García Castellón propone juzgar al BBVA y a Francisco González por los presuntos encargos ilegales a Villarejo
- El juez de la Audiencia Nacional cree que "se cumplen los presupuestos" para que el banco sea sometido a juicio oral
- García Castellón propone juzgar al BBVA y a Francisco González por cohecho y revelación de secretos
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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar por cohecho y revelación de secretos a BBVA y al que fuera presidente de la entidad, Francisco González, por la contratación de empresas vinculadas al excomisario Villarejo entre 2004 y 2016.
En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 concluye la investigación que arrancó en 2018 y asevera que "la instrucción practicada hasta el momento en la presente pieza separada ha puesto de manifiesto que se cumplen los presupuestos para dictar auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado frente al BBVA a efectos de que sea sometida a juicio oral como persona jurídica penalmente responsable".
En su resolución, el juez también procesa al exjefe de Seguridad, Ángel Corrochano; al exCEO del banco, Ángel Cano, y al exdirector de Riesgos Antonio Béjar por presuntos delitos de cohecho en grado de continuidad delictiva. Además, les acusa de una pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
De igual forma, el magistrado propone sentar en el banquillo de los acusados al exjefe de Control Interno, Eduardo Arbizu; al actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; al responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; al exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal, José Manuel García, y al empleado de la entidad Óscar Santos. También procesa al socio de Villarejo, Rafael Redondo; al exinspector de Policía Antonio Bonilla, y al agente con carnet profesional 76.738. Por último, el magistrado acuerda el archivo para 11 investigados.
En su auto, el magistrado hace suya la "prolija exposición" realizada por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito por el que solicitó que concluyese la instrucción. El juez, en concreto, elogia el "impecable detalle en la narración de los acontecimientos respecto de los cuales se considera existente una carga indiciaria sólida como consecuencia de la actividad instructora practicada en el marco de las presentes diligencias previas".
La contratación con Villarejo
El fiscal Alejandro Cabaleiro asegura en su escrito que la contratación por el BBVA del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002, con el expreso consentimiento de Francisco González, permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del policía. Entre estos últimos se encontraban Villarejo y el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.
"El primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la Policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías", apunta. El fiscal afirma que esto permitía a Villarejo, "entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuviesen acceso".
El papel de Francisco González
La Fiscalía añade que el propio González, "dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo".
Por otro lado, y para justificar la petición contra BBVA, la Fiscalía sostiene que el sistema interno para la prevención de delitos "no puede calificarse de idóneo" porque "claramente deja al margen de cualquier normativa a la Presidencia Ejecutiva y a la Alta Dirección".