La madre de Gabriel Cruz: "Los derechos de la asesina de mi hijo no pueden prevalecer por encima de los nuestros"

• Patricia Ramírez ha comparecido en el Senado para pedir un Pacto de Estado contra la "violencia grave"
• La productora del documental, ha asegurado la madre de Gabriel, le ha comunicado su voluntad de detenerlo

La madre de Gabriel Cruz ante el Senado pide un Pacto de Estado contra cualquier tipo de violencia

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, asesinado en febrero de 2018, ha comparecido ante la Comisión de Interior en el Senado este martes para pedir un Pacto de Estado contra "cualquier tipo de violencia grave". Esta solicitud viene tras saber que Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo, había intentado participar en un documental con el objetivo de contar su versión de los hechos y lucrarse con los beneficios del mismo.

Gracias a la mediación de la Guardia Civil, Patricia ha revelado que la dueña de la productora del documental se puso en contacto con ella y le manifestó su voluntad de detener la producción audiovisual.

"Enseñar a la población a consumir sucesos"

Durante su intervención, Ramírez ha expresado que este pacto tiene que amparar a cualquier víctima de "violencia grande": agresiones sexuales, pederastia, violaciones, etc. Para ella, este acuerdo se debe constatar en contra de la revictimización de la víctima en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea física, verbal o a través de los medios de comunicación.

Con respecto a este último punto, Patricia Ramírez ha pedido que se desarrollen prácticas y políticas sociales para enseñar a la población a consumir de forma responsable sucesos. "El consumo de la violencia no puede ser una violencia. No puede ser morbo y espectáculo", ha manifestado.

Ramírez ha demandado que se realice una reforma del Estatuto de la víctima. Entre los cambios, ha solicitado que a las víctimas objeto de "gusto mediático" se les proteja con justicia gratuita, que "los fiscales actúen de oficio y con diligencia" para disminuir "esa revictimización y esa victimización secundaria", y que "doten económicamente" al Estatuto. Ha reclamado también la presencia de más psicólogos en las oficinas de asistencia a las víctimas, puesto que, hoy en día, argumenta, "no se puede hacer un seguimiento continuo".

La madre de Gabriel pide que se tenga en cuenta los posibles escenarios "si los derechos de los presos no se controlan". Dentro de la cárcel, una persona presa condenada por delitos violentos "no puede jamás realizar un documental, una serie o un libro" para contar su versión, sentencia. Además, ha señalado que los centros penitenciarios deben vigilar las comunicaciones de los prisioneros para determinar si "resultan dañinas para las víctimas" y puntualiza que no está en contra de las comunicaciones entre presos y periodistas, sino que "se tienen que tener en cuenta las circunstancias y el tipo de preso".

Sus derechos como víctima no se han protegido

Patricia Ramírez, ante la situación vivida, ha anunciado que presentará una querella contra la presa y la productora, puesto que se ha intentado grabar un documental mediante el uso de comunicaciones conseguidas fuera de los cauces legales, como ha reconocido el centro penitenciario. La querella se pondrá en Ávila y están a la espera de que se le asigne un procurador de oficio.

También ha anunciado que este miércoles van a presentar ante la Guardia Civil una denuncia por una "serie de hechos penales de gravedad que han pasado en la prisión de Ávila". Ramírez no ha querido dar más datos, dado que, para ella, revelar más información podría hacer que la denuncia no prospere.

La madre de Gabriel ha decidido llevar a cabo estas diligencias, ya que ella siente que no se han protegido sus derechos como víctima. "Los derechos de la asesina de mi hijo no pueden prevalecer por encima de los nuestros", ha denunciado en el Senado.

Permiso para grabar un documental

Patricia hace un año se enteró por la prensa que en un foro de jueces, un magistrado había otorgado un permiso a la asesina de su hijo para poder hacer una producción con el fin de contar su versión. El juez justificó esta concesión con el argumento de que la presa con el dinero recibido del documental iba a pagar la responsabilidad civil a los padres de Gabriel.

Además, Ramírez supo que en el centro penitenciario había habido varias irregularidades en relación con Ana Julia Quezada. Entre ellas, la condenada recibe dinero en los vis a vis, tiene un móvil, ha podido otorgar poderes a personas de fuera sin estar resuelta la responsabilidad civil y realizaba llamadas y videollamadas a periodistas sin ningún tipo de permiso.

Ante esta información, la madre de Gabriel se puso en contacto con los diferentes organismos necesarios para suspender la producción de un documental sobre el caso de su hijo. Finalmente, escribió una carta a la secretaria de estado de seguridad del Ministerio del Interior para pedirles que retuviera la producción al medio, Netflix, y reclamó además que investigaran toda la información sobre las irregularidades que ella les había trasladado. Al no recibir respuesta, como última opción, ha acudido este martes al Senado para exponer su caso y solicitar el Pacto de Estado.