El Gobierno quiere poner en marcha el registro único de vivienda temporal en 2025: "El alquiler no puede burlar la ley"

• El mecanismo "no conllevará gastos" para las partes, aunque será responsabilidad del propietario incorporar los datos
• Señala al abuso de ese tipo de contrato como una de las causas, junto a los pisos turísticos, del alza de los precios del alquiler

El Gobierno quiere activar el registro de vivienda temporal en 2025

El Gobierno quiere poner en marcha el registro único de vivienda temporal antes del final de 2025. Así lo ha avanzado este jueves la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista en La hora de la 1. "Se prevé que tenga que estar listo a final del año 2027. Mi compromiso es traerlo al menos a la mitad de tiempo, es decir, antes de finalizar el próximo año", ha afirmado, y ha reiterado su intención de que se lleve a cabo "lo antes posible".

En TVE, Rodríguez ha desarrollado las intenciones de su departamento de regular el alquiler de corta duración, que anunció en la víspera, con el objetivo de evitar los fraudes. "El contrato de alquiler temporal es bueno y necesario, pero este no puede utilizarse para burlar la ley", ha aseverado, y ha señalado al abuso de la modalidad temporal como una de las causas del incremento de los precios del mercado del alquiler junto a los alojamientos turísticos, "muchos de ellos ilegales".

Según ha argumentado, "se está utilizando el alquiler temporal para esquivar" algunas de las garantías que se prevén en la legislación y que están asociadas a la duración del contrato. Por ello, en el futuro, los propietarios tendrán que justificar las causas temporales para acogerse a ese tipo de contrato.

"Vamos a proteger a aquellas personas que necesitan un alquiler temporal, que pueden ser estudiantes, profesores universitarios, maestros o puede ser cualquiera de nosotros que en un momento dado en nuestra vida tengamos que desplazarnos a otra ciudad para un tratamiento médico, oncológico, etcétera", ha ejemplificado.

El registro "no conllevará gastos"

En cuanto al registro, cuyo origen está en la legislación europea, la ministra ha asegurado que "no conllevará gastos" para las partes, aunque será responsabilidad del propietario incorporar los datos, lo que considera que aportará "transparencia" y "seguridad" para los consumidores. Se aplicará a todos los alojamientos de corta duración, es decir, los turísticos y los temporales, pero también las embarcaciones.

De este modo, el mecanismo les asignará una suerte de "matrícula única" que permitirá, además, a las administraciones públicas contar con "datos fiables" del mercado para perseguir el abuso y el fraude.

Además, ha indicado que las plataformas donde se ofertan estas viviendas "van a tener que colaborar" en la implementación de ese registro y matrícula, "como han colaborado también en la redacción del reglamento", según ha agregado.

"Empoderar a los vecinos" para que puedan autorizar o vetar los pisos turísticos

Ante el problema concreto de los pisos turísticos, que ha destacado como "muy acuciante en Málaga, Canarias y Baleares", ha abogado por "empoderar a los vecinos" a través de una modificación de la ley de propiedad horizontal, también anunciada este miércoles. "Vamos a clarificar la ley para que los vecinos tengan que autorizar o vetar la presencia de estas actividades económicas en sus fincas, porque son sus fincas, es su propiedad, es su vida", ha puntualizado.

Rodríguez ha reiterado la preocupación del Gobierno, porque "esto afecta al derecho de acceso a la vivienda común", y ha instado a los ayuntamientos y las comunidades a "hacer mucho más". "El Ayuntamiento de Málaga podría hacer mucho más de lo que está haciendo. Las comunidades autónomas pueden hacer mucho más, aunque hay otras que también están trabajando. Andalucía ha dado algunos pasos, también Cataluña y las islas Canarias", ha valorado.

Del mismo modo, ha pedido a Gobiernos autonómicos y entidades locales que acometan una "inversión histórica", como la que ha dicho que ha hecho el Gobierno, con la meta de alcanzar los estándares europeos de un 9% de parque público de vivienda.