El PSOE y el PNV registran una proposición para reformar la Ley del Suelo que retiró el Gobierno

• La reforma pretende evitar que los planes generales de ordenación urbana no queden paralizados por defectos menores
• El texto establece que las competencias de suelo en última instancia pertenecen a las comunidades autónomas

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene durante un pleno en el Congreso EFE/ Fernando Villar

El PSOE y el PNV han registrado de manera conjunta una proposición de ley en el Congreso para reformar la Ley del Suelo que el Gobierno retiró antes de las elecciones europeas por no contar con suficientes apoyos parlamentarios.

El texto es idéntico al proyecto que presentó el Gobierno salvo por algunas modificaciones técnicas y algunos apuntes para dejar claro que las competencias de suelo en última instancia son de las comunidades autónomas. Asimismo, la nueva redacción establece que estos instrumentos podrán ser "modificados o sustituidos" en los términos en los que dispongan las normativas de cada comunidad. 

Uno de los principales objetivos de la reforma es que los planes generales de ordenación urbana no queden paralizados por defectos menores que se pueden subsanar fácilmente.

El Ejecutivo se vio obligado a retirar el proyecto de ley el día en el que se iban a debatir tres enmiendas de totalidad al texto presentadas por Podemos, Junts y ERC, puesto que Sumar se opuso a la norma y el PP no garantizó su apoyo al texto. 

Con este panorama, y para no tener que empezar todo el procedimiento de anteproyecto y órganos consultivos que exigiría impulsar otra vez la norma desde el Consejo de Ministros, el PSOE ha optado por llegar a un acuerdo con el PNV para presentar una proposición de ley. 

Todo parece indicar que el texto seguirá sin gustar a Sumar y a Podemos, pues ambas formaciones criticaron el hecho de que se limitase el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación urbanística, cuestión que sigue presente en el texto. 

Vivienda quiere luchar contra los "chantajistas" urbanísticos

El Ministerio de Vivienda explicaba en el borrador del proyecto que se remitió este jueves al Congreso, que ese límite al efecto de las denuncias serviría para poner coto a los "chantajistas" que se aprovechan de la normativa vigente para presentar reclamaciones ante planificaciones urbanísticas que después acaban retirando tras llegar a un acuerdo económico. 

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El departamento encabezado por la ministra Isabel Rodríguez aseguraba que con la ley actual se han producido "claros abusos" en el ejercicio de estas reclamaciones, sobre todo en las grandes ciudades. De esta forma, el objetivo de la reforma es dar seguridad jurídica a la planificación urbanística y evitar que fallos formales subsanables puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 

Para ello, tanto el primer documento como la propuesta que ahora han acordado ambas formaciones reconocen la naturaleza técnico-jurídica de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y se recoge un listado de los defectos formales que sí pueden determinar la nulidad del instrumento.  

El texto especifica las formas de nulidad

En concreto, se podrá declarar la nulidad por vicios formales o de procedimiento de los instrumentos de ordenación cuando la aprobación definitiva la haga un órgano "manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio" o por el desconocimiento "total y absoluto" de los procedimientos legales. 

También se podrá declarar la nulidad cuando se omitan los trámites de evaluación ambiental, de información pública y participación y de participación de otros órganos u organismos públicos en relación con los informes preceptivos. A esto se añade la falta de memoria o del documento equivalente al que demande la legislación de ordenación territorial y urbanística o la insuficiencia notoria de la misma. 

La reforma plantea además que se pueda declarar la nulidad parcial de los instrumentos de ordenación cuando esta se pueda individualizar a un ámbito territorial u otras determinaciones concretas. A su vez, se limita que la nulidad de un instrumento implique la nulidad de todo el planeamiento de desarrollo, lo que se conoce como nulidad en cascada.

La reforma cuenta con el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias y también del sector inmobiliario, porque reduce trabas burocráticas y agiliza los planeamientos urbanísticos.

Asimismo, el texto pretende acelerar la construcción de vivienda asequible, con medidas como la eliminación del silencio negativo para la concesión de licencias y el encaje de fórmulas alternativas a la licencia, y acelerar los procedimientos asociados a la rehabilitación de edificios.