El fiscal general del Estado ordena a los fiscales del 'procés' la aplicación de la amnistía y estos responden que no la acatan

• Los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno la rechazan por escrito: "Es improcedente"
• García Ortiz ha ordenado que apliquen la amnistía para todos los delitos, incluido el de malversación

El fiscal general del Estado ordena a los fiscales del 'procés' la aplicación de la amnistía y estos responden que no la acatan

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio del 'procés' que pidan la aplicación de la ley de amnistía para todos los delitos, incluido el de malversación, a los líderes independentistas catalanes, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont. Los fiscales se han rebelado y han respondido que no acatarán la orden al considerarla "improcedente" y han invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para convocar una Junta de Fiscales de Sala este martes.

La orden del fiscal general se dirige en concreto a Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que esta semana remitieron un escrito a García Ortiz en el que advertían que no se puede amnistiar el delito de malversación a los condenados y fugados por ser "improcedente y contraria a las leyes", y abrían la puerta a apartarse de la causa si el fiscal general quiere perdonar la malversación.

"Procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", aboga el fiscal general en un decreto al que ha tenido acceso RTVE.

García Ortiz ha enviado una orden acompañada de un informe jurídico de 133 páginas, tal y como le reclamaron por escrito los fiscales, partidarios de no perdonar la malversación, en caso de que no estuviera de acuerdo con ellos. 

Cree que no afectó a los intereses de la UE

En la orden, el fiscal general señala que Zaragoza, Cadena, Madrigal y Moreno confunden en su informe el "ánimo de lucro" que exige el delito de malversación con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial" de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables. 

El perjuicio patrimonial para la Administración, señala García Ortiz, resultado del delito de malversación, no es equiparable al "enriquecimiento personal de carácter patrimonial".

El fiscal general cree además que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea.

Además, García Ortiz llama la atención sobre el hecho de que los fiscales del Supremo "han anticipado el planteamiento de una discrepancia" con la postura de la Fiscalía General (artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) "sin conocer previamente el contenido de la orden o instrucción ni los argumentos en que esta se fundamenta". 

Los fiscales ven los argumentos "manifiestamente insuficientes"

En un escrito, los fiscales afirman que los argumentos del fiscal general son "manifiestamente insuficientes" para "legitimar la viabilidad" y el "ajuste a la legalidad" de la orden instando a la "aplicación incondicional" de la ley. Lo argumentado por García Ortiz para la aplicación de la amnistía a la malversación "no desvirtúa en absoluto" la postura contraria de los cuatro, expresa en su nombre el fiscal Zaragoza.

Además, califican la orden del fiscal general de "improcedente" y "contraria a las leyes" al no ajustarse a los "criterios más elementales" de la lógica jurídica y de legalidad penal "exigibles en la interpretación y aplicación de las normas".

También los fiscales insisten a García Ortiz de que si tras la Junta impone que se debe aplicar la amnistía, ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general u otro fiscal que él designe. 

En su escrito han invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que conlleva la celebración de la Junta de Fiscales de Sala el próximo martes, tal como se informó este jueves. Los fiscales debían responder por escrito si acataban o no la orden del Fiscal General.

Discrepancia sobre el delito de malversación

Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo se mostraron en contra de amnistiar dicho delito al entender que los encausados sí tuvieron ánimo de lucro y que su actuación sí afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. 

En aquel informe, los cuatro fiscales avisaron a García Ortiz de que si no estaba de acuerdo con este criterio y consideraba que sí debe aplicarse la ley de amnistía a dichos encausados debería "ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada". 

Los cuatro firmantes adelantaron que si el fiscal general plasmaba por escrito que proponía aplicar la amnistía a la malversación del 'procés', invocarían el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para elevar el asunto a la Junta de Fiscales para que se pronuncien sobre las dos posturas. Cabe recordar, no obstante, que el fiscal general tiene el poder de hacer valer su criterio tras escuchar al cónclave, según el Estatuto. 

Con todo, los fiscales del 'procés' apuntaron que si García Ortiz --tras la Junta de Fiscales-- impone que se debe aplicar la amnistía ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general u otro fiscal que él designe. Aunque no ven posible amnistiar la malversación del 'procés', los cuatro fiscales sí ven viable aplicar la norma a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos que se circunscriben al proceso independentista catalán.

El PP ha pedido la dimisión inmediata de García Ortiz, porque, según ha asegurado su secretaria general, Cuca Gamarra, ha hecho que la independencia, la parcialidad, la neutralidad que tiene que estar fuera de toda duda, hoy no exista en España