El Supremo rechaza amnistiar la malversación del 'procés' y mantiene la orden de detención de Puigdemont

• El juez instructor, Pablo Llarena, también ha rechazado perdonar la malversación a Puigdemont
• La Sala de lo Penal ha consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la desobediencia

El Supremo rechaza amnistiar la malversación del 'procés' y mantiene la orden de detención de Puigdemont

Los magistrados que juzgaron el 'procés' en el Tribunal Supremo han rechazado amnistiar la malversación al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1-O. El juez instructor, Pablo Llarena, también ha rechazado perdonar la malversación al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y mantiene su orden de detención.

Según consta en los dos autos -contra los que caben recurso- dictados este lunes, la Sala de lo Penal también ha dado un plazo de 10 días a las partes para que se pronuncien sobre si ven pertinente plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la amnistía al delito de desobediencia. 

La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión después de estudiar los informes de las acusaciones -Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox- y de las defensas sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía a los distintos hechos que se atribuyen a Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Así las cosas, se mantienen las condenas de inhabilitación para ellos. 

El juez Llarena, por su parte, se ha pronunciado tras analizar las alegaciones de las acusaciones y de los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Al igual que ha hecho con Puigdemont, ha acordado dejar sin efecto las órdenes nacionales de detención contra los dos exconsejeros. 

La magistrada Ana Ferrer suscribe un voto particular discrepante por excluir de la amnistía el delito de malversación y apoya plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. 

La Fiscalía había informado a favor de aplicar la ley a los condenados y procesados del 'procés' al entender que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la Unión Europea. Ni la Sala de lo Penal ni el juez Llarena han coincidido con el criterio del Ministerio Público.  

Considera que hubo un beneficio personal

La Sala de lo Penal ha concluido que los acusados obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial. "La única alternativa al alcance de los Sres. Junqueras, Romeva, Turull y la Sra. Bassa, si querían coadyuvar al proyecto independentista, era disponer de los fondos públicos de la Generalitat o pagar de su bolsillo. Y optaron por la primera de las opciones", han apuntado. 

Los magistrados han explicado que el ánimo de lucro siempre "se ha considerado perfectamente compatible con cualquier otra finalidad". Sobre este extremo, han incidido en que "el que se apodera de bienes ajenos -en este caso, patrimonio público- comete un delito, aunque el metálico obtenido se destine a regalos a terceros, a limosna o a cualquier otra causa altruista.

El castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por quedarse con las cosas de otros, sino por quitarle a otro las cosas". 

Para el Supremo, los condenados "hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio". "Destinaron aquel a sus propios objetivos personales, que no por ser políticos, dejan de tener esa vertiente también particular o sectaria. Fondos públicos puestos al servicio de sus fines que eran también particulares, aunque pudiesen estar compartidos por un número mayor o menor de personas", han apuntado. 

El alto tribunal ha insistido en que "la financiación de campañas electorales, de metas con significación política, de propaganda o la implementación de las propias ideas políticas, incluso aunque tenga una vertiente idealista, no deja de reportar también un beneficio personalísimo que adquiere carácter patrimonial cuando ha reportado un ahorro significativo". 

Un voto particular: excluir de la amnistía el delito de malversación

El juez Llarena, por su parte, ha considerado que los procesados obtuvieron los materiales, prestaciones y servicios que precisaban "para, desde su liderazgo, satisfacer su antojadizo interés, haciéndolo con cargo a todos los contribuyentes de Cataluña y eludiendo sufragar sus deseos o afanes con detrimento de su fortuna personal". 

Para el instructor, "se refleja así que la malversación operó en beneficio personal y para rendir en los encausados un provecho de carácter patrimonial", concurriendo, por tanto, la excepción que prevé la ley de amnistía respecto al delito de malversación.  

Una de las magistradas del tribunal que juzgó el 'procés', Ana Ferrer, ha suscrito un voto particular discrepante con excluir de la amnistía el delito de malversación, al tiempo que ha apoyado plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

"La única interpretación razonable de la ley que ahora aplicamos nos lleva a entender que ese beneficio orientado a procurar el proyecto independentista catalán, es precisamente el que la ley quiere amnistiar", ha dicho Ferrer. 

Puigdemont acusa al Supremo de ser "La Toga Nostra"

La respuesta del líder de Junt, Carles Puigdemont, no se ha hecho esperar, y a través de su cuenta de la red social X se ha expresado con escueto pero contundente: "La Toga Nostra".

Por su parte, la portavoz de ERC, Raquel Sans, ha dicho que el partido republicano ha recibido "sin ninguna sorpresa" la postura del Supremo sobre la amnistía, aunque ha augurado que esta norma "se tendrá que acabar aplicando" pese a las trabas que se le pongan desde la judicatura.

En rueda de prensa, Sans se ha pronunciado así después de conocer que el magistrado Pablo Llarena ha rechazado perdonar el delito de malversación que atribuye al expresident catalán Carles Puigdemont y a dos exconsellers, y ha acordado mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos. 

Sans, que ha conocido la noticia en la misma rueda de prensa, ha lamentado lo que considera "poco respeto" de parte de la judicatura hacia la democracia, la separación de poderes y las leyes.

Para ERC no es "ninguna novedad" que algunos jueces se dediquen a "hacer política y no a impartir justicia", ha dicho también en alusión a la conversación privada en la que el juez Joaquín Aguirre, que investiga la supuesta injerencia rusa en el procés en el caso Volhov.

Por su parte, Toni Comín ha criticado la decisión del Supremo, la cual ha considerado que es "matar la democracia" y un "golpe de Estado con toga". 

"El auto de Llarena de hoy contradice a todos, contradice a la Fiscalía y a la defensa", ha apuntado Comín en declaraciones a los medios en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, donde ha señalado que va "contra los principios del Estado de derecho" y que supone una "vulneración gravísima de la separación de poderes". 

El PSOE cree no afectará a la formación de Govern

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha considerado que la postura del Supremo de no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, al mantener el delito de malversación y la orden de arresto, no afectará a la formación de Govern en Cataluña, ya que "son procesos diferenciados".

"No puedo darle una valoración sobre lo que ha pasado, sobre futuribles y sobre cómo puede afectar (a las negociaciones para la formación de Govern en Cataluña). Entiendo que nada, porque son procesos diferenciados", ha declarado en una rueda de prensa en Ferraz nada más conocerse la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.  

Fuentes de Ferraz han pedido calma y prudencia para ver qué efectos políticos tiene esta postura del Supremo y, sobre todo, para ver qué decisiones toman ERC y el expresidente catalán Carles Puigdemont, de Junts.

Otras fuentes de la dirección socialista han subrayado que no se ha presentado por el momento ningún recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía pactada con Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, y señalan que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que es inconstitucional, "está tardando".

Por otro lado, sobre la situación en Cataluña, donde se ha activado ya el plazo de dos meses para intentar una investidura o repetir los comicios, la portavoz socialista ha señalado en la rueda de prensa que siguen negociando para lograr que el líder del PSC, Salvador Illa, sea el próximo presidente de la Generalitat.

"El PSOE lo ha dejado claro: el ciclo electoral ordinario y natural ha concluido. Parece difícil explicar a la ciudadanía catalana que tras unos reiterados apoyos a pasar página con el PSOE de Cataluña y que una persona plural como Illa gobierne la Generalitat eso no se haga realidad", ha declarado. 

Feijóo: "El Gobierno se dedica a contentar a sus socios"

Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Gobierno "solo se dedica a contentar a sus socios", además de reprocharle que "solo han tenido mayoría para aprobar una ley -en referencia a la ley de amnistía- y por lo que se ve ni siquiera saben hacerla".

Asimismo, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado que sabían que iba a haber "obstáculos" en la aplicación de la ley de amnistía, pero reclama que las instancias judiciales la apliquen en su "totalidad". 

En rueda de prensa en el 'Espacio Rastro' de Madrid, ha rechazado también que este pronunciamiento del alto tribunal sea un elemento de "desestabilización" y ha proclamando que existe un "bloque" de investidura, donde está inserto Junts, que tiene voluntad de "sacar adelante" la legislatura. 

"Nosotros sabíamos que la amnistía iba a encontrar obstáculos, lo sabíamos desde el primer momento. Lo que defendemos es que hay que respetar la voluntad del legislador, que es que la amnistía debe ser completa en los términos en los cuales se aprobó", ha enfatizado Urtasun. 

Vox celebra la decisión

El coordinador Nacional Jurídico de VOX y eurodiputado, Jorge Buxadé, ha celebrado la decisión del Supremo de no aplicar la ley de mantener la orden de detención a Puigdemont. A pesar de ello, Buxadé ha asegurado que la ley "no debe ser aplicada en ningún momento ni en ningún caso por ser radicalmente inconstitucional y contraria al Tratado de la Unión Europea, de acuerdo con la jurisprudencia del mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Buxadé ha reprobado una amnistía a quienes han cometido "los más graves delitos contra la unidad de la Nación y la integridad de la territorial de un estado. No vamos a parar hasta que los responsables sean juzgados y cumplan su condena", ha añadido.

El eurodiputado de la formación ultraderechista ha descartado la posibilidad de que su partido presente una cuestión al Tribunal Constitucional porque "es el tribunal del PSOE al servicio de los intereses de Sánchez". "Sería la peor de las opciones", ha concluido.