a ir paso a paso.

Si lo que está usted preguntando es si se va a adoptar

alguna medida de fuerza judicial, eso nos lo va a decir el tiempo.

Mientras se investiga la actividad de un criadero de perros,

la Iglesia no tiene constancia

de que hayan empezado a deshacerse de patrimonio del Monasterio.

No me constan que haya movimientos de este tipo.

Por el momento, las monjas no dan pistas.

Confirman a Televisión Española

que han seguido la rueda de prensa y que están tranquilas.

"Pueden hacer lo que quieran y nosotras también", dicen.

Hasta ahora, su último mensaje, en redes sociales,

es este: un relieve de Santa Clara expulsando a los infieles.

El Vaticano nombra al arzobispo de Burgos Comisario Pontificio para resolver el cisma de Belorado

Requerimientos para diez de las quince monjas

En cuanto a los requerimientos eclesiásticos entregados a las religiosas para que respondan de la acusación de delito de cisma, afecta a diez de las quince monjas que quedan en Belorado. En concreto a las diez que aparecieron en un programa de televisión con contenidos informativos de corte sensacionalista tras haber cobrado una cantidad de dinero que podría rondar los 7.000 euros por su testimonio.

Han sido excluidas las cinco más mayores que no aparecieron en televisión ni se expusieron públicamente. El resto deberán aclarar, una a una, si ratifican su salida de la Iglesia católica, tal como anunció el 13 de mayo la exabadesa, Isabel de la Trinidad, con su Manifiesto Católico, o si se retractan. El Arzobispado insiste en que no se puede excomulgar a un grupo, sino que la excomunión es individual.

Las tres religiosas que firman la denuncia contra Mario Iceta por abuso de poder, usurpación de representación legal y vulneración del derecho de libre asociación -entre ellas la exabadesa- disponen de diez días naturales para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico, el resto tienen 15 días.

Los tiempos empezaron a correr el viernes 7 de junio, así que los plazos concluyen el 16 y el 21 de junio, y el Arzobispado preferiría que acudieran presencialmente para garantizar que son libres en la manifestación de su parecer, si bien las religiosas consideran que ya han dicho todo lo que tenían que decir.

La denuncia de las monjas en Instagram

La comunidad de religiosas clarisas de Belorado (Burgos), habían denunciado públicamente este viernes, a través de un mensaje en Instagram, que el arzobispado de Burgos les había "usurpado" sus cuentas bancarias e instado, so pena de excomunión, a declarar ante el Tribunal Eclesiástico.

"Han usurpado la titularidad de las cuentas corrientes, dejándonos sin acceso a los fondos obtenidos con nuestro trabajo y donados por nuestros benefactores", explican las religiosas del monasterio de Santa Clara cuya madre abadesa, sor Isabel, en nombre de la comunidad, abjuró de la Iglesia Católica a principios de mayo.

"Ante la confusión creada por los medios de comunicación y el propio D. Mario (arzobispo de Burgos), este último aprovechó para usurpar nuestra representación legal accediendo a la administración de las propiedades y al control de las cuentas bancarias, a las que dejamos de tener acceso el día 4 de junio pasado", añaden en su denuncia.

Así consta en el decreto, publicado este viernes en sus redes sociales, que fue firmado el pasado 31 de mayo y remitido a la comunidad disidente para que, en el plazo de diez naturales a partir de la fecha signada, comparezcan ante el tribunal Eclesiástico con un abogado, "o se le asignará uno de oficio", para que puedan "ejercer su derecho de defensa manifestando su postura ante los hechos".