El Tribunal Constitucional admite el recurso del Gobierno y suspende la derogación de la ley de memoria en Aragón

• El Ejecutivo considera que la ley aragonesa podría vulnerar los derechos de las víctimas del franquismo
• La derogación había salido adelante con los votos de los socios del Gobierno (PP y Vox) y el apoyo del PAR

Memorial a las víctimas de la violencia franquista, instalado en el cementerio de Torrero de Zaragoza EFE/ Javier Belver

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la aplicación de la ley por la que se derogó la ley de memoria democrática de Aragón al admitir a trámite el recurso presentado contra la misma por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también ha anunciado recursos si finalmente se aprueban las normas en sentido similar tramitadas en Castilla y León y Comunidad Valenciana.

El pleno del Constitucional ha acordado estudiar el recurso del Ejecutivo central, que considera que la ley aragonesa podría vulnerar los derechos de las víctimas del franquismo, además de ser contraria a competencias estatales. Al haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida de forma automática y temporal esa ley que deroga la norma que estaba vigente en Aragón desde 2018.

La suspensión se activa desde la fecha de interposición del recurso (29 de mayo de 2024) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

La respuesta del Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón ha respondido a la decisión del TC resaltando su respeto a las decisiones judiciales "aunque no las comparta" y su convencimiento de que la ley de derogación "es plenamente constitucional", puesto que "se tramitó desde la más escrupulosa legalidad" y "las Cortes de Aragón tienen autonomía y derecho para derogar sus propias normas", defienden.

Además, desde el Gobierno de Aragón recuerdan que la ley de derogación cuenta con el aval de los informes favorables del Consejo Consultivo de Aragón y de los letrados de las Cortes aragonesas y advierten que aunque la suspensión es automática, "cabe petición de alzada contra dicha disposición suspensiva" y la van a solicitar "de manera inmediata".

La derogación salió adelante en las Cortes de Aragón con los votos de los socios del Gobierno (PP y Vox) y el apoyo del PAR con el objetivo de promover un reconocimiento "a todas las víctimas sin excepción". Posteriormente, el Ejecutivo regional ignoró el emplazamiento del Gobierno central a reunirse para encontrar una solución que evitase el recurso al TC.

Torres celebra la decisión

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional y confía en que declare inconstitucional la ley aragonesa.

Según Torres, la decisión del Gobierno de Aragón "dificulta a las asociaciones el acceso a las subvenciones, no da publicidad de las exhumaciones y no trabaja con la justicia, con la reparación y con la verdad", ha asegurado el ministro en Las Palmas de Gran Canaria tras un acto de su partido.

Torres ha asegurado que "son leyes obligadas por Vox" y ha lamentado que no se condene el franquismo, "porque la dictadura, el totalitarismo y el franquismo deben ser condenados por cualquier democracia". El ministro ha invitado al Ejecutivo de Aragón "a que reflexione, porque fue inusual que no quisiera sentarse" a hablar con el Gobierno antes de que este presentase su recurso ante el TC.

Aceptado otro recurso del PSOE en Andalucía

Además, el pleno del TC ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PSOE al decreto de la Junta de Andalucía por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración autonómica y el impulso de la actividad económica en Andalucía.

 Los senadores socialistas que presentaron el recurso sostienen que el decreto impugnado podría, entre otras cuestiones, infringir el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

En el caso de Castilla y León, la proposición de ley de Concordia registrada por los grupos parlamentarios del PP y Vox aún no ha sido debatida en el pleno de las Cortes, lo que ocurrirá previsiblemente en la primera reunión de septiembre, según han explicado fuente de Vox en los últimos días.