Mayorías reforzadas y un freno a las "puertas giratorias": las claves de la renovación del CGPJ

• El PP y el PSOE han publicado una lista de 20 nuevos vocales de perfil "independiente"
• El nuevo CGPJ presentará una propuesta de reforma de la elección de miembros

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, en el centro

Tras 2.000 días con el gobierno de los jueces caducado, el PP y el PSOE han alcanzado finalmente un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pacto, en el que ha mediado la Comisión Europea tras varios intentos fallidos en un bloqueo sin precedentes, no solo incluye un cambio de nombres en el órgano, sino también medidas encaminadas a garantizar la "independencia" de la Justicia, con una proposición de ley que busca reformar el sistema de elección.

¿Quién formará el nuevo CGPJ?

Se renuevan por completo los 20 vocales. El PP y el PSOE han presentado una lista conjunta con 20 nombres "de perfil profesional e independiente", según el acuerdo firmado por los dos partidos, y entre ellos "no hay ningún político, ni expolítico", según el negociador 'popular', Esteban González Pons. "No hay una tendencia más marcada que otra", ha defendido González Pons. Habrá diez vocales progresistas y diez conservadores, según fuentes del Gobierno.

De los 20 miembros, 16 provienen de la carrera judicial o fiscal, ha añadido González Pons. "Todos ellos cumplirán ya los criterios de independencia e idoneidad" que aparecen en la proposición de ley orgánica, según el acuerdo. Empezarán su mandato previsiblemente en julio, tal y como ha avanzado el negociador socialista, el ministro Félix Bolaños.

¿Qué cambiará en el nuevo Consejo?

Además de los nombres, se alteran también las mayorías. Las decisiones más importantes, ha señalado el negociador del PP, serán adoptadas por mayoría reforzada (de tres quintos), y no por mayoría simple, algo que también se dará en la designación de perfiles que cubran las vacantes en tribunales de justicia autonómicos o audiencias provinciales.

Otra de las novedades más relevantes es la creación de una "comisión de calificación" dentro del CGPJ que estará integrada por cinco vocales y que informará sobre todos los nombramientos que sean competencia del pleno, "con el fin de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas".

¿Cuándo comenzará a funcionar el CGPJ?

Los negociadores se han mostrado confiados en que el nuevo CGPJ esté ya operativo en julio "con plena legitimidad y con un mandato por delante para llevar a cabo su misión". El acuerdo reza que el PP y el PSOE presentarán los nuevos nombres y la aprobación de la ley "en la misma semana del mes de julio, idealmente el mismo día".

¿Cómo se elegirá en el futuro a los miembros del CGPJ?

Si bien la elección de los 20 vocales que entrarán a formar parte del CGPJ se ha dado con la ley actual en la mano (en vigor desde 1985 y reformada en 2001 y 2013), como exigía el PSOE, para el siguiente mandato debe haber un nuevo sistema de elección, tal y como pedía el PP. Para establecer este nuevo sistema, la reforma de la ley prevista en este acuerdo prevé que el CGPJ entrante, en el plazo de seis meses, "deberá realizar un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos" y presentar una "propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado, con el fin de que los titulares de la iniciativa legislativa la sometan a la consideración de las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación".

La Constitución no determina cómo deben ser elegidos los vocales, por lo que ha habido varias leyes que han impuesto sistemas distintos. Entre 1980 y 1985, se establecía que los jueces elegían a la mayoría de sus representantes, y desde 1985 son las Cortes Generales las que tienen más peso en la elección de los miembros, en la práctica, son el PP y el PSOE quienes tradicionalmente han llegado a un pacto de cuotas para repartirse los vocales. El actual CGPJ fue elegido en 2013, época de mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy, y refleja aquella mayoría conservadora.

La proposición de ley define que el nuevo sistema incluirá "la participación directa de jueces y magistrados que se determine". Y ahí es donde empiezan las discrepancias: para el PP esto significa que los jueces podrán elegir a sus representantes, mientras que el PSOE lo niega por completo.

¿Cómo se garantiza la "despolitización" de la Justicia?

González Pons ha reivindicado que se establecen "requisitos de despolitización del CGPJ" y se "eliminan las puertas giratorias", tanto para el paso de la judicatura a la política como viceversa, según ha añadido Bolaños. Concretamente, la proposición de ley introduce un "régimen de incompatibilidades". No podrán ser elegidos como vocales quienes, en los cinco años anteriores, "bien hayan sido titulares de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía, o bien hayan ocupado cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Senado o Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas".

También funciona del lado inverso: si un juez ha pasado por la política y quiere volver a ejercer como magistrado "deberá estar dos años sin dictar sentencias", según González Pons, "y después no podrá dictarlas con contenido político, sobre partidos o políticos".

Además, los candidatos tendrán que comparecer en las respectivas comisiones de nombramiento del Congreso y el Senado para que se "evalúen los méritos que acrediten su reconocido prestigio y su idoneidad" y los candidatos presentarán "una memoria de méritos y objetivos". "Dichas comparecencias se efectuarán en términos que garanticen la igualdad y tendrán lugar en audiencia pública", señala el texto.

¿Qué otros acuerdos han alcanzado PP y PSOE?

Más allá del CGPJ, el PP y el PSOE también han acordado cubrir la vacante pendiente del Tribunal Constitucional, que la ocupará, a propuesta del PP, José María Macías, actual vocal del CGPJ.

Pero el pacto habla sobre todo del Fiscal General del Estado, que también se verá sujeto a un nuevo régimen de incompatibilidades. No podrá ser propuesto para este cargo quien, "en los cinco años anteriores", haya sido ministro, secretario de Estado, consejero, alcalde o parlamentario. El PP pretende evitar así "nuevos casos 'Dolores Delgado'".

Además, el Fiscal General del Estado "deberá abstenerse de intervenir" en determinados pleitos y causas establecidas en la ley que se presenta.