Puigdemont pide al Supremo que se aplique la ley de amnistía y levante la orden de detención contra él

• En su opinión, la ley de amnistía conduce de manera "inevitable" al borrado de la orden de busca y captura e ingreso en prisión
• La defensa también ha presentado un escrito ante el Tribunal de Cuentas solicitando que aplique la norma "sin más dilaciones"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante un acto de campaña de Junts para las elecciones europeas celebrado en Colliure (Francia) EFE/David Borrat

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que levante la orden de arresto que pesa contra él como "única solución" conforme a la ley de amnistía, que entró en vigor el pasado 11 de junio, y proceda a "declarar amnistiados" todos los hechos que se le atribuyen en el "procés".

La defensa de Puigdemont ha presentado un escrito ante el magistrado que le investiga desde 2017, Pablo Llarena, en el que defiende que la ley de amnistía conduce de manera "inevitable" al borrado de la orden de busca y captura nacional e ingreso en prisión que pesa contra él como procesado en rebeldía por malversación agravada y desobediencia. 

En el texto, el letrado Gonzalo Boye también sostiene que "debe primar el derecho a la libertad personal" y defiende que todos los hechos que se le atribuyen, incluida la malversación, "se encuentran inequívocamente comprendidos" en el paraguas de la amnistía, de modo que solicita el archivo de la causa.

Pide al Tribunal de Cuentas que aplique la norma "sin más dilaciones"

Este mismo martes, la defensa del expresidente presentó un escrito ante el Tribunal de Cuentas solicitando que aplique la norma "sin más dilaciones" y archive el procedimiento en el que debe determinar la presunta responsabilidad contable de más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat en el empleo de fondos públicos para el proceso independentista catalán de 2017.

Según Boye, el tribunal solo está "perdiendo el tiempo" por querer a elevar a la Justicia europea una consulta sobre la aplicación de la ley de amnistía a la causa por el presunto desvío de fondos para el 1-O y la acción exterior del 'procés'. 

En esta causa, el Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Entre los 35 nombres consta, además de Puigdemont, el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.