La renovación del CGPJ, "un avance hacia la despolitización" aunque con límites, según los juristas

• Los expertos consultados creen que se podría haber hecho "mucho más" para reforzar la independencia judicial
• Piden que el nuevo sistema de elección no sea otro reparto de nombres entre PP y PSOE

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, en el centro EFE/ Borja Sánchez-trillo/POOL

En un extraño momento de consenso en esta era de la política española, tanto PP como PSOE, las principales asociaciones judiciales y muchos juristas respiraron aliviados el martes. Con un simbólico apretón de manos en Bruselas, los dos partidos acordaron renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde hace cinco años y medio, un bloqueo sin precedentes en democracia.

Constitucionalistas y juristas consultados por RTVE.es coinciden en resaltar que el acuerdo supone un "paso en la buena dirección", necesario para salir de la situación actual, que era "insostenible". Pero al mismo tiempo advierten de que el acuerdo alcanzado tiene limitaciones, medidas tímidas y no soluciona por el momento la cuestión del sistema de elección de los vocales del Consejo, que se decidirá en el futuro. 

Nombres "independientes" y medidas para despolitizar la judicatura

"Es un avance hacia la despolitización", asegura a RTVE.es el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, que, sin embargo, pone dos peros. El primero, "que se podría hacer mucho más", y el segundo, que todavía no está en el BOE, por lo que se desconoce qué alcance real tendrán las medidas acordadas.  

El acuerdo sellado en Bruselas tiene dos partes. La primera, y de aplicación más inmediata, ya que se lleva a cabo según la ley vigente, es el cambio de vocales, puesto que los 20 actuales tenían el mandato caducado. El PP y el PSOE presentaron 20 nombres acordados por ambos partidos, de los cuales se reparten entre diez conservadores y diez progresistas, según fuentes del Gobierno, aunque de acuerdo con el acuerdo firmado se trata de una lista conjunta con miembros "de perfil profesional e independiente" y entre ellos "no hay ningún político, ni expolítico", según el negociador 'popular', Esteban González Pons. 

La segunda parte es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de mejorar la independencia judicial y, en último término, modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Dentro de esta reforma de la ley hay medidas que se aplicarán a corto plazo si la ley sale adelante, como reforzar las mayorías para nombramientos clave, que pasarán de requerir una mayoría simple a una de tres quintos, así como establecer mayores exigencias en el paso de la judicatura a la política y viceversa, evitar en fin "las puertas giratorias", según González Pons, también con cargos tan sensibles como el del Fiscal General del Estado.

Pero dentro de esta segunda parte, la reforma del sistema de elección tendrá un plazo más largo. La ley establece que el nuevo CGPJ redactará un informe en el que examinará los sistemas europeos de elección de los órganos de gobierno judicial análogos al español y propondrá una reforma "acorde con los mejores estándares europeos", que después tendrá que ser trasladada al Gobierno a las Cortes Generales para su aprobación final, por lo que todo el proceso puede llevar años.

¿Un nuevo reparto de nombres entre PP y PSOE?

El cambio de nombres es, para los juristas, el mal menor. Aunque Ruiz Robledo valora que en el nuevo listado no haya "políticos o ninguna persona que pueda ser especialmente sectaria", considera que "mantiene la tónica tradicional de cuotas", es decir, "lo que han hecho es repartirse diez puestos para ti y diez puestos para mí". 

En la misma línea se expresa el profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València Andrés Boix Palop, que lo ve como "un acuerdo basado en la misma idea de siempre", que se diferencia muy poco al intercambio acordado hace diez años también por PP y PSOE. 

Entre los 20 nombres "hay personas muy buenas y buenos profesionales y hay otros muchos que lo que tienen es un recorrido de llevar marcado el logotipo de un partido político", señala.

Mejoras en una ley que podría haber sido más "radical" contra las puertas giratorias

Este reparto entre los dos grandes partidos "es lo que hay" con el sistema actual de elección y siempre que no se acuerde uno nuevo, señala el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo. Este celebra que se haya resuelto la "anomalía" y la "vergüenza" de tener bloqueado este órgano, algo que tacha de "vulneración de la Constitución flagrante" y apunta que "ahora hay cinco años" —el mandato que tiene el CGPJ— para diseñar un nuevo sistema.

Entre tanto, todos los juristas consultados ven positivas las medidas incluidas en la reforma de la ley, como las que van encaminadas a limitar el paso entre la política y la justicia, estableciendo que si un juez pasa a ser político deberá estar dos años sin dictar sentencia a su vuelta a la judicatura. 

Sin embargo, el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Carlos Vidal, echa en falta haber tomado medidas "más drásticas" en este sentido. También Ruiz Robledo pide soluciones más "radicales", como que los jueces que den el paso a la política "cuelguen la toga para siempre", algo que ya ocurre con los militares que entran en política.

Mientras, Boix Palop recuerda que las mayorías cualificadas, como las que se pretenden introducir ahora para nombramientos destacados, "no resuelven el problema", sino que obligará a mantener "el reparto de cuotas", como ya se hace por ejemplo con los nombramientos del Tribunal Constitucional. "La ley no va a cambiar sustancialmente la forma de vida del Consejo", resume.

¿Una independencia real del CGPJ?

El PP y el PSOE han sacado pecho con este acuerdo de que "por primera vez el CGPJ elegirá al presidente del Tribunal Supremo", que es el mismo que el del propio órgano de gobierno, y algo que debería ser así según la ley.

En la práctica, sin embargo, eran estos dos partidos los que se repartían este nombre —una de las más altas autoridades del Estado— según quién gobernara, lo que se hizo evidente con el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en 2018 para nombrar a Manuel Marchena en este puesto, algo que el propio magistrado rechazó, haciendo saltar por los aires el pacto.

Por ello, para Vidal la "prueba de fuego" de la recién reforzada independencia judicial de la que presumen los dos partidos es la próxima elección de la persona al frente del Consejo. 

El nuevo sistema de elección, negociación para el futuro

Pero la patata caliente en todo el acuerdo es el sistema de elección. El PP había exigido cambiarlo antes de permitir la renovación de los vocales, algo a lo que se negaba el PSOE. La solución es de compromiso: negociarlo más adelante a partir del informe que presente el nuevo Consejo. Según Ruiz Robledo, "un compromiso apócrifo o falso", o bien "pegar patada al balón para que vaya hacia adelante", señala Boix Palop.

El actual sistema, aunque se ha venido modificando, lo implantó el Gobierno socialista de Felipe González en 1985, y plantea que los 20 miembros —12 jueces o magistrados y ocho juristas— los elijan las Cortes Generales, aunque los nombres de los 12 miembros de procedencia judicial se eligen entre una lista de perfiles presentados por las asociaciones judiciales y miembros de la judicatura que reciban un número determinado de apoyos de sus compañeros. 

La postura tradicional del PSOE y la izquierda es que debe primar la elección por parte del Parlamento, mientras que el PP ha apostado porque sean los jueces los que elijan a sus representantes. En Europa, en aquellos países donde existe un organismo equivalente al CGPJ —no es así en todos— rige por lo general un sistema en el que los magistrados conforman la mayoría de los miembros de su gobierno, y el Consejo de Europa ha recomendado a España que "no menos de la mitad de los miembros de estos consejos deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles de la judicatura y respetando el pluralismo dentro del poder judicial".

Para Pérez Royo, se puede buscar un sistema alternativo, pero que mantenga la elección parlamentaria. Defiende que es lo que señala la Constitución en su artículo 122, en el que se lee que el CGPJ "es un órgano de gobierno y de naturaleza política", por lo que "tiene la legitimación democrática y la legitimación democrática nada más que la puede transmitir las Cortes Generales". 

Carlos Vidal apuesta, en su lugar, por volver al primer sistema por el que se rigió el Consejo desde su creación en 1980 hasta 1985, cuando eran los jueces los que elegían a los 12 miembros de la parte judicial. Aunque a diferencia de aquel sistema, "quitaría algo de fuerza a las asociaciones de jueces", que eran las que elegían, proporcionalmente, todos estos vocales. Lo que ocurrió entonces, recuerda Ruiz Robledo, es que la Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora y la mayoritaria, se impuso en los 12 nombres, lo que terminó dando como consecuencia una mayoría conservadora de todo el órgano y motivó la reforma de Felipe González para evitarlo. 

Vidal señala que "la mitad de la judicatura no está asociada a ninguna asociación", por lo que estos también deberían tener voz en este hipotético futuro sistema. Boix Palop apuesta por un sistema más parecido al de las universidades, que tienen autonomía y todo su personal elige a sus órganos de gobierno. Cree que debería votar todos aquellos que participen en la administración de justicia —"abogados, procuradores", no solo jueces— y que jueces de base, no asociados a ningún partido, pudieran llegar al CGPJ.

Para la parte que correspondería a las Cortes —los ocho juristas—, Ruiz Robledo es partidario de un sistema parecido al de las Mesas parlamentarias, donde tuvieran representación las minorías, en lo que coincide Pérez Royo: que el nuevo CGPJ refleje "una España mucho más compleja que la que representan exclusivamente el PP y el PSOE".