El Gobierno advierte a la Iglesia que no aceptará la reparación a las víctimas de abusos sin la participación del Estado

• Bolaños avisa a la Conferencia Episcopal de que una fórmula "unilateral" puede generar "confusión y disfuncionalidades"
• Insiste en la necesidad de un modelo conjunto basado en las recomendaciones del Defensor del Pueblo

El ministgro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Eduardo Parra / Europa Press

El Gobierno ha advertido a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que "no aceptará ninguna fórmula unilateral" para la indemnización a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica que no cuente con la participación del Estado, ya que considera que puede generar "confusión y disfuncionalidades".

Así lo asegura el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una carta dirigida al presidente de la CEE, Luis Argüello, fechada el pasado viernes 5 de julio y a la que ha tenido acceso RTVE.

La misiva es una respuesta a otra enviada por Argüello en la que, según cita Bolaños, insta a una reunión entre las partes a partir del 10 de julio "solo después de que la Iglesia haya tomado decisiones por su cuenta". Está previsto que este martes 9 de julio la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal apruebe su plan de reparación, que los obispos pretender presentar al papa Francisco con la intención de que dé su visto bueno.

Recomendaciones del Defensor del Pueblo

En la carta, Félix Bolaños agradecer que "después de tantos años" la Iglesia "reconozca el daño producido y la necesidad de repararlo", pero insiste en la "necesidad" de concertar un modelo de reparación "entre el Estado y la Iglesia católica" que se ajuste a las recomendaciones realizadas por el informe del Defensor del Pueblo, "con el objetivo de facilitar a las víctimas un único sistema de reparación".

El Gobierno afirma que desconoce aún el contenido del plan de la CEE "y si contempla acordar este sistema mixto" que permita cumplir con las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Y recuerda que "un esquema unilateral de la Iglesia" sería "especialmente perjudicial" para las víctimas y sus familias, que requieren de un sistema que genere "un entorno seguro y confiable" para poder plantear sus casos y obtener una reparación adecuada.

"Desconfianza" por parte de las víctimas

"Es evidente que un sistema unilateral por parte de la Iglesia podría generar desconfianza en las víctimas, que pueden temer verse revictimizadas o incluso juzgadas al tener que plantear sus peticiones ante la misma organización por las que no se sintieron amparadas en su día", añade el documento, quien vuelve a advertir que el sistema no puede ponerse en marcha "al margen de los criterios fijados por el Defensor del Pueblo, que es la institución que ha estudiado las mejores fórmulas de escucha y reparación".

Por ese motivo, Bolaños reitera el ofrecimiento a "retomar de inmediato las conversaciones" para garantizar una reparación "justa y adecuada" y muestra su "convicción" de que la participación del Estado "no es solo la única manera de cumplir fielmente con las citadas recomendaciones, sino que, además, supone la manera más rápida, eficaz y asegura de abordar el problema social que nos ocupa".

El ministro avisa de que la puesta en marcha de una iniciativa unilateral de la Iglesia "puede generar confusión y disfuncionalidades que deberíamos evitar, de nuevo, en el interés de las víctimas", por lo que el Gobierno "no aceptará" esa fórmula.

"La propuesta de la CEE no ha contado con las víctimas, no es obligatoria para las diócesis y los obispos pueden actuar sin unidad de criterio, ya que las recomendaciones sobre compensaciones no serían vinculantes", han señalado fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. "El objetivo del Gobierno es que sea obligatorio y que la reparación sea adecuada y a cargo de la Iglesia", han añadido las fuentes.

Fuentes eclesiales consultadas por EFE han rehusado comentar cartas privadas entre representantes institucionales ya que, en su opinión, no deben hacerse públicas y quien publica este tipo de comunicaciones "comete una deslealtad personal e institucional".

Medidas para la reparación

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de abril el 'Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos', con el objetivo de saldar la deuda con las víctimas. 

Entre las medidas se incluye la organización de un acto público con las víctimas y sus familiares y la adopción de las medidas legales y administrativas para aquellos casos en los que no hayan tenido oportunidad de una reparación en el ámbito judicial. El Ejecutivo quiere articular, con participación de la Iglesia, un fondo estatal de compensación a las víctimas de abusos.

Sin embargo, los prelados españoles señalaron que solo participarían en casos de que el fondo se destinaran a todas las víctimas y no solo las de la Iglesia. Además, los obispos han preparado un plan de atención integral a las víctimas que, según han avanzado, también contempla indemnizaciones.