El Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid

• Igualdad señala que son leyes "claramente regresivas y vulneran los derechos reconocidos en la ley estatal"
• La Administración madrileña cree que al ejecutivo le importa más la propaganda que cuidar a los niños y a sus familias

Ana Redondo, ministra de Igualdad, en el Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha acordado este martes interponer ante el Tribunal Constitucional dos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid, que quedarán en suspenso mientras el tribunal de garantías los resuelve.

Así lo han anunciado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en vísperas del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra este viernes 28 de junio. Para Redondo, las leyes autonómicas son "son claramente regresivas y vulneran los derechos que están reconocidos en la ley estatal".

Como respuesta, la Administración madrileña ha señalado que el Ejecutivo "no tenía ninguna intención de llegar a un acuerdo" y que a "Pedro Sánchez y a su ministra de Igualdad les importa más la propaganda que cuidar a los niños y a sus familias".

La ministra de Igualdad había matizado que no se impugnarán todas las previsiones de la normativa autonómica, sino aquellos aspectos que se consideran anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado.

En concreto, Redondo ha explicado que se impugnarán "las mal llamadas terapias de conversión", la "patologización de los menores trans", a los que se les exige informes médicos y psicológicos antes de iniciar su transición y "la exclusión de las organizaciones LGTBI como interesados en procedimientos penales o administrativos sancionadores".

Asimismo, ha indicado que se va a recurrir la contraposición discriminatoria que hace la ley de las personas trans frente a las mujeres y niñas cuando se les permite usar espacios o equipamientos "sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres". En este sentido, Ana Redondo ha remarcado que garantizar los derechos de las personas trans no pone en peligro los derechos de otras personas.

El Ejecutivo cree que invade "competencias estatales"

Además, el Gobierno también considera que la norma de la Comunidad de Madrid invade las "competencias exclusivas del Estado" en materia procesal y de procedimiento administrativo al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito.

La ministra de Igualdad ha destacado que la decisión de acudir al Constitucional se adopta tras haber explorado la vía de la negociación, a través de la Comisión Bilateral, entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid, pero ha afirmado que "no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid".

Según Redondo, estos recursos suponen la suspensión inmediata de la aplicación de las leyes de la Comunidad de Madrid, por lo que quedarán prohibidas las terapias de conversión, no se necesitaran informes para los menores ante de iniciar el tratamiento, y no podrán ser excluidas las organizaciones LGTBI como partes interesadas en procedimientos penales o administrativos.

Los recursos del Gobierno se suman al que ya presentó en abril el Defensor del Pueblo ante el Constitucional contra la ley trans impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al entender que exigir que los menores cuenten con el apoyo de profesionales de salud mental si quieren acceder a terapia hormonal para cambiar de sexo, o pedir un informe favorable del médico que les trata si padecen alguna enfermedad son requisitos "patologizantes y desproporcionados". 

La Comunidad cree que el Gobierno insulta a médicos y psicólogos

La Comunidad de Madrid ha defendido que el Gobierno "miente al decir que el acompañamiento de los profesionales es una terapia de conversión", algo que aseguran "ya está prohibido" en la Comunidad de Madrid. 

"Referirse en esos términos a la ayuda profesional en esa transición es un insulto a los médicos y a los psicólogos", señalan desde la Administración de Madrid, donde cree que es necesario facilitar ese acompañamiento a los menores, "en un proceso que es irreversible".

Una idea a la que también se sumarían las familias que han pasado por este proceso, las sociedades médicas, los profesionales de la pediatría, de la endocrinología y de la salud mental infantojuvenil, entre otros, según la Comunidad de Madrid, que "siempre trabajará para proteger a los menores y para que primen los criterios profesionales y la ciencia por encima de la ideología", han concluido.

Declaración institucional por el Día del Orgullo

Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado la declaración institucional del Día Nacional del Orgullo LGTBI con motivo del 28 de junio.

En la declaración, el Gobierno de España renueva su compromiso con el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, así como la apuesta por la erradicación de cualquier tipo de discriminación basada en la orientación e identidad de género, expresión de género o características sexuales.

El texto también destaca el apoyo y defensa del Gobierno al colectivo. Por otro lado, Redondo ha señalado que "el Orgullo LGTBI, es el orgullo de toda España y defendemos una España orgullosamente libre, en que ninguna persona vuelva a sentir miedo o sufra acoso o discriminación por su orientación o identidad sexual".

Asimismo, Redondo se ha mostrado muy crítica con el cartel de las fiestas del Orgullo del Ayuntamiento de Madrid, pues considera que “no representa el orgullo de país”, y ha pedido al Consistorio que "retire la campaña que banaliza una fiesta reivindicativa que lleva muchos años peleando por derechos".