El 'INconFORME', la propuesta de la sociedad civil a la estrategia del Gobierno para cumplir con la Agenda 2030

• La alianza Futuro en Común, formada por más de 50 organizaciones y plataformas, han presentado al Gobierno una hoja de ruta
• En su informe identifican siete grandes ejes de transformación con políticas "palanca" para alcanzar las metas

Varios alumnos de primaria dibujan el planeta Tierra en la clase de arte. skynesher/Getty

Antes de que el Gobierno aprobara este martes en Consejo de Ministros el informe sobre el cumplimiento por parte de España de la Estrategia para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, la alianza Futuro en Común, formada por más de 50 organizaciones y plataformas de la sociedad civil de sectores como medioambiente, feminismo, infancia, migraciones, paz, acción sindical, cooperación y justicia, había propuesto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, su propia hoja de ruta con medidas sobre energía, agua, agricultura, transporte y lucha contra la contaminación.

Con un texto bautizado como el INconFORME, la alianza ya presentó a Bustinduy su propia propuesta en una reunión celebrada el pasado 13 de marzo. Estos son los siete grandes ejes de transformación y las políticas "palanca" que plantean en su hoja de ruta:

Reunión de representantes de la alianza Futuro en Común con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. futuroencomun.net

"Una economía al servicio de las personas y el planeta" 

Dentro de este eje de actuación, la alianza señala tres metas a alcanzar para 2030, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, al menos, un 55% respecto a 1990, revertir la curva de pérdida de la biodiversidad respecto a 2010 y que el Índice Planeta Vivo muestre un cambio claro de tendencia y duplicar el número de empleos verdes respecto a 2022 alcanzando los 3,2 millones.

En este apartado, el más extenso, proponen medidas como evitar el apoyo con fondos públicos a las actividades económicas no alineadas con la Agenda 2030, con el acuerdo de París, con los derechos humanos o que realicen prácticas de evasión fiscal, la promoción de planes de ayuda a trabajadores de sectores en transformación, incluyendo rentas básicas, establecer objetivos como la descarbonización en 2040 no superar el límite de calentamiento de 1,5 ºC, no invertir más dinero en gas y en 2030 dejar de quemar gas para producir electricidad.

También plantean sentar las bases de un cambio en el mercado laboral apostando por el reconocimiento, valorización y el reparto de trabajos esenciales, así como el impulso a los empleos ligados a la transición ecológica y al sistema de cuidados. Apuestan por asegurar que las rentas medias y bajas recuperan el poder adquisitivo perdido por la inflación de los últimos años y por implementar el Pacto de Rentas elevando su ambición, así como consolidar la subida del salario mínimo interprofesional para que, tal y como indica la Carta Social Europea, nunca sea menor del 60% de la media salarial. 

Para recuperar la naturaleza y conservar la biodiversidad, en su hoja de ruta piden que se cumpla el Marco de Biodiversidad Kunming-Montreal y la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030; publicar en 2024 un listado exhaustivo con todos los incentivos que perjudican a la biodiversidad; y aprobar una estrategia estatal para la reducción de los factores de mortandad de las especies silvestres. También proponen realizar un análisis exhaustivo para identificar zonas de interés para cumplir con el objetivo de proteger el 30% del territorio terrestre y marino para 2030.

"Desigualdad y pobreza son cosas del pasado"

Dentro de este eje, el INconFORME identifica dos metas: que en 2027 el índice de Palma haya disminuido a menos de 1 (el Índice de Palma mide la relación entre los ingresos del 10% más rico y el 40% más pobre de la población) y que para ese mismo año la tasa de personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) se haya reducido al 18,2% de la población general, al 15% de la infantil y al 25% de las familias monomarentales.

En este apartado, plantean una reforma fiscal justa elevando el nivel de recaudación, y hacerlo de manera socialmente justa y desincentivando fiscalmente el daño ambiental. Otra medida, reformar el sistema de garantía de ingresos consolidando un sistema más inclusivo que asegure la garantía de ingresos como un derecho subjetivo, tal y como se recoge en la Carta Social Europea.

"Derechos sociales garantizados"

En este eje, la alianza de organizaciones de la sociedad civil identifica seis metas a alcanzar: para 2027 haber logrado la inversión pública en educación en al menos, el 7% del PIB, haber alcanzado la universalidad en el sostenimiento público de la educación de 0 a 3 años, haber incrementado la inversión pública en atención primaria hasta el 25% del total del gasto sanitario y haber blindado en la Constitución las pensiones públicas y su poder adquisitivo. Para 2030, proponen alcanzar una ratio de 113 gerocultores por cada 100 residentes mayores, reducir la tasa de abandono escolar temprano para ese mismo año por debajo del 9%, en la población de origen migrante al 16%, en la población gitana al 30% y en la de renta baja al 14%; aumentar el parque de vivienda social hasta representar el 5% del total.

En este apartado plantean como objetivos desarrollar un sistema integral de cuidados, asegurar un sistema de salud pública universal y de calidad, conseguir una educación pública equitativa y asegurar una vivienda digna para todas las personas y blindar el sistema público de pensiones en la Constitución.

"Una sociedad libre de discriminación y violencia"

En este eje las metas son la reducción de los delitos de odio al 50% para 2027 en relación con las cifras de 2022, la regularización de la población migrante en situación administrativa irregular para 2025, la evaluación regular para 2027 de la implementación del Catálogo de Referencia de Políticas Públicas y Servicios acordados por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y las comunidades autónomas y la reducción en un 20% del número de mujeres que han sufrido violencia en los últimos 12 meses.

La alianza civil propone fomentar una educación transformadora para la igualdad y la justicia global, alcanzar la igualdad de trato y no discriminación creando una autoridad independiente para velar por su cumplimento, y piden la elaboración de un Plan Nacional contra el racismo, entre otras medidas. Apuntan que es necesario poner fin a las violencias machistas garantizando la asignación de recursos suficientes y mayores garantías en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la ley de libertad sexual, tanto desde el ámbito policial y sanitario como en el judicial.

"Una sociedad feminista"

La meta de este eje de actuaciones es que en 2030 haya mejorado 7 puntos el valor agregado del Índice de Igualdad de Género EIGE y 10 puntos los tres peores de sus seis componentes (el empleo a 85,4, usos del tiempo a 80,4 y educación a 80).

Para ello, el inconforme insta, entre otras medidas, a garantizar la efectividad del principio de igual retribución por trabajos, no sólo iguales, sino de igual valor, así como promover la corresponsabilidad en el cuidado y garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, según la normativa actual, para todas las mujeres con independencia del lugar donde residan.

"Una democracia sólida"

La alianza identifica tres objetivos para 2027: la calificación del espacio cívico como abierto por el Índice de Civicus (el índice mide el grado de libertad para ejercer los derechos de asociación, reunión y libertad de expresión), reducir a 75 la puntuación en el Índice de Secreto Financiero (que evalúa los sistemas financieros y jurídicos para identificar los mayores contribuidores del mundo al secreto financiero y destaca las leyes y políticas que pueden cambiar los gobiernos para reducir su contribución al secreto financiero), que el Índice del Estado de Derecho (WJP Rule of Law Index) alcance una puntuación de 0,80% (mide el límite al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal).

Para alcanzarlos, plantean la derogación de la ley mordaza, una gobernanza de la inteligencia artificial (IA) que garantice los derechos y libertades fundamentales prohibiendo determinados sistemas de IA cuyo uso no debería admitirse en estados democráticos por oponerse a los derechos y libertades fundamentales como la identificación biométrica remota en el espacio público, mejorar la transparencia y reducir la opacidad institucional y la corrupción. Además, reclaman otras medidas como la publicación de las agendas de altos cargos y diputados, la creación de un registro de grupos de interés y el establecimiento de un sistema independiente de control anticorrupción. Por último, plantean mecanismos institucionalizados y sistemáticos para la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y en el diseño de medidas.

"Un país activo en el cambio global"

Las metas son que en 2027 la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) suponga el 0,55% de la Renta Nacional Bruta (el 0,7% ya comprometido para 2030) y que el presupuesto militar sea inferior al 1% del PIB, que en 2030 el impacto en los bienes comunes globales de acuerdo con el Global Commons Stewardship Index haya mejorado en 20 puntos respecto a 2022 (el índice es una combinación de varios indicadores de sostenibilidad para medir la presión de los países en los bienes comunes planetarios, tanto dentro como fuera de sus fronteras, a través del comercio y el consumo), que la puntuación en el International Spillover Index haya mejorado en 10 puntos en 2030 respecto a 2022 (evalúa los efectos en la capacidad de otros países para alcanzar los ODS en los impactos medioambientales y sociales incorporados al comercio, economía y finanzas, y seguridad). Por último, otra meta es que en 2030 la huella ecológica - que mide la demanda humana sobre la naturaleza- se haya reducido a la mitad.

El INconFORME propone una política de desarrollo sostenible global que promueva la paz y la regresión de la escalada bélica, un comercio exterior más justo y compromisos claros con las personas migrantes entre otras medidas, la aplicación de una política exterior feminista, el alineamiento de la política de comercio exterior con la Agenda 2030 y el cumplimiento de los derechos humanos.

Las próximas citas en el examen de la Agenda 2030 en España

El informe sobe el cumplimiento por parte de España de la Estrategia para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 que el Ejecutivo ha aprobado este martes se remitirá a las Naciones Unidas con el objetivo de que España se someta al Examen Nacional Voluntario para la Agenda 2030 para evaluar el cumplimiento por parte de España de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que suscribieron los 193 países que participan en el desarrollo de la Agenda 2030. 

Antes de que España se someta a ese examen, la alianza Futuro en Común va a comparecer el 25 de junio en el Congreso para presentar su Inconforme ante la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Examen Nacional Voluntario a España se realizará el 15 de julio ante el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, en su sede de Nueva York, y el ministro Pablo Bustinduy será el encargado de representar a España en esta evaluación que supondrá un hito internacional, según avanzaba el departamento en un comunicado la pasada semana.

La alianza Futuro en Común propone tres plazos a la hora de evaluar si se han alcanzado los objetivos: 2025 como ecuador de la legislatura, 2027 como final de la misma, y 2030 como año del cumplimiento de la agenda y otros compromisos.