El genocidio maya en Guatemala, 40 años después: "Es de vital importancia contarlo y dignificar la memoria"

• Durante el conflicto armado en Guatemala murieron más de 200.000 personas y miles fueron víctimas de tortura y violencia
• La ODHAG, uno de los organismos clave para la investigación del genocidio, recibe a RNE en Ciudad de Guatemala

Cinco Continentes - Genocidio guatemalteco, 40 años después: "Fueron los soldados"

El conflicto armado en Guatemala duró 36 años, de 1960 a 1996, arrasó al menos 400 aldeas, murieron más de 200.000 personas y miles fueron víctimas de tortura y violencias. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, respaldada por la ONU, denuncia que entre 1981 y 1983 el Estado de Guatemala cometió actos de genocidio contra cinco comunidades maya, entre ellas el pueblo Ixil.

Después de 40 años silenciada, esta comunidad está siendo escuchada por la Justicia de su país: 256 personas están testificando, de las cuales 174 son mujeres supervivientes de violencias sexuales. Entre los respaldos para los supervivientes está la ODHAG, que continúa con la labor de "esclarecimiento de la verdad" que comenzó Monseñor Gerardi antes de ser asesinado.

La historia del genocidio del pueblo Ixil

La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) acompaña en el proceso a muchos de los testigos y peritajes. Ubicada en el Sector 1 de Ciudad de Guatemala, se accede por una puerta metálica negra, la misma que atravesó Monseñor Gerardi antes de ser asesinado dos días después de su lectura del informe Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) en 1998. Quienes trabajan en la ODHAG se encargan de que no falten las flores frescas justo en el lugar en el que se encontró el cuerpo de Gerardi. Con un mural de colores que cuenta la historia del genocidio del pueblo Ixil, aprovechan los sábados para hacer visitas guiadas. Quien abre la puerta es Raúl Nájera, uno de los investigadores para el caso: "Desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 1996, hasta 2009, era impensable que estos casos fuesen llevados al Sistema Judicial. Y estamos hablando de que tras la firma había sucedido un magnicidio, el asesinato de Gerardi", dice Nájera acercándose al micrófono de RNE para que no se cuele demasiado la música de fondo: "Son muy valientes yendo a testificar".

Elena, una de las supervivientes, ha recorrido 200 kilómetros desde Nebaj, su municipio, hasta Ciudad de Guatemala para contar su historia en los Juzgados de Mayor Riesgo, creados en 2009 para garantizar la seguridad de los jueces y las partes vulnerables implicadas en casos de alto impacto. Han pasado 40 años, ella era una niña cuando las Fuerzas Armadas de Guatemala destruyeron su comunidad y ejercieron todo tipo de violencia sobre ella y su familia: "Después de matar a la gente, comenzaron a quemar todas las casas".

La comunidad Ixil está ubicada en el sur de México en el estado de Campeche y en Quintana Roo y también en el norte del país, en el departamento de Quiché. Es uno de esos pueblos resistencia que llevan años peleando por mantener su identidad frente a quienes tratan de borrarla del mapa. La lucha está en los tejidos, en las tierras, en las historias, en las miradas y, ahora, en los tribunales, pero es un camino largo. En 2013 la comunidad consiguió que el general Efraín Ríos Montt, dictador militar entre 1982 y 1983, fuera juzgado por el asesinato de 1.171 indígenas ixiles, sentenciado por genocidio y condenado a 80 años de prisión. Poco después, la Corte de Constitucionalidad anuló la condena. Y finalmente, a los 91 años, mientras estaba siendo enjuiciado de nuevo, Ríos falleció en libertad.

Los supervivientes ven cómo los responsables no son juzgados

Han pasado 40 años y los supervivientes ven cómo los responsables del genocidio van muriendo por la edad y sin ser juzgados. El proceso que está ahora en marcha comenzó en abril de este año y quien responde ante la justicia es el general retirado Benedicto Lucas García, de 91 años. Sentado en una sala de paredes verdes y con una bata blanca, García asiste a los juicios por videoconferencia desde un hospital militar donde cumple una condena de 58 años por crímenes de lesa humanidad. Ahora, acusado de genocidio, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada, se arriesga a más de 100 años de cárcel.

Mientras, muchos de los testigos viajan cientos de kilómetros para asistir a las audiencias. "Fueron los soldados", responde Elena cuando el fiscal le pregunta quién destruyó su comunidad. Por los silencios, las amenazas, los tiempos y la burocracia, contarlo no ha sido fácil. Que llegue, tampoco. Herbert Reyes, fotoperiodista de los casos por genocidio para la ODHAG, asegura a RNE que "es de vital importancia contarlo, dignificar la memoria, darle un valor al caminar de las personas que vienen como parte presencial. Difundir lo que sucede en este juicio ayuda y aporta a la Justicia Transicional, la que repara". También las voces ixiles supervivientes del genocidio testifican, esta vez, ante una Justica más sensibilizada que, se espera, dicte sentencia en septiembre de 2024.