La Junta de Fiscales avala que la amnistía incluya el delito de malversación, que afecta a Puigdemont

• Los cuatro fiscales del Supremo que participaron en el juicio del procés abogaban por dejar fuera la malversación
• Una tesis de la que discrepa con la de fiscal general, Álvaro García Ortiz, quien niega que hubiese "ánimo de enriquecimiento"

El líder de Junts, Carles Puigdemont (AFP)

La Junta de Fiscales de Sala avala la orden dada por el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, de pedir al Tribunal Supremo que perdone al expresident catalán Carles Puigdemont y al resto de líderes independentistas implicados en el procés de todos sus delitos, incluido el de malversación, y retire las órdenes de detención nacionales. 

Esta será la postura definitiva que el Ministerio Público trasladará este miércoles al Supremo, que ahora deberá decidir si aplica o no la amnistía a los condenados y procesados.

El escrito con esa postura de la Fiscalía no lo firmarán los cuatro fiscales del alto tribunal que participaron en el juicio a los líderes independentistas, ya que se han apartado de la causa tras defender que no se perdone la malversación ni se levanten las órdenes de detención nacionales.

Serán la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de sala jefe de lo Penal en el alto tribunal, Joaquín Sánchez-Covis, los encargados de firmarlos, informan fuentes fiscales.

Más de cinco horas de reunión

Tras más de cinco horas de reunión, la Junta de Fiscales de Sala, el principal órgano asesor del fiscal general compuesto por 38 fiscales más García Ortiz, ha respaldado con 19 votos a favor y 17 en contra la tesis del fiscal general de perdonar todos los delitos, frente a la posición de los cuatro fiscales del Supremo, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Fidel Cadena. Ha habido una abstención. 

Estos cuatro fiscales abogaban por dejar fuera de una posible amnistía la malversación, pues entendían que la ley excluye los actos que "implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial" y además afectó a los intereses financieros de la UE.

Prevalece así la posición del fiscal general, que niega que esos intereses económicos comunitarios se viesen afectados, y que rechaza asimismo que hubiese "ánimo de enriquecimiento" personal en ese empleo de dinero público para el referéndum del 1-O, por lo que es partidario también de levantar las órdenes de detención nacionales. 

La malversación afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y también a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados por ello -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia y sobre los que pesan, además, las órdenes de detención nacional.