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La comisión de investigación del Parlament balear concluye que las mascarillas eran inservibles

  • Los diputados del PSIB se han levantado y se han marchado de la comisión
  • Las conclusiones se han aprobado con nueve votos a favor y uno en contra

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La sala de actos del Parlament, en el momento de la votación de las conclusiones conjuntas de PP y Vox
La sala de actos del Parlament, en el momento de la votación de las conclusiones conjuntas de PP y Vox. EUROPA PRESS

El Parlament balear ha cerrado este viernes la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en la pasada legislatura, durante el Govern de la socialista Francina Armengol -actual presidenta del Congreso- con la aprobación de un documento de conclusiones en el que se afirma que desde el principio se sabía que eran inservibles para uso sanitario, por lo que fueron almacenadas y se dejaron caducar.

Con nueve votos a favor y uno en contra, el documento incluye las conclusiones definitivas pactadas por Vox, el partido que propuso esta comisión, y el PP, y que incluye dos aportaciones de Més per Mallorca.

El documento se ha aprobado tras un agrio debate con el PSIB, cuyos diputados se han marchado de la sala antes de la votación final alegando que todo ha sido una "pantomima" y un "paripé electoralista" con ocasión de los comicios europeos de este domingo.

Vox y PP concluyen que el Govern balear de Armengol compró en 2020 por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional en el 'caso Koldo', un lote de 1,5 millones de mascarillas que fueron almacenadas porque no las podía usar el personal sanitario de Baleares con ocasión de la pandemia de la Covid-19.

En el documento aprobado se alude a esta "presunta trama de corrupción" que está siendo investigada también por la Fiscalía de la Unión Europea (UE) porque el material se pagó en su totalidad con fondos comunitarios.

También queda constatado que Koldo García, asesor del exministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos, se puso en contacto con el Servicio Balear de Salud (Ib-Salud) para servir las mascarillas.

Las mascarillas no cumplían los requisitos de las FFP2

Incluso "antes" de recibir las mascarillas chinas del tipo KN95, el Govern de Armengol sabía que no eran aptas para su uso sanitario, lo que hacía "inviable legalmente su adquisición, y aún así se procedió a la misma", afirman las conclusiones.

Además, el Ib-Salud supo por un informe del Centro Nacional de Medios de Protección (CNCP) que no cumplían en ningún caso con los requisitos exigidos a las FFP2, las que empleaban los profesionales sanitarios. A pesar de ello, se solicitó su financiación con fondos europeos. 

PP y Vox han aceptado dos puntos de los ecosoberanitas de MÉS per Mallorca en los que este partido se pregunta por qué se ocultó el informe del CNCP a la Unión Europea (UE) y a la misma Guardia Civil, y por qué no se informó al Govern balear que la Benemérita se personó en la sede del Ib-Salud para recoger todo el expediente de compra completo.

El escrito de los socialistas --que estaban ausentes ya en el momento de la votación-- ha sido rechazado con diez votos en contra; el de Més per Mallorca ha recibido nueve votos en contra y uno a favor, y el de Més per Menorca no se ha votado porque no se han presentado a defender las conclusiones. 

Rifirrafe entre socialistas, PP y Vox

Los diputados del PSIB se han levantado y se han marchado de la comisión de investigación tras un desagradable cruce de acusaciones entre los socialistas y PP y Vox.

En un tono muy enfadado, el diputado socialista Iago Negueruela ha acusado a la "derecha" y a la "ultraderecha" de difundir "falsedades, mentiras, calumnias, bulos y mentiras" sobre personas que trabajaron durante la Covid-19 para salvar vidas humanas.

Les ha echado en cara que sean unos "cobardes" y ha asegurado que el PP tiene un "problema" porque "no acepta la Democracia y sus reglas del juego".

Por su parte, el diputado del PP José Luis Mateo le ha afeado a Negueruela que sea "un faltón, un maleducado, un matón y un cobarde" y ha acusado a los socialistas de montar este viernes un "espectáculo bochornoso" en la Cámara balear. "Cuando se pierde del respeto nos convertimos en un muy mal ejemplo a la ciudadanía", ha reflexionado en su exposición final.

La portavoz de Vox, Patricia de las Heras, se ha echado a llorar y, sin poder hablar apenas, ha acusado al diputado socialista de llamarles "cobardes" y de "pedir la violencia" en las calles contra los miembros de su partido.

Entre lágrimas, de las Heras ha seguido hablando: "Cobarde a mí, que he sido amenazada de muerte pidiéndose en redes sociales que vuelva ETA y ponga una bomba".

Por último, el portavoz de MéS per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha adelantado su voto en contra a las conclusiones conjuntas de PP y Vox, y ha reiterado que la finalización de la comisión ha sido "precipitada" y "priva de poder llegar a conclusiones más consistentes". 

Conclusiones definitivas

En cuanto a las conclusiones definitivas que recoge el documento, se evidencia la existencia de una presunta trama de corrupción que está siendo investigada y su vinculación con el expediente de contratación, y que el procedimiento usado para concretar la operación que culminó con la compra de las mascarillas se hizo al margen de los expresamente marcado por el Ministerio. 

Igualmente, alude a que existía conocimiento, antes de recepcionar la mercancía, de que las mascarillas chinas KN95 sin marcado comunitario que Soluciones de Gestión pretendía suministrar no eran aptas para ser distribuidas entre el personal sanitario, lo que hacía inviable su adquisición. 

Indican también que Palomino, Mascaró, Negueruela, Patricia Gómez y Francina Armengol afirmaron que las mascarillas eran KN95 y estaban destinadas a stock de seguridad, algo que "no se sustenta en ninguna evidencia". 

El documento recoge, además, que tras las comparecencias en comisión siguen sin saber qué mascarillas se compraron ni qué mascarillas se recibieron, y por qué se pagaron íntegramente a pesar de la dudosa operación "formalizada en tiempo récord"; que las mascarillas "no cumplen" ni sirven como FFP2 ni posiblemente como KN95, y que se emitió por parte de Mascaró un certificado de correcta ejecución el 12 de agosto de 2020, aun sabiendo desde el 8 de junio de 2020 que las mascarillas no cumplían con la calidad exigida. 

El certificado de correcta ejecución, añaden, permitió que la empresa siguiera contratando con otras administraciones y supone un obstáculo para el éxito de la reclamación y la restitución de los fondos a las arcas públicas de Baleares, "y representa una evidente contradicción por parte del señor Mascaró respecto a su informe de propuesta de reclamación parcial". 

También se concluye que las mascarillas se pagan con fondos europeos "ocultando" el informe del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP); que el Govern de Armengol ocultó hasta en dos ocasiones de forma intencionada este informe, y que el certificado se ocultó de forma intencionada a Intervención, Dirección General de Fondos Europeos, Oficina Anticorrupción y a la UCO. 

El documento recoge, además, que la UCO se personó en el IbSalut y que Palomino no proporcionó toda la documentación que obraba en su poder relativa al expediente objeto de investigación. 

Asimismo, concluyen que el entonces director del IbSalut, Juli Fuster, y el exdirector de compras, Manuel Palomino, asumen que no informaron a ningún miembro del Govern ni a sus sucesores de la circunstancia de que el expediente de compra estaba siendo investigado por la UCO ni que dicha unidad había accedido en busca de la documentación a la sede del IbSalut; que el anterior Govern nunca reclamó y que hay "serias dudas" sobre si lo hubiera hecho en caso de ganar las elecciones autonómicas, y que se oculta información esencial que tiene que ver con el expediente en el traspaso de poderes. 

También señalan que la reclamación para recuperar lo pagado por las mascarillas la empieza el Govern actual, pero la resolución parcial se muestra como una herramienta insuficiente al no permitir recuperar la cantidad total, y que el desistimiento parece la opción más razonable; que no hubo ninguna presión o directriz del actual Govern respecto a este expediente, y que en la pasada legislatura no se articuló en más de tres años ninguna reclamación a la empresa investigada. 

Y por último, el escrito recoge se trasladará todo el expediente al Consell Consultiu para que emita su informe.