Los fiscales del Supremo desafían al fiscal general y le entregan el informe contrario a amnistiar la malversación

• Han abierto la puerta a apartarse de la causa si el fiscal general quiere perdonar la malversación
• Los fiscales adelantan que en caso de que no acepte sus argumentos, "deberá ordenarlo por escrito de manera motivada"

Los fiscales del Supremo desafían al fiscal general y le entregan el informe contrario a amnistiar la malversación

Los fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio del 'procés' han insistido en que no se puede amnistiar el delito de malversación a los condenados y fugados por ser "improcedente y contraria a las leyes", y han abierto la puerta a apartarse de la causa si el fiscal general quiere perdonar la malversación, según el escrito que los fiscales han enviado al Fiscal General del Estado.

Esta es la respuesta de los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno que ya tiene sobre la mesa el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz tras la petición de este de un "informe procesal" y "no genérico" como el presentado hace días, en el que ya recogían su postura contraria a la malversación.

Además, los fiscales adelantan que en caso de que García Ortiz no acepte sus argumentos, "deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada", y a continuación convocar una Junta de Fiscales de Sala en virtud del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público. 

En este sentido, avisan de que si ello sucede invocarán el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para elevar el asunto a la Junta de Fiscales para que se pronuncien sobre las dos posturas. Cabe recordar, no obstante, que el fiscal general tiene el poder de hacer valer su criterio tras escuchar al cónclave, tal y como fija el Estatuto. 

Con todo, los fiscales sostienen que si García Ortiz --tras la Junta de Fiscales-- impone que se debe aplicar la amnistía ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general.   

La última palabra la tendrá siempre el fiscal general y por eso los fiscales avanzan que si García Ortiz pretende amnistiar la malversación "será necesario dictar un decreto motivado que acuerde la avocación de la causa para ser despachada por el mismo o quien designe a tales efectos", como dicta el artículo 25 del Estatuto, es decir, que se apartarían de la causa. 

En el marco de su informe, los fiscales se oponen a que se levanten las órdenes nacionales de detención que tienen vigentes Puigdemont, Comín y Puig porque entienden que no es pertinente porque la malversación que se les atribuye no es amnistiable.  

Los fiscales del 'procés' se oponen a amnistiar la malversación que se le atribuye, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont al entender que es "improcedente" porque sí tuvo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la UE.

Ven "indudable" que "sustrajeron caudales públicos"

En el documento defienden que es "indudable" que Puigdemont, los exconsejeros procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y los exconsejeros condenados Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa "sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España". 

Los fiscales inciden en que "esos fondos no han sido restituidos" e informan al jefe del Ministerio Público de que se oponen a amnistiar la malversación atribuida a los encausados del 'procés'. "Su aplicación en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma", apuntan. 

Como ya adelantaron el pasado 30 de mayo a García Ortiz, los fiscales entienden que los encausados sí tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la UE y que, por ende, dichos actos quedarían fuera de la amnistía porque así lo fija la propia ley.   

En el escrito de este miércoles, sostienen que la malversación de caudales públicos de los encausados del 'procés' supuso "un indudable beneficio patrimonial" para ellos. Insisten en que estaban "decididos a toda costa a celebrar el referéndum ilegal" y "conocían perfectamente la magnitud de gastos y la necesidad de obtenerlos recurriendo con clamorosa infracción del deber de custodia a su sustracción del erario público de todos los españoles". 

Así, defienden que estos "funcionarios públicos constituidos en autoridad se apropiaron de fondos públicos con ánimo de lucro propio, no de terceros". 

Además, los fiscales exponen que la malversación para "financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión". 

Para los firmantes, es "evidente que la ley de amnistía afecta directamente a los intereses de la UE por cuanto la finalidad de todo el 'procés' fue la desintegración de España y la declaración de independencia de Cataluña". 

Ven amnistiable la desobediencia

Aunque no ven posible amnistiar la malversación del 'procés', los fiscales sí ven viable aplicar la norma a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos que se circunscriben al proceso independentista catalán. Así las cosas, ven completamente amnistiables la desobediencia atribuida a la exconsejera Clara Ponsatí y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, añadiendo que es la Sala de lo Penal del Supremo la competente para aplicarles la ley. 

De Ponsatí, que no fue juzgada porque se marchó de España tras el 1-O, señalan que la aplicación de la amnistía conllevaría la extinción de su presunta responsabilidad criminal. 

Sobre Rovira, que se encuentra en Suiza, los fiscales entienden que deben alzarse todas las medidas cautelares y órdenes de detención en su contra. Sostienen que dichas cautelares deberán alzarse "incluso aunque el procedimiento fuera suspendido por el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC)".