El juez de la 'trama rusa' pide al Supremo que investigue a Puigdemont por alta traición, con la amnistía ya en vigor

• El juez del caso Volhov ha abierto una causa separada sobre la supuesta injerencia rusa en el 'procés'
• También implica a Elsa Artadi, al diputado de Junts Francesc Dalmases y al abogado Gonzalo Boye, entre otros

El juez de la 'trama rusa' pide al Supremo que investigue a Puigdemont por alta traición

El juez del caso Volhov ha abierto una causa separada, con la ley de amnistía ya en vigor, sobre la supuesta injerencia rusa en el 'procés', en la que ahora se implica a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas por los delitos de alta traición y malversación.

Pocos días antes de la entrada en vigor de la ley de amnistía, la Audiencia de Barcelona, en una resolución del pasado 4 de junio, impidió al juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, seguir investigando las supuestas conexiones del independentismo en Rusia en busca de apoyos para el 'procés', en una causa que apuntaba al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de alta traición.

Semanas después, y con la amnistía ya en vigor, el magistrado ha abierto una nueva pieza separada, también relativa a las conexiones del independentismo con Rusia en apoyo del 'procés', en un auto, en el que implica, además de a Puigdemont y Mas, a la exalto cargo del Govern Elsa Artadi, al diputado de Junts Francesc Dalmases y al abogado Gonzalo Boye, entre otros. 

Le pide al Supremo que investigue a Puigdemont

Puigdemont y Dalmases, ambos diputados, son aforados y el juez no les puede imputar, por lo que Aguirre anuncia que cuando finalice la "parte esencial" de la instrucción de esta pieza separada elevará una exposición razonada para que sea el "órgano superior competente" quien les investigue.

Para soslayar la orden de la Audiencia de Barcelona de no seguir investigando la trama rusa -ante lo que el juez tenía como opciones archivar el caso, enviarlo a juicio o elevarlo al Supremo si apreciaba indicios de delito en Puigdemont-, el magistrado ha optado por abrir una nueva pieza separada a partir de la única pieza que le queda abierta de la macro investigación de Volhov, que trata del supuesto desvío de fondos a entidades afines de la antigua CDC.

Fue en el marco de esta causa cuando se interceptó una conversación en la que el exsecretario de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas hablaba de "10.000 soldados rusos" para apoyar a los independentistas catalanes y de que Rusia estaba también dispuesta a ayudar financieramente a una eventual Cataluña independiente.

Bolaños defiende que la ley de amnistía es "muy clara"

El ministro de Justicia, Féliz Bolaños, ha afirmado que la ley de amnistía es "muy clara" y, en particular, con los delitos que se investigan en el procedimiento de la denominada trama rusa del 'procès' es "clarísima", y está en línea con la Carta de Naciones Unidas.

Antes de reunirse en Zaragoza con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, Bolaños ha respondido así en rueda de prensa sobre la ampliación de la investigación de la trama rusa .

"Es un procedimiento judicial en curso, por tanto, como ministro de Justicia debo ser muy respetuoso", ha afirmado Bolaños, quien ha recordado que ya se pronunció la Audiencia Provincial de Barcelona, que anuló parcialmente la investigación, y ahora ha vuelto al juzgado de instrucción.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que el Gobierno "debe pronunciarse" ante "la gravedad de los hechos". Además, también ha mandado un aviso: "La amnistía ilegal e inconstitucional no da cobertura a lo que hoy está siendo investigado".

JxCat denuncia que es una "fantasía inventada"

Las reacciones desde Junts a dicha petición del juez del caso Volhov no se han hecho esperar, y su secretario general, Jordi Turull, ha denunciado que es una "fantasía inventada".

"Solo quieren venganza sin ningún tipo de escrúpulos ni vergüenza. Una causa inexistente, una fantasía inventada, pero cualquier cosa vale para perseguir a independentistas", ha afirmado Turull en un mensaje en la red social X, en el que expresa todo su apoyo a los "perseguidos".

En la misma línea se ha manifestado el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que ha denunciado la "febril imaginación" del juez Joaquín Aguirre para "fabricar" una nueva causa con el fin de sortear los efectos de la ley de amnistía mina la credibilidad del sistema judicial.

"Una vez leído el texto, no puedo dar crédito al retorcimiento argumental y a la febril imaginación que se utilizan para abrir esta nueva investigación. Parece que se fabrica una causa ex novo para evitar los efectos de la ley de amnistía, sin más base ni fundamento que la pura fabulación", ha denunciado el expresidente catalán en un comunicado, en el que añade que colaborará con la justicia.

De Rusia a China

Según el juez, los "hallazgos" obtenidos durante la investigación de las actividades de Terradellas han alcanzado un "gran volumen" que ha permitido constatar la participación de otras personas en una trama para obtener "ayuda financiera de China" y en la colaboración de ciudadanos rusos "cercanos al Gobierno".

El juez replica a la Audiencia, que le reprochó que había tenido "tiempo suficiente" para aclarar la supuesta injerencia rusa y que había sometido a la investigación a "seis meses de completa inactividad", afirmando que la defensa del jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay -investigado en la pieza inicial de la trama rusa-, le había recusado, por lo que mientras se resolvía esta cuestión no podía ordenar diligencias.

Aguirre remarca que la Audiencia rechazó su recusación cuando ya le había impedido seguir investigando la trama rusa, "lo cual abocaba a un sobreseimiento de la injerencia rusa ante la falta de instrucción suficiente".

No obstante, interpreta que, una vez la Audiencia ha denegado su recusación, "no hay inconveniente procesal" en seguir la instrucción de la cuestión rusa en otra pieza separada, siempre que esta última "tenga ligazón suficiente para desgajar de ella la injerencia rusa". "Y esta ligazón existe", apunta, en relación con el contenido hallado en el teléfono de Terradellas.

También se escuda en dos resoluciones del Parlamento Europeo, de febrero y abril pasados, en las que, basándose en noticias sobre el caso Volhov, se instaba a investigar "toda posible conexión de eurodiputados con Rusia, incluidas las vinculadas al secesionismo catalán".

Según el juez, "hay indicios más que suficientes"

"Por razones de equidad y justicia, así como por las de importancia histórica para la Unión Europea, este Magistrado se vio obligado a pensar una solución alternativa a las objeciones técnico-procesales" que planteó la Audiencia de Barcelona para anular las prórrogas de la investigación sobre la trama rusa, alega el juez.

Aguirre asegura que "se han hallado indicios más que suficientes que justifican sobradamente la apertura de esta pieza separada", ya que Puigdemont y su entorno "habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social".

Para imputar a Mas, el juez argumenta que mantuvo a Terradellas como secretario de relaciones internacionales de CDC y que la "intensa línea de trabajo" de este para lograr contactos "al más alto nivel posible en el gobierno ruso, no se puede comprender sin el conocimiento y anuencia de los respectivos líderes políticos", primero Mas y luego Puigdemont.

"No parece necesario pensar que Mas o Puigdemont tuvieran que autorizar cada acción de ámbito internacional de sus directivos, pues se trataba de personas de su máxima confianza, en puestos de primer nivel, con autonomía y capacidad para decidir cómo alcanzar los logros estratégicos" para conseguir apoyo internacional.

Tanto Mas como Puigdemont, indica Aguirre, "tenían el liderazgo y el control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos, disponían de la capacidad de suspender, interrumpir o modificar las actividades dirigidas a contactar con actores de influencia rusos, cuyos intereses eran contrarios al estado español al que representaban".

El orden constitucional "fue cuestionado"

En un escrito trufado de interpretaciones del contenido político, Aguirre asegura que Mas, para "no perder electorado" tras la recesión y el descontento social entre 2008 y 2012, optó por "la reivindicación identitaria catalana como medio para propulsar su permanencia en el poder, creando una conciencia excluyente de colectividad propia diferenciada de la del resto de España... siendo el enemigo de la colectividad catalana España". 

"Así, se extendió el relato del 'mandato democrático', originado en la supuesta voluntad popular expresada democráticamente cada cierto tiempo en urnas; del 'España nos roba' y la inconveniencia de seguir formando parte de España que históricamente ha limitado el avance de Cataluña como país y sociedad moderna", expone.

También se explaya afirmando que el orden constitucional y la integridad territorial de España "fueron cuestionados por actores políticos que se mantuvieron deliberadamente al margen de la ley, apoyados por figuras operativas rusas en los años posteriores a la agitación, alimentando un potencial de continuidad". 

En el caso de Cataluña, mantiene la teoría de que "el apoyo y la utilización de actores políticos, tal y como se ha demostrado a lo largo de la investigación, involucraron a personas del más alto nivel del Govern de la Generalitat, incluido su presidente, y ello habría facilitado y reforzado considerablemente el proceso de injerencia rusa". 

Según Aguirre, "para la política rusa, el procés era una herramienta perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. En el peor de los casos, si el proceso de secesión de Cataluña fracasaba, como ocurrió, la simple existencia del conflicto y la consecuente desestabilización de un país miembro de la OTAN ya representaban una victoria notable para los intereses de Rusia".

"Contrariamente, en el caso de que el proceso secesionista hubiera finalizado con éxito, y Cataluña hubiera obtenido la Independencia (y así el apoyo ruso), Rusia habría contado con 'una puerta trasera' para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Cataluña, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas", sostiene.