El fiscal de la CPI denuncia ataques contra la tribu de los masalit "por su etnia" en Sudán
- Esta tribu ya había sufrido una campaña de genocidio entre los años 2003 y 2006
- Khan pide a la comunidad internacional que no deje que esta guerra se vuelva una "atrocidad olvidada"
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha advertido de "la naturaleza étnica" en los ataques a la tribu de los masalit dentro del contexto del conflicto armado en Sudán, especialmente en la región de Darfur y ha denunciado casos de violencia sexual. "Los civiles están siendo atacados y asesinados por el color de su piel, por su etnia, por quienes son”, ha dicho Khan, que ha recordado las palabras de la relatora de la ONU para la prevención del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, que señaló “claramente” que se están dando las condiciones para un genocidio en Darfur.
Khan ha lanzado una campaña para pedir material probatorio de los posibles crímenes contra la población civil, con especial atención a los desplazados. Estas pruebas se sumarían a las denuncias "creíbles y repetidas" que ha recibido su oficina y que evidencian “un ataque organizado, sistemático y profundo contra la dignidad humana”.
"Estamos en el precipicio de algo aún peor", ha lamentado al comentar lo que define como "una crisis, según cualquier estándar, que parece estar acelerándose, profundizándose y el sufrimiento que está causando se está ampliando".
Ataques contra civiles
No es la primera vez que la tribu de los masalit, un clan africano oriundo del oeste sudanés, se enfrenta a una situación calificada como una campaña de genocidio. A principios de siglo fueron víctimas de los ataques de las milicias árabes denominadas Yanyauid, que más tarde derivarían en las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Hoy en día combaten contra el Ejército sudanés, impulsando la guerra civil en el país, que se ha saldado con al menos 30.000 muertos, según el Sindicato de Médicos de Sudán, y ha dejado casi 10 millones de desplazados, según la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM).
La iniciativa de recolección de pruebas responde al esfuerzo de la CPI para que las matanzas en Sudán y Darfur no se conviertan en una nueva “atrocidad olvidada del mundo”, en palabras de Khan, que ha protestado además contra el “uso generalizado y prevalente de violación y otras formas de violencia sexual”, así como “el bombardeo de áreas civiles, el saqueo de propiedades y ataques contra hospitales” como parte de la guerra entre el Ejército de Sudán y el FAR en Darfur.
“Estoy extremadamente preocupado por las denuncias de crímenes internacionales generalizados que se están cometiendo en Al Fashir y sus alrededores mientras hablo”, ha agregado. Se ha referido así a la capital del estado de Darfur del Norte, que es ahora el último bastión del Ejército en la región y donde se acoge a 1,5 millones de personas. De estas, 800.000 son desplazadas por la guerra y por la limpieza étnica de hace unos 20 años que se cobró más de 300.000 vidas entre 2003 y 2006.
El actual conflicto militar comenzó en el 2023, con los primeros choques entre las FAR y el Ejército sudanés. Mohamed Hamdan Daglo, líder de las FAR, se sublevó tras no alcanzar un acuerdo con Abdel al Burhan, jefe de las fuerzas armadas sudanesas, sobre la posible integración de los paramilitares en el Ejército. Ambos habían participado en el golpe que derrocó al expresidente sudanés Omar al Bashir en el 2019. El general Al-Burhan había supervisadp un gobierno civil hasta el 2021, cuando disolvió el Consejo Soberano de Sudán y se autoproclamó jefe de Estado.
“Es indignante que estemos permitiendo que la historia se repita una vez más en Darfur. No podemos y no debemos permitir que Darfur se convierta nuevamente en la atrocidad olvidada del mundo”, ha subrayado el fiscal. "Es un momento decisivo en los principales conflictos que enfrentamos a nivel global", ha declarado. Además, ha puesto de relieve la promesa de la comunidad de que "todos los crímenes internacionales merecen rendición de cuentas, que todas las personas son iguales, que todas las comunidades merecen la protección de la ley, y que todas las vidas tienen el mismo valor".